Recortes Públicos Donde no se Debe

No soy de los que creen que la austeridad en el gasto público sea un pecado. Este país ha realizado una transferencia enorme de recursos hacia otras economías y ahora el aparato productivo ya no produce un excedente suficiente para mantener el sector público que se creó. Lo que estamos viviendo es una simple acomodación entre lo que la economía privada es capaz de aportar y lo que el aparato del Estado puede gastar en función de eso. No vale como contraargumento decir que tenemos una economía sumergida grande porque incluso los países nórdicos tienen un porcentaje similar. Sí se puede esgrimir que los impuestos a las grandes empresas y a las no menores fortunas son bajos. Y en la discusión no vale decir que entonces se irán. Quien quiera estar en este país que se ajuste a las reglas del juego. Si se van, que se vayan, pero sepamos en qué equipo juega cada uno. Finalmente, sepamos con qué y con quiénes contamos. Sin embargo lo más doloroso no está siendo eso. Lo más lamentable es descubrir que se cierran plantas de hospitales públicos, comedores escolares o se rebaja las coberturas sanitarias mientras los gastos prescindibles se mantienen. En este país se podrían reducir en un 75% los ayuntamientos, se podrían eliminar la mitad de los canales de televisiones públicas, se podría reducir el número de diputados autonómicos, se podría eliminar la figura del asesor en nómina, se podría acabar con los defensores del pueblo autonómicos, con los consejos autonómicos de todo tipo, con el 90% de las empresas públicas. Se debería reducir drásticamente los escalones profesionales de la función pública y restringir los niveles jerárquicos, además de eliminar los puestos de libre designación por debajo del segundo o tercer nivel. Todo eso ahorraría miles de millones de euros, pero no se acomete aunque la economía del país se derrumbe. Luego habrá quien se queje de los escraches. Lo que me sorprende es que aún no haya habido alguno de esos padres que no pueden comprar comida para llevarles a sus hijos que le haya dado una paliza a un político. Lo más sintomático de cómo están las cosas es que mucha gente lo comprendería.

23 de Abril: Luto en León

La fiesta del 23 de abril es un día para el olvido en León. Las cosas han ido muy mal desde que esta provincia, junto con Zamora y Salamanca, fueron incorporadas a una autonomía ajena (fue una anexión, no se engañen). Eso a pesar de reconocerse hasta entonces como una región propia en la documentación oficial y libros de escuela. Por tanto no se puede negar lo evidente: la incorporación de León a la autonomía se hizo en contra del criterio histórico. Por otra parte, es conocido que las mayores manifestaciones que se han convocado en la capital son las que reclamaron la salida de León de la autonomía; las mayores porque la ciudad era más pequeña que hoy y el número de asistentes apenas se ha conseguido igualar en otra ocasión. En este sentido la voluntad popular está clara. Respecto a las decisiones que tomaron los ayuntamientos para afirmarse en la adhesión a la actual autonomía, se sabe por los que eran concejales entonces que en varias de estas instituciones se revocaron los acuerdos a favor de una autonomía sólo leonesa por orden de los jerarcas de los partidos. Sin esas revocaciones no se hubiese obtenido una mayoría a favor de la integración con los castellanos. En otras palabras, se hizo trampas. Se puede decir que la integración de León en la autonomía se consigue gracias a un pucherazo en los ayuntamientos. Debatía hace poco con un amigo sobre la tibieza de las autoridades leonesas en aquel momento, si se compara con lo sucedido en Cantabria o Logroño. Él me decía que no se echó el resto. Si contextualizamos lo que sucedió resulta que nadie en este país sabía lo que iban a ser las autonomías. Los más beligerantes lo eran porque suponía un avance hacia la independencia para ellos, no porque lo supiesen. Lo que Logroño y Cantabria no se encontraron, y nosotros sí, fue la oposición a la autonomía leonesa de un ministro de interior tardofranquista (estamos en los ochenta), y un jerifalte del PSOE que pactó con el ministro, además de la subordinación de los ciudadanas que se produce en una democracia recién nacida tras una dictadura. En resumen, a León le robaron la cartera y encima alguno lo celebra.

Cuando Caen los que Valen

La crisis está provocando la caída de numerosos proyectos y entidades. Contrariamente a lo que se suele decir, no siempre desaparecen los que menos valen. De hecho el tamiz de esta crisis es tremendamente injusto y hará declinar proyectos punteros para esta provincia. Para empezar citaremos el ADEMAR el equipo deportivo que ha puesto en el mapa a León. El Club de Balonmano, con un presupuesto moderado si se compara, se mantiene en las primeras plazas de la liga, es considerado un grande del deporte nacional y se cuenta con él en los torneos europeos cada año. León no dispone de ningún otro equipo con el nivel de relevancia mediática de éste y, sin embargo, existe el peligro de que se pierda o malbarate. La mala gestión de las administraciones públicas ha llevado a recortar, incluso con efectos retroactivos, el patronazgo, poniendo en peligro la continuidad del proyecto. Otro caso, en esta ocasión un evento deportivo, es el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ponferrada, una convocatoria capaz de dar a conocer esta provincia como muy pocas. El cambio en el Ayuntamiento de la ciudad, cuyo exalcalde se comprometió con la planificación técnica y financiera, podría poner en dificultades la celebración de esta cita excepcional. Sería catastrófico que la ambición política truncase el primer mundial ciclista leonés. La crisis de la minería podría llevarse por delante también a la Hullera Vasco-Leonesa, una empresa que, de haber contado con el marco financiero previsto antes de la llegada de este gobierno, sería viable, dando así continuidad a un proyecto nacido en 1893. La Vasco ha sido el alma de la sociedad, la cultura y el poblamiento de la cuenca del Bernesga durante el último siglo. Ahora el incumplimiento de compromisos por parte del Ministerio de Industria pone en peligro el futuro de la entidad. En resumen, esta crisis se puede llevar mucho: malo y bueno. Por esta razón los ciudadanos no debemos ser condescendientes con los políticos sin examinar el trasfondo de sus cuestionables decisiones. No todo vale y hay que discriminar entre lo admisible -porque no quede más remedio- y lo definitivamente inadmisible.

Ley de Instituciones Suyas

La Junta de Castilla y León, preocupada por la crisis –como suponemos que se encuentra-, acaba de aprobar en cortes el anteproyecto de Ley de Instituciones Propias. A la tramitación se le ha dado un trato de urgencia y pocas enmiendas han sido incorporadas al texto, como las pactadas con el PSOE relativas a las dietas, según informa la prensa. Esta ley intenta proteger aquellas instituciones que en toda España se juzgan como prescindibles, ya que reproducen el esquema del gobierno central sin necesidad. Se trata del Consejo de Cuentas, del Procurador del Común, del Consejo Consultivo y del Consejo Económico Social. Como es palmario, se trata de instituciones donde unos señores aconsejan, lo que equivale a opinar sin compromiso. Ninguna de sus recomendaciones son vinculantes y la mayoría de los ciudadanos no saben para qué sirven en la práctica. Lo que sí se conoce es que los cuatro foros podrían desaparecer mañana mismo sin que pasase nada negativo ni a corto ni a largo plazo. Son un coste sin retorno, un sumidero de recursos, un lujo sin justificación cuando cientos de miles de personas están en la pobreza o a punto de entrar en ella en la autonomía. También se sabe que son un colocadero de afines, lugares donde se reparten jubilaciones de oro, hogares de la “dolce vita” y la visa oro, donde se trufa la vida diaria con recepciones y canapés, con viajes y palmaditas, y con informes irrelevantes –por poco leídos, no por malos- redactados por cuatro para dar sentido al sueldo de cincuenta. Que la Junta de Castilla y León se preocupe de blindar estos islotes hace que la Ley de Instituciones Propias lo sea más que ninguna otra: son instituciones suyas y sólo suyas, aunque el dinero sea de todos. Así que hablemos de la Ley de Instituciones Suyas, para que no haya equívocos. Y llegados a este punto en que la Junta protege esas instituciones, en que no elimina ayuntamientos porque apoya el municipalismo (vaya usted a saber qué quiere eso), en que la ratio de altos cargos sobre el personal de servicio directo al ciudadano no baja, cabe preguntarse ¿van ustedes a tocar lo suyo o solo pagamos la crisis los demás?

Riaño y la Ordenación del Territorio

La Junta de Castilla y León lleva decenios hablando de una ordenación del territorio que garantice la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos. De esa pretensión surgieron el Modelo Territorial de 1996 y todas sus secuelas, Directrices Esenciales, Planes Regionales de Ámbito Territorial y la documentación posterior que, como morrillos, van acumulándose y formando una montaña de papel que apenas nadie lee y pocos toman en consideración globalmente. Sin embargo los documentos de política estratégica debieran ser la luz que guiase el gasto público, luz dimanante de sus objetivos: prestación sostenible de servicios de calidad suficiente y similar para todos los ciudadanos. Los alumnos de 11 –si cumplen a fin de año- y 12 abriles empiezan la ESO en el instituto. Aún son niños a esa edad e incluso después, por lo que está convenido que es inaceptable que sus desplazamientos superen tiempos de unos cincuenta minutos como máximo. Mucho más si se hace por carreteras que entrañen algún peligro. La Junta ha anunciado el cierre de las unidades de educación secundaria en Riaño y su desplazamiento a Cistierna. Esto supone admitir que los alumnos de Riaño hacia el norte habrán de sumar 35 kms más de desplazamiento por una carretera de montaña que las guías más conocidas estiman en 44 minutos. En resumen, cualquier alumno del propio Riaño, que no se desplazaba hasta ahora, deberá añadir hora y media diaria en desplazamientos. El resto pasarán largamente de los 50 minutos de ida y otro tanto de vuelta. En consecuencia la medida dispuesta por la Junta es inaceptable. La Junta debe aclarar si es capaz de garantizar los servicios públicos que le encomienda el Estado -el mismo Estado que construyó el embalse de Riaño y contribuyó al vacío poblacional de la zona- o no. Y los ciudadanos debemos exigir esa prestación aquí, en La Cabrera o en Laciana –si no al tiempo-. La Junta ha de entender que la Provincia de León tiene una orla de montañas que ocupan 10.000 kms cuadrados con todo lo que eso implica. Que se atienda a esa realidad es imperativo. Así que, cuando haya que recortar, están los coches de los consejeros.