LOS FUNCIONARIOS EN LEÓN

Es frecuente escuchar que León es una provincia de funcionarios. Se trata de una afirmación hecha sin aportar datos en la mayoría de las ocasiones. El comentario tiene un punto de frivolidad porque existe un Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que se edita semestralmente y que se puede consultar por internet. En él se cita la distribución del personal público por todo el país, tanto si es funcionario como si no lo es. Y es que en boca de esa misma gente, en la denominación ‘funcionario’ cabe todo trabajador al que pague su salario la administración pública, aunque se trate de otra incorrección más. En España, a julio de 2014, correspondiente al último boletin disponible, había dos millones quinientos veintitres mil empleados públicos, que es un 15,06% de los cotizantes a la Seguridad Social. En León suponían un 19,67%, es decir, cuatro puntos y medio más. Sin embargo es casi igual que Valladolid (18,3%) o la comunidad autónoma (19,26%). En otras palabras, en León hay más empleo público que en la media de las provincias de España, pero un nivel similar al de la mayoría del territorio español porque el crecimiento económico se está polarizando. León ha perdido mil novecientos empleados públicos entre julio de 2011 y julio de 2014. Pese a ese ajuste, el proceso experimentado ha ido ligeramente más lento que la caída general de la economía leonesa. En España, donde los empleados públicos en 2011 suponían un 15,25% de los cotizantes, el descenso ha ido algo más rápido porcentualmente. En resumen, se puede afirmar que en León hay más empleo público que en la media española porque en las zonas más expansivas del país (el Mediterráneo y el Gran Madrid fundamentalmente) tiene menos peso. Sin embargo, si se compara con las provincias de nuestro entorno, fuera de esos núcleos de crecimiento, la importancia de la administración pública no es sustanciamente diferente. Si atendemos a la distribución del empleo por administraciones, el principal grupo depende de la Junta de Castilla y León. Son casi 14.000 de los 29.600 totales. Es lógico, ya que las competencias de sanidad y educación absorben un gran contingente de trabajadores. La universidad aporta unos mil ciento cincuenta trabajadores, con un fuerte descenso en los últimos 3 años. El gobierno central cuenta con ocho mil empleos, marcado por la existencia de bases militares que en otras provincias no existen. Por último, la administración local cuenta con siete mil efectivos y ha sufrido un ajuste débil.

ELECCIONES Y ALTERNATIVAS FLOJAS

Las elecciones locales y autonómicas de hace cuatro años tuvieron una tendencia mediatizada por el estado de opinión en toda España. El voto local se expresó en clave nacional. Había un deseo ferviente de desalojo del PSOE de Zapatero de las instituciones. Solo así se explica la victoria generalizada del PP, ya que algunas candidaturas eran de escasa valía y en otros casos el conocimiento del candidato -esencial en unas locales- era reducido. La actual coyuntura de deterioro socioeconómico, con el desplome de la calidad de vida de las clases medias, ha provocado un estado de opinión que tiene ciertas similitudes con el vivido hace cuatro años. El estado de cabreo general es notable y existe un deseo extendido de desalojar al PP de las instituciones. Eso y el irremediable deterioro de un PSOE devenido en oficina de empleo de los miembros de su aparato pueden provocar nuevamente que se vote en clave nacional para unas elecciones que eligen pedáneos, concejales y procuradores. En unas elecciones locales la valía personal de los candidatos es más importante si cabe que en las generales, ya que sus puestos tienen un marcado carácter ejecutivo. Por eso hay que exigir un programa claro de qué se quiere hacer con León, con Ponferrada, con la provincia y con la autonomía, y con el encaje de León en ella. A día de hoy seguimos sin saber qué propuestas concretas tiene Ciudadanos, UpyD, Podemos y sus listas satélites sobre la ciudad que ellos quieren, sobre las medidas para llegar a ese escenario, pese a que son la alternativa. Acabar con la corrupción es muy importante, hacer un pacto por la educación a largo plazo también, incrementar la participación ciudadana, sin duda, pero esos debates se sitúan fundamentalmente en unas elecciones generales. Si el país se higieniza y racionaliza está muy bien, pero si en ese tránsito León se vuelve como Soria a muchos leoneses no nos vale. Y en esa tesitura -la de no tener ni idea de qué hacer con León- es en la que se ve a los dirigentes de las nuevas formaciones reformistas: Maraña, Amigo y el Pablo de aquí. ¿Qué objetivos tienen específicamente para León? ¿Cuál es el papel que debe desempeñar León según su visión? Eso es lo que tienen que aclarar para estas elecciones, además de los grandes discursos sobre la regeneración y tal y cual. Al grano, señores: ¿qué grandes cifras de León quieren que evolucionen y hacia dónde? El desarrollo surge del análisis de los principales índices y de las medidas para modificarlos, y de eso, hasta ahora, no nos han mostrado nada.

CABECERAS DE COMARCA EN LEÓN

Los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2014, comparados con los de 2012, esclarecen la tendencia de la población en León. La situación de nuestras cabeceras de comarca las agrupa en dos bloques: aquéllas que se encuentran en una de las aglomeraciones rururbanas de la provincia -la de León y la de Ponferrada-, y las que se encuentran fuera de ellas. Entre las que se encuentran lejos de las ciudades destaca Villablino, que llegó a tener 17.000 habitantes en otros tiempos. En el último padrón ha bajado de los diez mil y mantiene una línea de descenso de 225 habitantes al año, lo que hará casi imposible a corto plazo, por cierto, el sostenimiento financiero de su ayuntamiento sin medidas extraordinarias. El resto de las villas de montaña como Fabero, La Robla, La Pola de Gordón o Cistierna también pierden peso y en ningún caso llegan a los cinco mil habitantes. En la zona llana, Sahagún parece haberse estancado en 2.800, lo que es una buena noticia, aunque su comarca alcance niveles de desertización preocupantes. El resto de cabeceras tradicionales ubicadas fuera de las zonas rururbanas no llegan a los 2.000 habitantes excepto Vega de Espinareda y Torre del Bierzo, y caen en general. En el rururbano de León, el más grande de los dos -con 325.000 habitantes de los que una parte son zamoranos-, hay comportamientos dispares. Valencia de Don Juan se sostiene con tendencia al alza. Santa María del Páramo y Carrizo caen débilmente. Astorga, La Bañeza y sobre todo Benavides de Órbigo están perdiendo peso. Esto nos da una visión de conjunto en la que, si fuese posible mejorar la gestión municipal y la prestación de servicios, así como la oferta de empleo, se podría contener la emigración y mantener o ganar censados. Por su parte, el rururbano de Ponferrada, con unos 120.000 habitantes, presenta una pérdida general de población que afecta a todas sus cabeceras, como Toreno, Bembibre o Villafranca del Bierzo y que llega a afectar a Cacabelos, cercano como está de la urbe ponferradina. Si importante es contener la sangría poblacional en el área de León, que forma el núcleo principal de la provincia por su tamaño, esencial es hacer lo necesario para que el Bierzo no debilite sus centros. Y eso es así porque debajo de cierto tamaño se pierde la posibilidad de fijar servicios y con ello las familias se marchan con facilidad, entrando en una espiral de desertización que ya conocemos en buena parte de la provincia. Por eso la diputación tiene que ser un agente proactivo para contener la sangría en las cabeceras más grandes.

LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

Uno de los aspectos en los que hacen hincapié los reformistas como UpyD y Ciudadanos es en la supresión de las diputaciones y en el replanteamiento de algunas autonomías uniprovinciales. Suelen sustentarlo en una supuesta ineficiencia administrativa. Además se suele mezclar la falta de electividad directa de las diputaciones clásicas. Poco tienen que ver unas cosas con otras. Las diputaciones pueden transformarse si se quiere. Cuando consideramos los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), podemos observar que, partiendo de cifras similares, la evolución de ciertas provincias ha sido dispar. El año 1981 (3º trimestre), antes del proceso autonómico, la EPA detectaba en Cantabria 166.000 empleos, en Navarra 152.400 y en León 188.200. En el año 2000, con el proceso autonómico ya consolidado, Cantabria tenía 181.500 empleos, Navarra ascendía a 223.400 y León se había quedado en 158.000. Supongamos que la surgencia de Navarra y de Cantabria respecto a León se debiesen al primer impulso de las sedes autonómicas. Entonces este grupo hubiese evolucionado de manera similar desde entonces. Pues no; León cuenta en la EPA del tercer trimestre de 2014 con solo 166.600 trabajadores ocupados. En cambio Navarra reúne 263.300 y Cantabria 230.000, muchos más que en 2000 en ambos casos. De hecho se aprecia numéricamente que las autonomías uniprovinciales han tenido una evolución sobresaliente respecto a las provincias de las otras, sean sedes o no. Se ha comentado mucho, por ejemplo, acerca de la supuesta insostenibilidad de La Rioja, aunque sin aportar un solo dato. Partía en 1981 con 80.900 empleados, uno de los últimos puestos por su dimensión. Hoy cuenta con 130.500 y está a punto de rebasar a Álava. La Rioja es una de las locomotoras económicas de su área y es uniprovincial y pequeña. Y se puede opinar o expresar impresiones, pero los números no mienten y las opiniones sí. Por el contrario existe un grave y persistente desequilibrio en las autonomías multiprovinciales. Los reformistas nunca hablan de las divergencias de riqueza y empleo en Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Eso sí es un problema de estado. Comparar las diferencias entre Jaen y Sevilla, entre Cuenca y Toledo, o entre León y Valladolid resulta escandaloso. Las autonomías grandes son entes fallidos. A pesar de ello nuestros políticos abogan por la eliminación de sus diputaciones cuando es el nivel provincial el de máxima eficiencia en la gestión. Solo cabe pedir a los candidatos a las elecciones más rigurosidad y menos literatura.