El aeropuerto de León ha experimentado una fuerte expansión en los últimos 10 años. De los 21.000 viajeros del año 2000 se pasó a los 161.000 de 2007. Posteriormente ha sufrido un descenso de usuarios provocado esencialmente por la pugna política. La desaparición de Lagun Air parece más el efecto de una decisión política que el de una gestión incorrecta, aunque también.
Una vez comprobado que el juez obliga al consorcio del aeropuerto a pagar a la compañía las cantidades que reclamaba surge una pregunta: ¿por qué no se abonaron sabiendo que la viabilidad de la empresa dependía de ello? En cuanto la compañía leonesa colapsó se redujeron los vuelos desde La Virgen del Camino y Air Nostrum, la otra concurrente en el aeródromo, multiplicó el precio de los billetes hasta el disparate. El resultado no se hizo esperar: 94.000 pasajeros en 2009 que serán aún menos en 2010.
La responsabilidad de la diputación, que ostenta la presidencia del consorcio, es directa a través de su presidenta. Si Abel Pardo dejó embocado un acuerdo con una compañía de bajo coste, Carrasco no ha avanzado un centímetro desde entonces. La Junta por su parte ha traído tan solo un vuelo a París un día a la semana, incumpliendo su promesa de abrir León a los vuelos internacionales.
Por otro lado el ayuntamiento intentó apoyar a Lagun Air, pero luego no hizo lo propio con las gestiones de Pardo porque dejaban fuera de juego al alcalde. En resumen, priman demasiado los intereses particulares y se postergan los de León. Por ello no sé si la prioridad real de estos señores es nuestro futuro.
jueves, 1 de julio de 2010
Las DOT del Camino de Santiago
El día 4 de junio el Boletín Oficial de Castilla y León anunciaba la exposición pública del Plan Regional de Ámbito Territorial del Camino de Santiago (PRATCS). Para comprender su significado vale la pena recordar que la Junta organiza sus políticas en torno a un documento: las Directrices Esenciales de Castilla y León (DECyL), que establecen cómo se organiza el desarrollo en la Autonomía.
Las DECyL establecen unos corredores prioritarios sobre el territorio, así como ciertos núcleos de referencia. En ambos se concentrarán las políticas de desarrollo. Tales directrices tienen carácter vinculante y su desarrollo parcial se vierte en documentos como los PRAT. Así que sobre este esquema el ente elige inversiones y dotaciones de servicios, y por esta razón son de interés general.
La Consejería de Medio Ambiente había expuesto las PRAT del Corredor de la Plata el mes pasado sin apenas repercusión pública. Ahora lo hace con las del Camino de Santiago, lo que demuestra que el despliegue de las estrategias es tan presuroso como poco publicitado.
El PRAT del Camino de Santiago afecta a municipios que reúnen 484.000 habitantes, de los que 294.000 son leoneses (datos 2006). Los itinerarios considerados acumulan 324 kilómetros en León, 175 de Burgos y 141 en Palencia. En consecuencia el PRATCS afecta mayoritariamente a la provincia leonesa y deberían someterse a debate. Sin embargo se desliza quedamente cuando restan pocos días para que concluya el periodo de alegaciones.
El contenido de este PRAT es muy diferente del dedicado al Corredor de la Plata. Si en éste se planteaba un desarrollo económico integral, en el del Camino de Santiago se alude sólo a la explotación del secular itinerario. Por comparación, dado que afecta a Ponferrada y su entorno, la hoya del Bierzo podría quedar fuera de los principales planes de impulso económico en el ámbito industrial y de las nuevas tecnologías si no se complementa o se crea otro específico para ello. En conclusión, es necesario que los políticos provinciales detengan su mirada sobre este proyecto para mejorar el resultado final, subsanar deficiencias o complementarlo.
Las DECyL establecen unos corredores prioritarios sobre el territorio, así como ciertos núcleos de referencia. En ambos se concentrarán las políticas de desarrollo. Tales directrices tienen carácter vinculante y su desarrollo parcial se vierte en documentos como los PRAT. Así que sobre este esquema el ente elige inversiones y dotaciones de servicios, y por esta razón son de interés general.
La Consejería de Medio Ambiente había expuesto las PRAT del Corredor de la Plata el mes pasado sin apenas repercusión pública. Ahora lo hace con las del Camino de Santiago, lo que demuestra que el despliegue de las estrategias es tan presuroso como poco publicitado.
El PRAT del Camino de Santiago afecta a municipios que reúnen 484.000 habitantes, de los que 294.000 son leoneses (datos 2006). Los itinerarios considerados acumulan 324 kilómetros en León, 175 de Burgos y 141 en Palencia. En consecuencia el PRATCS afecta mayoritariamente a la provincia leonesa y deberían someterse a debate. Sin embargo se desliza quedamente cuando restan pocos días para que concluya el periodo de alegaciones.
El contenido de este PRAT es muy diferente del dedicado al Corredor de la Plata. Si en éste se planteaba un desarrollo económico integral, en el del Camino de Santiago se alude sólo a la explotación del secular itinerario. Por comparación, dado que afecta a Ponferrada y su entorno, la hoya del Bierzo podría quedar fuera de los principales planes de impulso económico en el ámbito industrial y de las nuevas tecnologías si no se complementa o se crea otro específico para ello. En conclusión, es necesario que los políticos provinciales detengan su mirada sobre este proyecto para mejorar el resultado final, subsanar deficiencias o complementarlo.
miércoles, 23 de junio de 2010
La Evolución del Aeropuerto
El aeropuerto de La Virgen del Camino está sufriendo los embates de la pugna política y la crisis. Por el contrario, la puesta en marcha de la nueva terminal se presenta como la buena noticia de este año. La conclusión de esa infraestructura debería suscitar una actitud proactiva entre nuestros políticos para acometer su impulso definitivo. Por lo que demuestran las cifras de pasajeros, multiplicar el tráfico sería fácil. Pasamos a explicarlo.
El aeropuerto comenzó su andadura con 21.000 pasajeros en el año 2000. Siempre se situó en un segmento de mercado: los vuelos regulares a territorio nacional. Los otros estratos ni se cuidaron ni se impulsaron. Así alcanzó en 2007 los 161.000 pasajeros. Para entonces ya era el primer aeropuerto de la autonomía en sus nichos de mercado, por encima de Villanubla.
Entonces se planteó la acogida de vuelos de bajo coste, lo que hubiese convertido la instalación en el aeropuerto de referencia del noroeste. Por causas que se pueden imaginar sucedió justo lo contrario: no se gestionaron nuevos vuelos y se condujo a la desaparición, como ha demostrado el juez, al operador local Lagun Air. A partir de ahí los precios de pasaje crecieron por encima de los de Valladolid para los mismos destinos y la Junta propuso la internacionalización, aunque sin desarrollarla a efectos prácticos. Esta coyuntura lleva en 2009 a unas cifras de 94.000 pasajeros. Este año serán aún menos.
Sin embargo, pese al castigo recibido, el aeropuerto mantiene 31.000 pasajeros en vuelo regular nacional a mayo de 2010 frente a los 38.500 de Valladolid, que camufla estas cifras moderadas gracias al bajo coste. Esto quiere decir que si León contase con mejores precios y oferta competitiva la proyección del aeropuerto sería notable.
Por esta razón no se puede admitir la inepta falta de resultados en la diputación -que lidera el consorcio-, ni la pasividad antileonesa en la Junta -que distrae, pero no hace-, ni las espantadas en el Ayuntamiento de León, en el que hace falta más análisis, y menos calentones y relaciones improductivas. El aeropuerto, en fin, requiere más gestión profesional y menos conciliábulos.
El aeropuerto comenzó su andadura con 21.000 pasajeros en el año 2000. Siempre se situó en un segmento de mercado: los vuelos regulares a territorio nacional. Los otros estratos ni se cuidaron ni se impulsaron. Así alcanzó en 2007 los 161.000 pasajeros. Para entonces ya era el primer aeropuerto de la autonomía en sus nichos de mercado, por encima de Villanubla.
Entonces se planteó la acogida de vuelos de bajo coste, lo que hubiese convertido la instalación en el aeropuerto de referencia del noroeste. Por causas que se pueden imaginar sucedió justo lo contrario: no se gestionaron nuevos vuelos y se condujo a la desaparición, como ha demostrado el juez, al operador local Lagun Air. A partir de ahí los precios de pasaje crecieron por encima de los de Valladolid para los mismos destinos y la Junta propuso la internacionalización, aunque sin desarrollarla a efectos prácticos. Esta coyuntura lleva en 2009 a unas cifras de 94.000 pasajeros. Este año serán aún menos.
Sin embargo, pese al castigo recibido, el aeropuerto mantiene 31.000 pasajeros en vuelo regular nacional a mayo de 2010 frente a los 38.500 de Valladolid, que camufla estas cifras moderadas gracias al bajo coste. Esto quiere decir que si León contase con mejores precios y oferta competitiva la proyección del aeropuerto sería notable.
Por esta razón no se puede admitir la inepta falta de resultados en la diputación -que lidera el consorcio-, ni la pasividad antileonesa en la Junta -que distrae, pero no hace-, ni las espantadas en el Ayuntamiento de León, en el que hace falta más análisis, y menos calentones y relaciones improductivas. El aeropuerto, en fin, requiere más gestión profesional y menos conciliábulos.
jueves, 17 de junio de 2010
El Plan 2000E: El Embarque Final
Como es conocido, el Plan 2000E consistía en proporcionar un incentivo económico de 2000 euros para impulsar la adquisición de vehículos. La aplicación del plan ya empezó mal. El 14 de mayo de 2009 se hacía público por sorpresa sin que el gobierno tuviese preparado nada sobre su aplicación. La consecuencia inmediata fue un parón en las ventas hasta que aclararon cómo se harían efectivas las ayudas. Cuando el sistema estuvo definido empezó la aplicación del plan, pero los fondos, adelantados por los concesionarios, tardaron meses en ser transferidos.
Terminó el año 2009 y los recursos de las administraciones resultaron insuficientes para cubrir todo lo que se había vendido con los descuentos del Plan 2000E. Se hizo entonces una prórroga que pretendía abarcar el 2010, pero a esas alturas una parte de los concesionarios ya se habían desengachado ante la desidia pagadora de las administraciones y las dificultades del sector.
Finalmente la administración retrasó arbitrariamente 3 meses la tramitación de operaciones de 2010 para los concesionarios. Los fondos duraron sólo 3 días tras los que se bloqueó el sistema. La sorpresa fue enorme porque resultaron insuficientes para cubrir las ventas realizadas hasta esa fecha. Pues bien, a las reclamaciones de los concesionarios empufados ha respondido la administración que no va a pagar ni un duro de los miles de operaciones que se les deben. El remate: el Plan 2000E va a concluir con una demanda de los concesionarios contra las administraciones por impago con exigencia de daños y perjuicios. ¡Vaya gestores públicos!
Terminó el año 2009 y los recursos de las administraciones resultaron insuficientes para cubrir todo lo que se había vendido con los descuentos del Plan 2000E. Se hizo entonces una prórroga que pretendía abarcar el 2010, pero a esas alturas una parte de los concesionarios ya se habían desengachado ante la desidia pagadora de las administraciones y las dificultades del sector.
Finalmente la administración retrasó arbitrariamente 3 meses la tramitación de operaciones de 2010 para los concesionarios. Los fondos duraron sólo 3 días tras los que se bloqueó el sistema. La sorpresa fue enorme porque resultaron insuficientes para cubrir las ventas realizadas hasta esa fecha. Pues bien, a las reclamaciones de los concesionarios empufados ha respondido la administración que no va a pagar ni un duro de los miles de operaciones que se les deben. El remate: el Plan 2000E va a concluir con una demanda de los concesionarios contra las administraciones por impago con exigencia de daños y perjuicios. ¡Vaya gestores públicos!
martes, 15 de junio de 2010
Burka y Libertad Religiosa
España camina hacia una libertad religiosa propia de un estado moderno, donde se garantiza la libertad de pensamiento. Dentro de esa tendencia se está produciendo una progresiva y lenta eliminación de los signos externos católicos en los espacios adscritos a la administración pública. De esta manera se garantiza que nadie pueda sentirse presionado en esa vertiente, pese a que el catolicismo configura la médula de la escala de valores tradicionales de este país.
En otra faceta existen manifestaciones religiosas tradicionales que tienden a infravalorar a la mujer por el hecho de serlo. Hay que recordar que hasta principios del Siglo XX la mujer carecía de alma, según los papas. Estas expresiones van siendo relegadas de la vida pública y, si en algún caso se mantienen lo hacen ligadas a celebraciones concretas, sin más trascendencia, como el velo de las manolas de las procesiones. En resumen, la sociedad española está retirando de los espacios públicos aquellos símbolos que atenten contra la igualdad de sexos o que ocupen un espacio que nos es común, más allá de lo ligado a la cultura tradicional autóctona.
Las prohibiciones municipales del burka y otras prendas estrictamente ligadas a las mujeres está resultando controvertida. Hay que subrayar que estos signos lo son de sometimiento y subordinación de la mujer. Además no son tradicionales en España. Por lo tanto entran en colisión con valores que la sociedad española establece como irrenunciables: el laicismo y la igualdad de sexos. Nada tiene que ver con la tolerancia a otras culturas o creencias la implantación de actitudes y tocados retrógrados. Son simplemente inadmisibles; más en un momento en que la comunidad católica, la autóctona, sacrifica sus signos externos en aras de una convivencia más satisfactoria. Hay que cortar de raíz a quienes pretendan justificar con circunloquios una invasión del espacio público con elementos irrespetuosos.
El estado debe tutelar que cada uno y, sobre todo, cada una puedan pensar o creer en lo que les dé la gana mientras permanezcan en suelo español. Lo demás es humo de paja, que mucho se ve, pero nada contiene.
En otra faceta existen manifestaciones religiosas tradicionales que tienden a infravalorar a la mujer por el hecho de serlo. Hay que recordar que hasta principios del Siglo XX la mujer carecía de alma, según los papas. Estas expresiones van siendo relegadas de la vida pública y, si en algún caso se mantienen lo hacen ligadas a celebraciones concretas, sin más trascendencia, como el velo de las manolas de las procesiones. En resumen, la sociedad española está retirando de los espacios públicos aquellos símbolos que atenten contra la igualdad de sexos o que ocupen un espacio que nos es común, más allá de lo ligado a la cultura tradicional autóctona.
Las prohibiciones municipales del burka y otras prendas estrictamente ligadas a las mujeres está resultando controvertida. Hay que subrayar que estos signos lo son de sometimiento y subordinación de la mujer. Además no son tradicionales en España. Por lo tanto entran en colisión con valores que la sociedad española establece como irrenunciables: el laicismo y la igualdad de sexos. Nada tiene que ver con la tolerancia a otras culturas o creencias la implantación de actitudes y tocados retrógrados. Son simplemente inadmisibles; más en un momento en que la comunidad católica, la autóctona, sacrifica sus signos externos en aras de una convivencia más satisfactoria. Hay que cortar de raíz a quienes pretendan justificar con circunloquios una invasión del espacio público con elementos irrespetuosos.
El estado debe tutelar que cada uno y, sobre todo, cada una puedan pensar o creer en lo que les dé la gana mientras permanezcan en suelo español. Lo demás es humo de paja, que mucho se ve, pero nada contiene.
jueves, 10 de junio de 2010
Diputaciones, Autonomías y Leonesismo
Una de las vertientes en las que la crisis financiera de España está desencadenando debate es en la racionalización de la administración pública. Al hilo de esa cuestión hay varios dirigentes socialistas que han sugerido eliminar las diputaciones provinciales, aunque no han explicado por qué. A priori parece una propuesta desacertada.
Por una parte hay que manifestar que las diputaciones integran a los representantes en sus órganos de una manera predemocrática. Tal y como se eligen los presidentes y diputados provinciales son los partidos y no la voluntad popular quienes deciden. Este sistema sí que requiere una modificación para democratizarlo.
El resto de aspectos negativos que rodean a las diputaciones no son peores en cualquier caso que los de la comunidad autónoma: nepotismo, contrataciones a dedo, incompetencia de algunos, etc. Repito, nada que no encontremos en las autonomías. Por el contrario, en facetas como el conocimiento del territorio, la proximidad a los problemas locales o la inmediatez de respuesta las diputaciones son más eficaces que los entes autonómicos.
Sólo existe un caso en que las autonomías superan a las diputaciones: en las uniprovinciales. En ellas en realidad la diputación asume las competencias, sus órganos de gobierno emanan de la voluntad ciudadana y el presupuesto se ata a los territorios. La comparación, por ejemplo, de cómo evolucionó el mercado laboral en comunidades uniprovinciales y multiprovinciales concluye que la gestión de las primeras es mejor, sin matices. La burocracia es más reducida y se hace mucho con poco. Éste es el modelo al que hay que acercarse, si no se puede adoptar, trasladando la capacidad ejecutiva, no la legislativa, de la autonomía a la diputación. Sólo así capitalizaríamos la experiencia de 30 años.
Por otra parte, la desaparición de la Diputación de León a favor de entes comarcales es incongruente con cualquier idea leonesista. No se puede reclamar la autonomía de León y al mismo tiempo propiciar la desarticulación del territorio cisastur en comarcas inconexas, cuyo único interlocutor sería la Junta, ajena a las aspiraciones de esta tierra.
Por una parte hay que manifestar que las diputaciones integran a los representantes en sus órganos de una manera predemocrática. Tal y como se eligen los presidentes y diputados provinciales son los partidos y no la voluntad popular quienes deciden. Este sistema sí que requiere una modificación para democratizarlo.
El resto de aspectos negativos que rodean a las diputaciones no son peores en cualquier caso que los de la comunidad autónoma: nepotismo, contrataciones a dedo, incompetencia de algunos, etc. Repito, nada que no encontremos en las autonomías. Por el contrario, en facetas como el conocimiento del territorio, la proximidad a los problemas locales o la inmediatez de respuesta las diputaciones son más eficaces que los entes autonómicos.
Sólo existe un caso en que las autonomías superan a las diputaciones: en las uniprovinciales. En ellas en realidad la diputación asume las competencias, sus órganos de gobierno emanan de la voluntad ciudadana y el presupuesto se ata a los territorios. La comparación, por ejemplo, de cómo evolucionó el mercado laboral en comunidades uniprovinciales y multiprovinciales concluye que la gestión de las primeras es mejor, sin matices. La burocracia es más reducida y se hace mucho con poco. Éste es el modelo al que hay que acercarse, si no se puede adoptar, trasladando la capacidad ejecutiva, no la legislativa, de la autonomía a la diputación. Sólo así capitalizaríamos la experiencia de 30 años.
Por otra parte, la desaparición de la Diputación de León a favor de entes comarcales es incongruente con cualquier idea leonesista. No se puede reclamar la autonomía de León y al mismo tiempo propiciar la desarticulación del territorio cisastur en comarcas inconexas, cuyo único interlocutor sería la Junta, ajena a las aspiraciones de esta tierra.
jueves, 3 de junio de 2010
Más sobre las Fusiones Municipales
Finalmente se ha desatado el debate sobre la racionalización de las administraciones públicas. La presión que ejerce la crisis no podía concluir de otra manera: así aparece en la hoja de ruta del Fondo Monetario Internacional, que tan bien conocen los griegos.
Más allá de a qué obligue el Fondo Monetario Internacional, la fusión de ayuntamientos en León era una necesidad creciente hace mucho tiempo. No existe justificación para el mantenimiento de municipios que apenas pueden costear sus gastos de funcionamiento; no hablemos ya de las inversiones. Por ejemplo, 18 de ellos en León ni siquiera han podido acudir al plan de inversiones de la diputación, que les solicita un exiguo 20% del coste de la obra. ¿Qué da sentido entonces su existencia?
Lo incomprensible del caso es que ciertas autoridades tomen posición en contra de esa reordenación municipal. Cuando se examina quiénes son, sus argumentos quedan en evidencia: o son alcaldes que podrían perder el preciado trono o son los jefes de partido locales, a los que crearía un problema por expulsar a sus seguidores de las redes clientelares, redes mayoritariamente adscritas a los ayuntamientos.
En esta ocasión los ciudadanos han de defender su derecho: el de que sus impuestos se utilicen con mesura, honradez y eficacia. En consecuencia no se puede permitir que los opuestos a la fusión se atrincheren en cuestiones de método. Si las leyes no lo permiten, que las cambien y, si lo permiten, que ejerzan, o que se vayan.
Más allá de a qué obligue el Fondo Monetario Internacional, la fusión de ayuntamientos en León era una necesidad creciente hace mucho tiempo. No existe justificación para el mantenimiento de municipios que apenas pueden costear sus gastos de funcionamiento; no hablemos ya de las inversiones. Por ejemplo, 18 de ellos en León ni siquiera han podido acudir al plan de inversiones de la diputación, que les solicita un exiguo 20% del coste de la obra. ¿Qué da sentido entonces su existencia?
Lo incomprensible del caso es que ciertas autoridades tomen posición en contra de esa reordenación municipal. Cuando se examina quiénes son, sus argumentos quedan en evidencia: o son alcaldes que podrían perder el preciado trono o son los jefes de partido locales, a los que crearía un problema por expulsar a sus seguidores de las redes clientelares, redes mayoritariamente adscritas a los ayuntamientos.
En esta ocasión los ciudadanos han de defender su derecho: el de que sus impuestos se utilicen con mesura, honradez y eficacia. En consecuencia no se puede permitir que los opuestos a la fusión se atrincheren en cuestiones de método. Si las leyes no lo permiten, que las cambien y, si lo permiten, que ejerzan, o que se vayan.
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