Junta, Cajas y Fusiones

Durante las últimas semanas se han concatenado manifestaciones sobre una posible fusión de las cajas de ahorro de la autonomía. Pasados unos días lo que ha decantado en la opinión pública leonesa son los pronunciamientos defendiendo la inamovilidad de la sede de Caja España. Sin embargo este debate merece una revisión más profunda.

La actividad financiera ha de evolucionar acompañando a otros sectores empresariales. Las grandes dimensiones de algunas empresas no financieras exigen operaciones crediticias importantes para desarrollar su quehacer. Las entidades de crédito más pequeñas pueden acceder a este creciente segmento de negocio gracias a actuaciones mancomunadas. Sin embargo la agilidad de los grandes bancos y cajas para abordar estas oportunidades, en solitario, es una ventaja sobre los competidores medianos y pequeños.

Por el mismo motivo éstos tampoco pueden acceder al accionariado de grandes empresas con posibilidades de control en el consejo de administración. Sólo mediante trabajosos acuerdos consiguen influir, posición que las grandes entidades conquistan gracias a su mayor poder económico para adquirir grandes paquetes accionariales.

So pretexto de estas limitaciones se viene promoviendo desde la Junta de Castilla y León la fusión de las dos mayores entidades de su territorio: Caja España, y Caja Duero. Parece ser que no existen contactos oficiales, pero los pronunciamientos de altos cargos del ente autonómico no dejan lugar a dudas. Se trataría de convertir la Caja resultante en una herramienta al servicio de sus políticas.

Pese a que la propuesta parezca acertada a priori, una profundización conduce a otras conclusiones. Así, uno de los puntos clave para definir una estrategia de fusión es la complementariedad entre las corporaciones. Sin embargo sendas cajas de ahorro presentan áreas de colisión, pues gran parte de la red de oficinas está superpuesta. Las estrategias de crecimiento tampoco han sido coincidentes. En resumen, la economía de escala no lo es todo y esta opción está preñada de ineficiencia.

Por otra parte, con ella se perdería una sede central, habría que cerrar numerosas oficinas y reubicar empleados con abundantes costes. Mucho más si, como pretende Villanueva, la sede emergente se trasladase a Valladolid. En definitiva, el único ganador del proceso sería la Junta. León y Salamanca perderían aún más peso, y el sector financiero autonómico quedaría debilitado.

En contraste, propiciar que ambas cajas busquen adquisiciones en zonas extraautonómicas donde tienen poca presencia resulta prometedor. Así ambas podrían ganar dimensión, la autonomía dispondría de dos sedes financieras notables. Además el oeste de la comunidad no quedaría a merced del localismo destructor de Valladolid, y de su muda comparsa.