Trasvases

Mucho se habló en la primera mitad de este año sobre la conveniencia o no de desarrollar el trasvase del Ebro y, en general, de potenciar la política de trasvases. Cualquier momento es bueno para dialogar sobre políticas de estado, pero si hay uno especialmente apropiado para ésta es el presente. Debatir hoy sobre el acierto de desarrollar una política de trasvases masivos es óptimo, puesto que en este momento conocemos los excedentes de las cuencas potencialmente emisoras.

Llegado este Septiembre, se comprueba cómo ninguno de los ríos pretendidamente excedentarios contienen recursos sobrantes. Las aguas que se vierten al mar son de tan mala calidad que no pueden ser consideradas útiles para el consumo, por lo que tampoco debería hacerse esfuerzo alguno por trasvasarlas.

Además, se está poniendo en evidencia más que nunca que el mayor trasvase de la Historia de España, el Tajo-Segura, -que nunca se ha podido utilizar al máximo de su capacidad- provoca una situación de injusticia en la que la cuenca donante permanece en penuria para garantizar el enriquecimiento, que no la supervivencia, en la zona receptora.

En tales condiciones, la política de grandes trasvases, definida en el Plan Hidrológico Nacional redactado por el anterior gobierno, sólo produciría problemas para el interés general y tensiones territoriales innecesarias.

La Ministra de Medio Ambiente ha definido con acierto el consumo hídrico de los españoles como “nuevorriquismo” por su acusado exceso. Ese concepto del gasto ostentoso, sin medida, tiene una solución eficaz: pagar el bien del que se trate al precio real en cada lugar, puesto que si se malgasta agua allá donde sobra no es justificable, pero menos lo es todavía allí donde no existe.

Por esta razón el aprovisionamiento de agua en la costa mediterránea, fuente de casi todos los problemas de déficit, debería garantizarse a través de la desalación, al igual que en las Islas Canarias, o en la ciudad de Tarragona, por ejemplo. La subida de las tarifas del agua en lugares donde la irracionalidad urbanística es común, como en las provincias de Alicante o Murcia, puede ser un freno eficaz contra los excesos. Los gobiernos autonómicos valenciano y murciano -tan combativos en la “guerra del agua”- deberían asumir que el medro de sus conciudadanos no puede llevarse a cabo a costa del empobrecimiento de todos. Quien gasta ha de pagar y quien quiera lujos extravagantes -como las numerosas urbanizaciones de chalets en medio de zonas semidesérticas- debe autofinanciarlos.

Mientras tanto, a otra escala, conviene vigilar el destino de los recursos de la codiciada cuenca del Esla. Pronto será necesaria más agua en Valladolid, y alguien propondrá hacer nuevos embalses... en otra provincia para trasvasar más. ¿Será Omaña la zona elegida?