miércoles, 22 de julio de 2009

La Nueva Financiación Autonómica

Las portadas de los medios se han visto ocupadas por el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Las informaciones facilitadas son parciales e incompletas y las opiniones están mediatizadas por la afinidad a uno u otro partido. Se pone de manifiesto la incapacidad de la militancia política para reflexionar sobre las cuestiones de estado. Todo queda en lemas y en consignas. Algún día el país pagará esta incomprensible frivolidad.
Por lo que se sabe, el sistema garantiza la igualdad en las prestaciones básicas, como educación y sanidad, que ya están transferidas. Esto es fundamental para mantener cierta cohesión social. Por el contrario, no cierra la lista de las prestaciones sanitarias por lo que tampoco evita déficit injustificables al querer prestar demasiados servicios con los mismos fondos que el resto.
El nuevo modelo transfiere más impuestos a las autonomías. Pasa de 33% al 50% en el IRPF, del 35% al 50% en el IVA y del 40% al 58% en los impuestos especiales. Esto es positivo porque da corresponsabilidad a las autonomías en función de su capacidad recaudatoria, pero lamentablemente podría fraccionar el territorio si éstas deciden variar la fiscalidad.
Se intuye que el sistema va a dar un poco más a los que más recaudan, lo que en principio parece injusto. Sin embargo nadie manifiesta que en los lugares más dinámicos, como Madrid o Cataluña, es más cara la prestación de servicios porque los costes son mayores. Además, por fin se va a considerar la distribución de la población actual, muy diferente a la considerada hasta ahora: la de principios de siglo. Por último, se dice que Cataluña se beneficia del nuevo sistema. Hay que advertir que es casi el 20% de la población española, que es la comunidad que más aportación neta hace al sistema y que su actividad no se nutre de la administración pública, como la de Madrid. Era de justicia acrecer el retorno fiscal a Cataluña. Sin embargo se pasa de puntillas sobre los regímenes forales: los del País Vasco y Navarra. Cuestan al resto del país –sean madrileños o extremeños- una montaña de recursos y no aportan nada a la solidaridad interregional.

2 comentarios:

Alfonso Mielgo dijo...

Javier, Cataluña será el 20% de la población española, pero Castilla y León es el 20% del territorio... también hay que administrarlo.
Además, ¿Quién paga?, ¿Cataluña o los ciudadanos?, yo pago lo mismo que un catalán, ¿por qué he de tener peores servicios?... podíamos provincializarlo todo y desgajar Barcelona... ¿ahora qué pasa?, pues que un pagés ilerdense tiene mejor financiación para sus servicios que un capitalino leonés o ponferradino.

Si como todo indica, se aprueba el estatut, debemos fijarnos en la procedencia de los artículos que compremos, como autodefensa, pues ese IVA redundará en Cataluña... si compras en el leclerk, (razón social Toriodis en Trobajo), el IVA queda ítegro en "zona nacional", aunque ésto suene muy muy mal.

Cisastur dijo...

No creo que la solución de los territorios pobres sea subvencionarlos a perpetuidad. Creo que hay que exigir retornos, como los exige la UE. Eludir ese control por una supuesta solidaridad, que esconde corruptelas, no es la solución.
Además, dar servicio en Barcelona es bastante más caro que en León. ¿Quién cubre eso?
Otra cosa es hablar de los territorios forales, o de una posible cesión del impuesto de sociedades, o de todo el IVA. Eso sería para hablar en otros términos.