Las declaraciones de un consejero han suscitado el escándalo. Que la Junta de Castilla y León reclame el reparto entre toda la Autonomía de los fondos de cohesión que el Gobierno Central quiere destinar al País Leonés y a Ávila es la causa. Dicho consejero es vicepresidente de la Junta. Se trata del dirigente que más tiempo lleva en el gobierno autonómico, casi dos décadas. Ha pasado por gran parte de las consejerías, que se encuentran tomadas por altos cargos de su cuerda. Se dice que él es quien dirige en realidad el gobierno. De ello se deduce que las declaraciones de este hombre muestran la voluntad de la Junta.
Tras las primeras reacciones en León, el ejecutivo autonómico se apresuró a matizar que lo que se había pedido era ampliar los fondos de cohesión de 900 millones a 1500. Por esta vía se pretendería dedicar el excedente a otras provincias, respetando los 900 millones propuestos inicialmente para la zona desfavorecida. Sin embargo, si se indaga la naturaleza de esas intenciones resulta difícil encontrar una justificación razonable.
El núcleo de la dicusión sobre estos fondos europeos no está en si la Región Leonesa y Ávila reciben 900 ó 1500 millones de euros. La cuestión es que, utilizando la pobreza de esas tierras, se pretenda hurtar sus recursos para aplicarlos en Valladolid o Burgos, provincias con niveles de renta que superan a otras zonas ricas de España. Tanto si aplican 900 millones como si son 1500, el destino ha de ser Ávila y la Región Histórica de León.
Por otra parte, es cínico quien reclama fondos de cohesión para provincias ricas. Sobre todo si al tiempo protesta porque las provincias catalanas, algunas con rentas más bajas, quieran destinar menos a fondos de nivelación. Así, resulta lógico que en Cataluña no se quiera transferir “fondos de solidaridad” para que Valladolid u otras provincias ricas, que disfrutan de una renta superior a buena parte de Cataluña, los reciban. Es evidente que gobiernos autonómicos como la Junta son los que provocan tensiones en España.
Mientras tanto la Provincia de León apenas recibe atención de la Autonomía desde que se inició el Plan del Carbón. La Junta retiró partidas propias, que se vieron sustituidas por fondos del programa. El resultado ha sido que las zonas mineras han recibido importantes asignaciones, aunque menos de lo que les correspondería, al no existir el efecto de la adicionalidad. Por el contrario, el resto de la Provincia sufre un aguda anemia económica que amenaza prolongarse tanto como dure el binomio del plan de las cuencas mineras, y la Junta de Castilla y León.
En definitiva, esos fondos europeos no corresponden a Valladolid ni mucho ni poco. Que la Junta pretenda desviarlos, cuando venían a subsanar su déficit de inversión en el País Leonés es una ...
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