SER SEDE AUTONÓMICA

Son muchas las protestas por la pertenencia de León a la actual autonomía. Hay argumentos emotivos, que son respetables, pero discutibles, puesto que todos tenemos sentimientos y algunos se contraponen. Además hay argumentos históricos, también objeto de debate, puesto que hay líneas historiográficas que apoyan tesis encontradas. Al fin y al cabo la Historia tiene una parte que es interpretación y, en la medida en que lo sea, más susceptible de cuestión resulta. Sin embargo, sin negar la importancia de los anteriores, hay argumentos basados en los números. En este caso resultan menos discutibles. Hablábamos la semana pasada de la población ocupada, los trabajadores, que detecta la Encuesta de Población Activa del INE. Su evolución nos permite conocer una de las claves de la economía de los territorios. Habíamos tomado el periodo que va de 2000 a 2017, puesto que en los 20 años finales del Siglo pasado se había producido el proceso autonómico y la estabilización tras ese cambio político tardó en llegar. En estos últimos 17 años, más estables territorialmente, podemos distinguir 3 grupos de provincias. Por una parte están las autonomías uniprovinciales, cuya cifra de trabajadores ha crecido un 41.54%. Por otra parte están las provincias sede de las autonomías multiprovinciales, cuyo número de trabajadores ha crecido mucho menos: el 27.56%. Por último están las provincias sin sede autonómica, cuyo mercado laboral creció solo el 25.7%. Destaca así la evidencia de que la administración provincializada es más eficaz y redistributiva que la centralizada, frente a lo que dicen formaciones como Ciudadanos sin aportar cifra alguna. Los casos de desigualdad disparatada se aprecian en las autonomías multiprovinciales, como Castilla y León donde Palencia creció un 6.5% en el mismo periodo en que Segovia lo hacía en un 27,34%, como Andalucía donde Málaga añadía el 52.93% frente a Jaen, que solo lo hacía un 17,02%, o como Castilla-La Mancha donde conviven mal Albacete, con un avance del 11.82%, y Guadalajara con uno del 95,56%. La multiprovincialidad tal y como se concibió funciona mal y habría que revisar la estructura territorial porque los indicadores económicos así lo aconsejan. Por esa razón una reivindicación de autonomía leonesa está plenamente justificada por las cifras, pero no puede basarse ya en el mismo esquema de 1983. Las provincias leonesas, si algún día han de tener autonomía, deben organizarse con una estructura profundamente descentralizada en provincias o departamentos con presupuesto propio y capacidad de decisión. Ese debe ser el núcleo del debate de estado en León.

VALLADOLID EN LA EPA

La Junta de Castilla y León ha apostado por Valladolid como centro de crecimiento económico desde el inicio autonómico. Aunque la ciudad no es la capital, la Junta ha situado la mayoría de las sedes y altos funcionarios en esa ciudad y provincia. Además ha promocionado su desarrollo industrial por encima de otros lugares de la Autonomía. Cabría esperar que el desarrollo de esa provincia fuese destacado en el conjunto de España. Uno de los principales marcadores que permiten visualizar el crecimiento de las provincias es la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística. Como saben los lectores, cada año analizo las tablas de la EPA del tercer trimestre, que mantengo desde 1981. Las provincias que mejor evolucionan marcan crecimientos notables en la población activa ocupada (PAO), es decir, que son en las que más trabajo nuevo se genera. La PAO de las provincias denota su vigor e importancia. La Junta de Castilla y León se jugó desde un principio todo a una carta en términos de desarrollo: Valladolid. Y la EPA desnuda el resultado de 35 años de gestión autonómica. Si hasta el año 2000 Valladolid creció a ritmos similares a otras provincias con capitalidad autonómica, desde ese año la situación ha cambiado. Entre 2000 y 2017 Valladolid es la provincia con capitalidad de facto de peor evolución en España. La peor con diferencia. La PAO vallisoletana crece un 9,82% frente a una media del 30.28% de España y de un 33.47% de las sedes autonómicas. La siguiente peor, que es Álava, creció casi un 15%. Valladolid es también la peor desde la salida de la crisis en 2013 (-0.28%, única en negativo). Y entre 2010 y 2017 es además la peor provincia de toda España con o sin sedes. Pero si observamos la evolución de la población ocupada del resto de provincias autonómicas el resultado no es mejor, es dramático. Entre 2000 y 2017 ninguna alcanzó la media española (30.28%). De las 8 últimas provincias españolas en ese periodo 4 son de esta autonomía. La conclusión es que el modelo de desarrollo y administración de esta autonomía resulta un fracaso. Es un imperativo de estado modificarlo, ya que peor no puede funcionar. Hay dos caminos: la ruptura de la autonomía en varias fracciones o bien la provincialización de la mayor parte de las actividades y el presupuesto, ya que son las autonomías uniprovinciales las que mejor han funcionado en cualquier periodo evaluable. En todo caso no se debe continuar así. Y León no puede seguir perdiendo cinco o seis mil habitantes al año por falta de trabajo debido a una gestión pública que no funciona. Hay que cambiar.

INVISIBILIDAD CONSTITUCIONAL

León ha desaparecido del mapa. Rajoy reconoció a May que la cuna del parlamentarismo estaba en Inglaterra. La Junta de Castilla y León difunde mapas donde se borran el aeropuerto de León o la autovía León-Burgos. Para hablar de la capitalidad gastronómica del año que viene hay periódicos que se refieren a la “ciudad castellana de León”. Ciertos escritores son motejados de leonesistas en diarios de Madrid simplemente por reivindicar cuestiones leonesas. Todo esto y más constituye la sintomatología de que León no existe en Madrid ni en el resto de España. Los datos que sitúan a la provincia leonesa como penúltima de España en tasa de actividad o que le ponen al frente en pérdida de población, junto con Zamora, sin que nadie se despeine, suponen que lo que no existe no preocupa. Entre las autoridades nacionales y autonómicas se ha pasado de la pasividad al desconocimiento. Es evidente que éste es el principal problema que hoy tiene León. Y de él derivan los demás porque algo que preocupa recibe atención y para León no existe preocupación alguna. Este país ha hecho algo mal con León y ha llegado el momento de decidir si nos movemos o lo dejamos morir. No basta con fiestecitas de consumo interno, como las celebraciones del Fuero de León, que no alcanzan el nivel de “discretas”, o con eventos que en cualquier lugar serían una pequeña parte del programa de promoción local, como la capitalidad gastronómica. Eso es calderilla. Si se quiere cambiar el curso histórico de León hay que dejar claro quiénes somos, dónde estamos y lo que queremos al máximo nivel. Los partidarios de no dejar morir a León creemos que hay que salir de la invisibilidad como primer meta. No puede volver a pasar algo como lo de Rajoy con Theresa May. Por eso el Pueblo Leonés (porque es el colectivo lo que importa) ha de ser reconocido al máximo nivel en nuestra legislación. Ese es el primer paso para salir del olvido y de la ocultación. Y el documento legal de mayor rango que existe en este país es la Constitución. Por eso, quienes creemos en León y queremos evitar su vaciado, su desplome, su caída en la irrelevancia y su abandono, queremos su inclusión en la Carta Magna española. El Pueblo Leonés debe figurar como una entidad diferenciada en la carta constitucional. Rajoy y sus olvidos lo han dejado claro. Ya no se puede andar con medias tintas. En este momento hay una creciente inquietud en numerosos círculos de León y de leoneses en el exterior, porque la percepción de la elipsis leonesa desde Madrid es todavía más clara. En consecuencia habrá que empezar por cambiar en Madrid algunas cosas.

LEÓN, PORTUGAL Y CASTILLA

Este fin de semana concluyeron los encuentros en torno al desarrollo y la cohesión territorial que convocó la asociación Rionor. Se trata de una agrupación de municipios cercanos a la frontera hispano-portuguesa, que ha indagado durante este año sobre las alternativas de crecimiento del área. La reunión de clausura, en la población portuguesa de Vila Flor, contó con una conferencia elaborada por un ponente español, lo que habla del carácter transfronterizo de la iniciativa. De los numerosos análisis que se han expuesto en los seis encuentros se concluye que el lado portugués tiene entre sus problemas fundamentales el efecto de “fondo de saco” de la frontera -que resulta infranqueable en muchas zonas para camiones articulados y para el transporte masivo de viajeros-, las carencias de transportes públicos en Tras os Montes –que dificultan los movimientos de proximidad- y la necesidad de potenciar un centro urbano que actúe como locomotora de esa área –apoyado en la notable red de cabeceras comarcales-. Por el lado español las provincias de León, Zamora y Salamanca se ven afectadas por las malas comunicaciones: de cercanías con los municipios vecinos y de media distancia con la costa portuguesa. Esas conexiones pasan necesariamente por Tras os Montes. Sin embargo existe una manifiesta falta de implicación de las autoridades autonómicas y nacionales en resolver un problema que limita al desarrollo económico de la zona. De hecho la Junta de Castilla y León no respondió a la invitación a esta jornada de clausura. Para León, Zamora y Salamanca resolver las conexiones con Portugal es decisivo para el desarrollo de todas sus ciudades y de los territorios cercanos a la frontera. La administración autonómica tendría que actuar de oficio sobre un problema tan evidente. Sin embargo en este caso la Junta se muestra casi exclusivamente castellana. Para Valladolid o Burgos la conexión con Portugal es secundaria. En consecuencia la Junta trata con una desigualdad ofensiva a la región histórica leonesa, lo que se traduce en un trato de favor intolerable hacia la castellana. Es inaceptable, por ejemplo, que no se implique el propio presidente en la conexión Braganza-Puebla de Sanabria-León, con un tráfico potencial de miles de vehículos pesados al mes. Mientras tanto lo hace con la Autovía del Duero en zonas bien comunicadas pero despobladas, donde las previsiones de tráfico son muy bajas. En resumen,en la región histórica leonesa hay un millón de habitantes minusvalorados por la administración autonómica, que ignora sus intereses propios. Habría que buscar fórmulas para subsanarlo.

CARBÓN SIN CRITERIO

Una vez más ha estallado el debate sobre el carbón leonés. Esta vez con más violencia verbal de la que solía. El parlamento autonómico ha sido escenario de un enfrentamiento entre los distintos partidos a cuenta del mineral leonés. El PP y el PSOE fueron atacados porque dicen una cosa aquí, otra en Valladolid, otra en Madrid y otra en Bruselas. Ciudadanos y Podemos también porque carecen de un criterio maduro en esto, como en casi todo. Destaca la falta de datos que esgrimen ambas formaciones cada vez que abren la boca. Les sobra palabrería y les faltan cifras. La UPL ha estado donde tenía que estar: inequívocamente con los intereses de León, se esté o no de acuerdo con esa formación. Y esto con un relato de fondo en el que todos esgrimen una leyes medioambientales crecientemente importantes, aunque algunos olvidan que las leyes se cambian y adaptan. También con la mirada atrás de la desastrosa gestión de las ayudas mineras durante estos años por parte de alcaldes, sindicatos y empresas de las cuencas carboníferas. Es difícil ponerse de parte de alguien en este escenario. Sin embargo es fácil ponerse de parte de un territorio, León, que está en una situación lamentable, aunque Ciudadanos no se entere y repita una y otra vez consignas, lo único para lo que parece estar preparado. No le anda a la zaga Pablo Fernández. El debate del carbón se inscribe en un plan de producción y garantía energética del país. Normalmente se siguen los criterios de suministro suficiente, diversificación de fuentes de energía, mantenimiento de cierta soberanía energética, sostenibilidad medioambiental y precio razonable. El carbón de León cumple en este momento todos los criterios salvo el medioambiental. Y éste no lo cumple porque a las empresas generadoras no les apetece depender de suministradores locales ni invertir en las centrales para rebajar la huella ambiental, ni continuar con muchas centrales de gas -que construyeron debido a una planificación errónea- apagadas. Lamentablemente los intereses generales del país vienen definidos por los de las compañías eléctricas. No se ve un gobierno capaz de hacer de “gobierno”. Todo queda a merced de estas empresas cuyos consejos están plagados de políticos. Por eso la reivindicación del carbón debe hacerse con criterio, lo que significa trabajar con datos, previsiones y análisis. Solo así puede haber un encaje del carbón nacional, fundamentalmente el leonés, en el mix energético nacional. Por eso el debate de las cortes autonómicas más parecía el de un mercado de frutas que el de representantes cualificados de la ciudadanía.