La acción de gobierno en las instituciones públicas supone el ejercicio de la autoridad que confiere la ley. Es frecuente que la imposición de normas y de los criterios que más convienen a la comunidad cree tensiones entre los gobernantes y ciertas capas de ciudadanos.
En la democracia la contradicción entre grupos de votantes y autoridad pública se puede convertir en un pulso entre quienes deciden y quienes les refrendan electoralmente. Del resultado de esta pugna se deduce la existencia de un liderazgo débil o fuerte, o también si el apoyo civil a una iniciativa es extenso o no.
Esta reflexión viene a cuento por lo sucedido en torno a la conexión del Polígono 10 con
El Polígono 10 es una extensa zona de relativa modernidad cuya característica más acusada dentro del sistema metropolitano es el aislamiento. Se trata de una bolsa a la que se puede acceder sólo por dos pasos, ambos cercanos entre sí y situados a poniente. El resto del perímetro, que abarca un rectángulo de varios kilómetros, cuenta con barreras que impiden el acceso rodado hacia o desde cualquier otra dirección.
El resultado de esta configuración urbana es un barrio que recuerda a otros similares de las ciudades del entorno, como Huerta del Rey, en Valladolid, o Torre Cerredo, en Gijón. Se trata de tramas urbanas donde el comercio ha fracasado o es muy débil, los precios inmobiliarios se han congelado en términos relativos y la sensación de soledad e inseguridad por las noches es patente.
En definitiva, el Polígono 10, que se edificó con la aspiración de crear una zona residencial novedosa en su momento, se encamina hacia la suburbialización. Es sólo cuestión de tiempo que los precios se estacionen lo suficiente como para atraer el desequilibrio social, y que los edificios, habitantes y zonas comunes envejezcan. Entonces el paisaje del barrio se deteriorará irreversiblemente.
La conexión del Polígono 10 con
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