Treinta Años de Bobadas

Dicen en la Junta que se van a cumplir treinta años del estatuto de autonomía de Castilla y León y que hay que alegrarse. Dicen que los ciudadanos tenemos que tener más sentimiento de pertenencia a la autonomía. Otro ha dicho también que había que eliminar las provincias porque el espíritu provincialista va contra el espíritu autonómico. Dicen también que el que no tenga sentimiento autonómico es un aldeano, una persona sin mirada amplia. Como son tan listos, quizás convenga aclarar algunas cosas. En León no hay nada que celebrar con el estatuto. Los números son demoledores: León cuenta con 494.451 habitantes (padrón municipal de 1 de enero de 2012). 523.607 había en 1983, según la Junta. Se perdieron 30.000 habitantes. En 1983, cuarto trimestre, había 163.700 trabajadores según la Encuesta de Población Activa. En el tercer trimestre de 2012 quedaban 158.100. Si se tiene en cuenta que España pasó de 10.689.000 a 17.320.000, entonces podemos concluir que ha sido un desastre. Y si a eso le añadimos que Valladolid pasó de 124.500 trabajadores ocupados a 227.300, podemos deducir que nos están tomando el pelo. En esas condiciones no se puede tener sentimiento de pertenencia a la autonomía porque sería de imbéciles. La autonomía no ha proporcionado nada mejor que lo que hubiese sido cualquier otro camino: autonomía uniprovincial, triprovincial, con Asturias o colonia de Portugal, que tanto iba a dar. La opción Castilla y León ha sido malísima, y así lo reconocen los empresarios y los ciudadanos a pie de callle. Se ve que estos señores de Valladolid la pisan poco. El señor de la oposición que aboga por liquidar las provincias aún no se ha enterado de que son el modelo más eficiente de las instituciones del país, pero con elección directa de los ciudadanos, como se ha visto en las autonomías uniprovinciales, las mejores en evolución económica. Y, por último, a todos esos poderosos que llaman aldeanos a los que acogen sentimientos de pertenencia antiguos y que ellos no comparten, llamarles en este 30 aniversario fascistas. Por el camino del adoctrinamiento ya transitaron otros con un turbio lugar en la historia.

Los Aeropuertos y El Futuro

El anuncio de que Ryan Air elimina dos vuelos de Valladolid por finalizar las subvenciones que recibían situará en cifras realistas los tráficos de este aeropuerto. Aún quedan vuelos sostenidos por dinero público, pero en menor medida. Este proceso de reducción de las ayudas públicas es positivo para que se permita el desarrollo de un tráfico aéreo libre de subterfugios. Y esto, que en otro tipo de transporte sería imposible, es así porque el coste de los aeropuertos es bajísimo. Otra cosa es que en Madrid y Barcelona se hayan hecho obras faraónicas cuya deuda atenaza a AENA. Sin embargo el resto de los aeropuertos civiles, sin excepción, están plenamente justificados y habría que aspirar a que cada ciudad de más de 100.000 habitantes tuviese uno a menos de 100 kms. La red de aeropuertos forma parte de la malla básica de interés general, como el AVE, que desde el punto de vista económico es un disparate, o las autovías, mucho más caras que los aeropuertos. Es necesario liberar el sector permitiendo que crezcan multitud de compañías regionales que operen con los mínimos costes, dejando de lado los oligopolios que se mantuvieron de manera interesada. León, Avilés, Salamanca, Badajoz, Burgos, Valladolid o Vitoria tienen su hueco. Los aeropuertos regionales requieren estructuras de personal muy ligeras para garantizar su operatividad y nada debiera impedir su despliegue. Los más de 160.000 pasajeros –más que el ALVIA en su mejor registro- del aeropuerto de León en 2007 nos dan la medida del objetivo a alcanzar. Los malos gestores al frente del consorcio deben ser sustituidos. El aeropuerto tiene elementos diferenciales que pueden ser ventajas que se traduzcan en tráfico, como la altura sobre el nivel del mar o el embarque y desembarque rápidos. Hay que poner gestores capaces de colaborar con la dirección del aeropuerto para que recobre y supere la actividad de hace 5 años. Y debe quedar claro que a los leoneses tener un aeropuerto en Valladolid u otro en Avilés ni les aporta ni les ayuda gran cosa. A ver si somos capaces de quitarnos la boina para siempre y mirar al futuro de una economía moderna.

La León-Braganza y los Pusilánimes

En 2009 leoneses, zamoranos y trasmontanos conformaron la asociación para reivindicar una vía rápida transfronteriza entre León y Braganza. El acuerdo fue general: técnicos, particulares, instituciones, autoridades y asociaciones se integraron rápidamente. Como se documentó desde entonces, este corredor vendría a completar la malla básica de transporte de mercancías del noroeste con un notable aumento de valor para toda la zona. Para Gijón es una puerta crucial a la autovía del mar que une su puerto con el de Nantes. Para Oviedo y León abrirá el mercado portugués, que está muy cerca, pero es un coto vedado por la inexistencia de comunicaciones. Para La Bañeza y Puebla de Sanabria es una posibilidad de atraer nuevos viajeros y empresas, y de completar su oferta turística. Para Braganza supone enlazarse con la ciudad española grande más cercana y abrir un nuevo corredor de mercancías y viajeros. Para Oporto y su área supone completar una nueva ruta logística en el norte de Portugal –hoy un fondo de saco- con destino a Nantes. Los beneficios para todo el noroeste son tan evidentes que cuesta creer que se infravaloren e incluso se ignoren. La asociación que defiende la vía rápida comprende que en este momento es prácticamente imposible acometer la obra y así lo ha manifestado públicamente. Sin embargo es fundamental que dicho corredor esté presente en los documentos de planificación, en los mapas donde se define qué obras se acometerán cuando salgamos de la crisis. Así lo ha hecho llegar a los políticos autonómicos y, más concretamente, al consejero de fomento y al presidente autonómico, al igual que a los procuradores por León. La respuesta de los populares ha explicitado una falta de compromiso con cualquier cosa que no sea Valladolid, como es el caso, que hiere las sensibilidades más aceradas. Sólo se les pide que tramiten su inclusión en los planes del ministerio, pero la boina no les deja ver la trascendencia de lo que se les propone. Sólo tienen ojos para Valladolid. Habría que preguntarse cómo es posible que los leoneses en la corte hayan llegado a estar dominados por pusilánimes. ¿O fue un descuido?

Juntas Vecinales y Reformas

Hay agitación en la calle con la situación de las juntas vecinales ante la reforma de las administraciones públicas. He de decir que, una vez leído el anteproyecto de ley, el descontento y la inquietud están plenamente justificados. Las juntas vecinales son herederas de los concejos, instituciones tradicionales de nuestros pueblos, que han regido su funcionamiento colectivo durante siglos. Los concejos son los mayores propietarios de suelo de la provincia, así como de inmuebles (teleclub, escuela, casa del maestro, molinos e incluso la iglesia, el cementerio y la casa del cura hasta que los obispados han arramblado con ellos al abrigo de una ley censurable). Con sus normas mantuvieron caminos, cauces de río y presas, pastos ... mediante la movilización de los vecinos del pueblo: los concejos son un auténtico tesoro del capital social. Todo su patrimonio es producto del esfuerzo colectivo y de la contribución de cada vecino de las comunidades de aldea durante siglos. Hoy esos bienes están administrados por las juntas vecinales, una creación que la administración central superpuso a los concejos para encajarlos institucionalmente. El anteproyecto de ley propuesto exige a las juntas vecinales presentar sus presupuestos, cosa que está muy bien. Esa es la única forma de prevenir y evitar desmanes. Sin embargo se dice que las que no presenten las cuentas quedarán disueltas, cosa que no sucede con otras administraciones y entes públicos. Además aquellos pueblos que por esta causa perdiesen su junta vecinal no podrán restituirla ya. Sólo una suerte de sucedáneo, un representante del municipio, podrá ser instituido en su lugar. En resumen, lo que pretenden que constituya carta de ley es la liquidación de las juntas vecinales en cuanto tengan un descuido. Los beneficiarios serán los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Como la provincia cuenta un tercio de las juntas vecinales del país este anteproyecto es un atentado directo contra la organización gentilicia de los leoneses. Un ejemplo más de cómo se desestructura y esquilma nuestros pueblos, que eran ejemplos de equilibrio sostenible, hasta dejarlos inanes.

Universidad: Crisis y Oportunidad

La reducción de recursos económicos destinados a las universidades está provocando un replanteamiento de su actividad educativa. En los últimos años los centros españoles habían desdoblado carreras a base de especializar los estudios. A eso se sumaba la proliferación de facultades y campus sin lógica alguna. El resultado final fue la emisión de miles de titulados en disciplinas que el mercado de trabajo demandaba con una intensidad muy inferior. Hay que decir abiertamente a la comunidad universitaria que, desde ese punto de vista, se ha estado engañando a miles de alumnos, ciudadanos al fin, a los que se generó expectativas falsas. Todo para conseguir que dedicasen al menos 3 años de sus vidas a estudiar a mayor gloria del profesorado y las estructuras departamentales. En las facultades no se habló abiertamente de exceso de estudiantes ni a éstos ni a las instancias superiores, porque era más cómodo y personalmente beneficioso callar. No se adoptó la actitud combativa que un colectivo sedicentemente elitista hubiese debido adoptar. La crisis ha traído la posibilidad de remover unas estructuras atrincheradas en la rutina y sin embargo ya se percibe el peligro de que esta reforma sea otra oportunidad perdida. Es necesario poner de manifiesto los problemas más graves de la institución universitaria para acometer su solución. No es posible seguir expidiendo títulos, en una suerte de academicismo industrial, para disciplinas que el mercado no demanda porque se está engañando a mucha gente. No es posible superespecializar las carreras si no se integra profesorado de las empresas del sector. Los profesores criados perpetuamente a las ubres de la universidad no pueden hablar de la experiencia diaria en esos ámbitos, de sus necesidades y problemas. No es posible mantener juntas las enseñanzas de aplicación directa y las estrictamente teóricas, que hay que preservar en una medida justa: ni más de lo necesario, ni menos de lo conveniente. No es posible sostener profesorado didácticamente desastroso en algún caso, o el que requiere el apoyo de sospechosas academias. Para resolver todo eso puede servir esta reforma.

Fusión, Cajas, Políticos y Soluciones

La política seguida para fusionar las cajas en la autonomía de Castilla y León ha concluido en el deterioro cuando no desaparición de todas esas entidades financieras. Hace unos días los políticos autonómicos populares tuvieron la osadía de argumentar su inocencia porque, según explicaron, no se hizo lo que ellos decían. Conviene analizar con calma su actuación, que les hace responsables del desaguisado. El PP autonómico pretendía reunir en una sola entidad todas las cajas. Eso hubiese concentrado los riesgos, riesgos inaceptables asumidos por consejos de administración atestados de políticos populares (y de los otros). Como tampoco había complementariedad ni en territorios ni en cartera de inversión, la fusión se hubiese traducido en miles de despidos y cierres de centenares de oficinas para obtener un mastodonte henchido de basura inmobiliaria. La intervención hubiese sido inevitable, más si se tiene en cuenta que hubiese quedado en manos de un consejo dominado por tan desastrosos estrategas. La situación no hubiese sido peor si las fusiones hubiesen buscado complementariedades fuera de la autonomía. Antes bien, se habrían salvado puestos de trabajo y la corte de ineptos minimizaría su influencia en un negocio que han demostrado desconocer. Dicen que la ignorancia es la madre de todos los desmanes. Así nos ha ido. Pero volviendo a la situación del Banco CEISS, ahora es necesario plantear nuestro interés como ciudadanos leoneses por una parte y como ciudadanos españoles de otra. Que CEISS va a necesitar cuantiosos fondos públicos para subsistir es una realidad en un marco financiero en que no se deja quebrar ninguna entidad. La cuestión clave es ¿para qué reflotar con fondos públicos si luego se va a regalar el banco a un tercero, como sucedió con el banco de Valencia por ejemplo? Aunque cueste un poco más es preferible dejar una entidad independiente, pero capaz de competir en un negocio que va camino de convertirse en un oligopolio similar al de la energía. Y todos sabemos las consecuencias: aumentar el coste del servicio y establecer una falsa competencia para maquillarlo. Por eso CEISS mejor solo.

Un País sin Controles

Cuando se busca la raíz última de los desatinos que ha originado la crisis actual se recurre frecuentemente a la pérdida de valores. Sin embargo en un estado de derecho hay leyes y normas de diverso rango para preservar las reglas del juego y hacer que se cumplan. Son dos los mecanismos que han de garantizar el funcionamiento de las reglas: los órganos de inspección y los judiciales. La eficacia de los órganos de inspección viene dada por la diligencia de sus miembros en la labor que tienen encomendada y la independencia con la que deben operar. Así la inspección de Hacienda, por ejemplo, puede dedicarse a revisar la actividad empresarial de siempre o puede implicarse en la corrección fiscal de actividades no declaradas, de personajes adinerados e influyentes, de círculos en torno al poder, etc. Los jueces y fiscales a su vez pueden esperar pasivamente la llegada asuntos o tomar parte activa ante sucesos que evidencian indicios de delito. La impunidad de los indecentes ha sido la peste de nuestro sistema político y ha llevado a la descomposición de las instituciones. Y la causa es una creciente interrelación entre los órganos inspectores y judiciales, los políticos y las élites financiero-empresariales. La impunidad empezó en la cúpula y se va extendiendo, como una septicemia, hacia los niveles más bajos de la estructura del Estado. Los inspectores del Banco de España acaban de hacer saber que sus desfavorables informes sobre las cajas de ahorros fueron ignorados y solapados durante años. Sin embargo no parece que se vaya a pedir responsabilidades a los próceres del Banco de España. Qué decir del Tribunal de Cuentas, dirigido por ancianos de hasta 85 años con salarios de 120.000 euros anuales, coche oficial y dos secretarias. ¿Se les pedirá responsabilidades por sus dejaciones? El último episodio bochornoso de esta copulación entre política y control es el fichaje de Rodolfo Martín Villa, de 78 años, para los órganos de dirección de la SAREB, el banco malo. ¿Qué se puede esperar de una institución que empieza con semejantes mimbres? ¿Y de los jueces que entran en política y vuelven a la judicatura?