jueves, 26 de noviembre de 2015

CARBÓN Y PAÑOS CALIENTES

El gobierno central ha declarado en los últimos días que habría que hacer nuevos esfuerzos por compensar a las cuencas mineras. La cuestión llega cuando termina la legislatura, con las elecciones generales a poco más de un mes vista y con las comarcas mineras en un estado de desplome económico y demográfico que hace difícil de creer en el éxito de cualquier plan. Cuando llegó el gobierno de Mariano Rajoy, en enero de 2012, había 5604 cotizantes a la seguridad social pertenecientes al régimen especial de la minería del carbón en toda España. En octubre de este año quedaban 3684, por lo que se produjo un descenso del 35% en solo 4 años. Son unos resultados muy abultados para que el gobierno no fuese consciente de la situación. De 1797 a 865 cotizantes fue el descenso experimentado en León, que se llevó la peor parte en este cuatrienio: la mitad de la pérdida total Se puede argumentar que este sector es pequeño. Sin embargo hay que saber que el personal que atiende los cielos abiertos, las subcontratas de vigilantes, de mantenimientos, de reparación, de repuestos y suministros varios, reúne a varios miles de empleados más y están parados. La caída del carbón en León ha arrastrado a varios miles de trabajadores al desempleo. Eso explica la aguda crisis tanto en la cabecera de León como en la de Ponferrada. Pero no es eso el final, sino que se habla abiertamente del cierre de la central térmica de Anllares y del de dos grupos térmicos: uno en La Robla y otro en Compostilla. En consecuencia estamos ante la liquidación de un sector. Si no hay quien compre el carbón, no hay mina. Las centrales térmicas dejaron de comprar y el gobierno no forzó el consumo fijado en los acuerdos. Una vez cerradas las minas, que no pueden vivir sin facturar su producción, se justifica el cierre de las térmicas porque no hay minas. Y el gobierno dice que no se había dado cuenta. ¿Será que los diputados y senadores populares ni ven, ni saben, ni entienden, ni transmiten? Que la vicepresidenta diga que hay que tener un plan alternativo para las cuencas a estas alturas de la legislatura parece una burla. Que en la comunidad europea se contemple ahora el carbón como una reserva estratégica de energía autóctona y que el gobierno no haya sido capaz de sostener para ello un sector con 6000 mineros, parece una broma de mal gusto. Y que se utilice este drama laboral y humano para acudir a las elecciones con algo que ofrecer parece una tomadura de pelo. A lo mejor se prefiere depender del suministro de hidrocarburos de países inestables. Alguien sabrá agradecerlo.

CATALUÑA Y LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Los ganadores de las elecciones en Cataluña promueven la independencia de ese territorio a partir de una decisión unilateral. Este movimiento se realiza partiendo de un apoyo minoritario de la población, por lo que carece de la legitimidad más elemental en un proceso constituyente. En este sentido se puede afirmar que la pretensión de los independentistas es la de un golpe de estado. A partir de ahí se pueden añadir matices sin fin, pero los fundamentos de ese proceso son los dichos. Y no entramos ya en el respeto a la legalidad, segunda cuestión que, una vez expuesto lo antecedente, ni viene al caso. La Junta de Castilla y León promovió un pronunciamiento contra ese proceso, que tituló “Por el futuro de todos”, en el parlamento autonómico. La cuestión de fondo, la restauración de la convivencia, es algo en lo que seguramente la mayoría de los ciudadanos estará de acuerdo. Sin embargo utilizar el texto, tal cual se hizo, para hacer una loa de esta autonomía como ejemplo de convivencia es una barbaridad. A los firmantes, entre los que inexplicablemente se encontraba la UPL, los socialistas de León o los populares de esta provincia, les pareció bien apoyar un texto que da a entender que el proceso constituyente de esta autonomía fue normal. Nada más lejos de la realidad. Como se ha sabido por los propios protagonistas, León fue absorbido, a pesar de la oposición de la mayoría social, en esa administración; como lo fue Segovia, que cumplió todos los pasos legales para ser autonomía. El desacuerdo con este ente mixto se ha prolongado con peticiones de segregación de la diputación provincial, de ayuntamientos, manifestaciones masivas varias y un activo movimiento social que perviven treinta y tantos años después. La respuesta de la Junta ha sido el aleccionamiento, especialmente de los jóvenes, cuyo último episodio consistió en la inclusión de un mapa falso en los exámenes de selectividad. En el se ocultaba la Historia de León. Eso por no hablar del traslado de empresas a Valladolid o del desvío de fondos mineros a provincias sin minas. Se puede añadir mucho más, pero no es necesario. La legitimidad de la Junta de Castilla y León para dar lecciones de convivencia es escasa. Se basa en la actitud pacífica y civilizada de los leoneses ante una agresión que ha descapitalizado económica y humanamente su territorio. Hablar de convivencia y querer dar lecciones de la misma cuando la ejecutoria de la Junta se asemeja al colonialismo más clásico resulta inaceptable. El análisis de la evolución de León no permite ni sonrisas ni consejos.

viernes, 13 de noviembre de 2015

EL MITO DEL EMPRENDIMIENTO

Está de moda hablar de la conversión de los parados en emprendedores para salir de su condición. El emprendimiento se ha transformado en un mantra de las autoridades, que acompaña a otros como el de la movilidad geográfica del trabajador o la formación, cuando se hace referencia a las posibles salidas del desempleado. Sin embargo, como todo tópico, estos consejos han llegado a convertirse en palabras vacías y pueden llegar a ser pésimos. Que un trabajador se lance a crear su propio puesto de trabajo como autónomo supone que ha de hacerlo en sectores en crecimiento, capaces de absorber a más competidores. Si no es así, lo normal es que fracase o que expulse a otros del mercado de trabajo para ocupar su puesto. Si fracasa lo hará descapitalizado, tras haber invertido sus recursos en el intento, y sin derecho a paro, por ser autónomo. En ese momento el mito del emprendedor se puede convertir en un infierno. Y puede ser un infierno porque en un mercado de trabajo donde hay una activa rotación de los trabajadores no pasaría nada grave, quedaría inmediatamente integrado. Pero en un mercado laboral como el español, donde volver a entrar en la ocupación es muy complicado, resulta arriesgadísimo. En ningún otro país la gente se aventuraría demasiado con estos condicionantes laborales. No hay un estado con una presión laboral como la española, salvo Grecia, dentro de los países desarrollados. Y eso es algo que las autoridades nunca citan. Emprender en otro país no tiene los durísimos condicionantes y peligros que tiene en España. Entonces ¿dónde está la clave del empleo en este país? Parece haber dos pistas claras. Por un lado, una local: la necesidad de exportar para crear más empleo aquí y alejar el desempleo hacia los importadores. Para exportar es necesaria una mayor dimensión de la mayor parte de nuestras empresas. Por lo tanto un primer paso es impulsar el crecimiento de la pequeña empresa hacia un tamaño medio (organizaciones de 100 a 400 empleados), cosa en la que los sucesivos gobiernos han hecho muy poco. Por otra parte existe un nuevo vector a nivel mundial: las nuevas tecnologías, al contrario de lo que pasaba hasta ahora, no crean una cantidad equivalente de puestos de trabajo a la que destruyen. Eliminan más ocupación de la que crean. Por eso, incluso para los liberales, empieza a estar claro que se debe plantear un futuro con el horario de trabajo reducido y la limitación a la remuneración de los accionistas, a fin de evitar el empobrecimiento de los trabajadores y de toda la sociedad al fin.

PENSIONISTA ALEGRE, TRABAJADOR POBRE

La crisis que experimenta la economía, tras ocho años, ha demostrado ser en realidad un cambio de modelo económico: cambio en el orden de las cosas que considerábamos normal hasta 2007. Uno de los aspectos que resulta más contradictorio es el contraste entre el nivel de vida de los nuevos asalariados y el de muchos pensionistas cuyas cotizaciones venían del periodo anterior a la crisis. Los nuevos salarios se han ido reduciendo marcadamente gracias a la reforma laboral del gobierno actual. En ella se redujeron las indemnizaciones, armonizándolas con las de otros países europeos en su cálculo. Por otro lado no se produjo una elevación del salario mínimo, por lo que aquellos que se incorporaron a la vida laboral en los últimos años lo hicieron frecuentemente con salarios líquidos entre los 600 y 900 euros. Con estos ingresos una persona apenas puede independizarse del hogar paterno. Mucho menos acometer una vida familiar con hijos. Por esta causa es cada vez más frecuente ver trabajadores sin apenas capacidad de consumo, en los límites de la pobreza, entre los jóvenes. En contraste, los jubilados que proceden de la etapa laboral anterior a 2008 han visto cómo sus pensiones ganaban valor, puesto que los precios de los bienes básicos (ropa, comida, combustible …) han bajado. Como las pensiones no han sufrido recorte y la oferta estatal de viajes y servicios a este colectivo ha continuado, su nivel de vida medio mejoró. De hecho es frecuente que un jubilado cobre una pensión superior al salario de un trabajador equivalente. Por eso es común que los pensionistas de una familia estén ayudando a hijos o familiares directos. Sin embargo este trasvase de fondos de las generaciones más mayores hacia las más jóvenes está ocultando un grave desajuste social y económico, al evitar una posible sublevación contra este nuevo orden. Y eso no es positivo. No lo es, entre otras cosas, porque los nuevos empleos de baja remuneración apenas generan cotizaciones que permitan sostener el sistema de pensiones. La masa salarial total ha descendido en los últimos años y la agitación social que provocaría se está acallando con aportaciones económicas de los mayores. Pero la realidad es que esta dinámica agota los fondos de reserva de la Seguridad Social y, si no se cambia esta tendencia, habrá un momento cercano en que se terminen y haya que tirar de impuestos para cubrir la integridad de las pensiones. Por eso que los abuelos sufraguen la insuficiencia económica de los hogares de sus hijos y nietos esconde un problema al que sería mejor enfrentarse hoy.