La sentencia de los tribunales acerca de la institución responsable de la gestión de los Parques Nacionales ha abierto un debate muy interesante. Como se sabe, la sentencia confirma a las comunidades autónomas como responsables de la gestión de estos espacios. Gracias a ella ahora conocemos que los criterios de conservación y explotación de estas zonas protegidas no son homogéneos, algo que podía darse por entendido previamente.
El caso de los Picos de Europa ha puesto de manifiesto los distintos intereses territoriales, ya que se trata del único Parque con espacios en tres comunidades autónomas: Castilla y León, Asturias y Cantabria, por este orden de importancia. Los problemas dentro de los tres fragmentos son diferentes, ya que en lado leonés existe un racimo de núcleos de población habitados sin parangón en los otros dos.
La gestión del Parque Nacional que se había llevado a cabo hasta ahora partía de una comisión tripartita en la que el espacio leonés quedaba en desventaja, puesto que cántabros y asturianos pactaban medidas e inversiones según su interés. Debido a esta situación los Picos de Europa leoneses han quedado sistemáticamente en desventaja económica y sujetos a reglas que iban en contra de la sostenibilidad de la población local. La sentencia judicial permite romper esta estrategia de los transcantábricos.
Por lo tanto tras la reivindicación de
Otra discusión de superior calado es la relativa al grave error que se está cometiendo con la transferencia de estas competencias a las autonomías. La protección de los espacios naturales debería seguir criterios objetivos de rango superior al autonómico y alejados de los intereses locales, como la sanidad animal y tantas otras transferencias inadecuadamente transferidas. La gestión de los Parques Nacionales no gana en calidad con su descentralización, sino, más bien, lo contrario. Pero ese es otro debate.
Por otra parte, es paradójica la reclamación de
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