Se escenifica estos días la dramatización que, entre la Junta de Castilla y León y los partidos de la oposición, tiene lugar cada año por estas fechas. En ella los presupuestos se discuten como si fuesen el reflejo fiel de las inversiones y gastos institucionales. Nada más lejos de la realidad. Ejercicio tras ejercicio comprobamos en las memorias de cada consejería que entre lo pretendido y lo realizado existe una notable distancia.
A pesar de haber transformado los presupuestos -eficaz herramienta contable- en carnaza política, su publicación nos permite vislumbrar las grandes líneas de actuación de la Junta. Así, los tomos traslucen un problema nuclear de León y de esta Comunidad Autónoma. La aplicación provincializada, tras depurar los artificios contables que hacen figurar fondos de otras administraciones como propios, demuestra que León no recibe lo que le corresponde según las reglas de la proporcionalidad. Esta situación viene repitiéndose desde el primer presupuesto del ente. El montante no invertido o gastado en León en los últimos dos decenios supera el billón en pesetas constantes del año 2000. La detracción de fondos de los contribuyentes leoneses para ser invertidos en otras zonas no se puede calificar de solidaria, puesto que es unidireccional -siempre hacia Castilla-, no se transfiere de los más ricos a lo más pobres, sino al contrario, y carece de causa legítima. Tal circunstancia, que unos motejan de colonialismo, otros de expolio y algunos de simple desequilibrio, resulta inexplicable en un estado moderno, según conviene la mayoría.
La territorialización de los dineros públicos es una necesidad, con independencia de que cierta parte de los mismos se destine a un fondo de solidaridad o cohesión, de asignación escrupulosa, por estricta necesidad. En este camino se encuentra, entre otras, la propuesta de la federación de municipios y provincias llamada “segunda descentralización”. Según la misma la Junta debería transferir competencias y fondos a los ayuntamientos, mancomunidades, comarca y diputaciones. Eso permitiría paliar la penosa situación financiera de muchas de nuestras entidades locales. Situación originada en parte debido a la escasez de fondos aportados por la institución autonómica y a la necesidad de cubrir servicios que ésta se negaba a dotar. La territorialización del presupuesto que debería aparejar este proceso podría suponer un cierto retorno a la lógica en el campo de la inversión pública en León. Por esa razón, vistos los desafortunados precedentes, habrá que observar con detenimiento el desarrollo del proceso transferencial que se avecina. ¿Cómo resolverá estas contradicciones el ya asentado, aunque todavía nuevo presidente autonómico?
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