martes, 29 de enero de 2013

Juntas Vecinales y Reformas

Hay agitación en la calle con la situación de las juntas vecinales ante la reforma de las administraciones públicas. He de decir que, una vez leído el anteproyecto de ley, el descontento y la inquietud están plenamente justificados. Las juntas vecinales son herederas de los concejos, instituciones tradicionales de nuestros pueblos, que han regido su funcionamiento colectivo durante siglos. Los concejos son los mayores propietarios de suelo de la provincia, así como de inmuebles (teleclub, escuela, casa del maestro, molinos e incluso la iglesia, el cementerio y la casa del cura hasta que los obispados han arramblado con ellos al abrigo de una ley censurable). Con sus normas mantuvieron caminos, cauces de río y presas, pastos ... mediante la movilización de los vecinos del pueblo: los concejos son un auténtico tesoro del capital social. Todo su patrimonio es producto del esfuerzo colectivo y de la contribución de cada vecino de las comunidades de aldea durante siglos. Hoy esos bienes están administrados por las juntas vecinales, una creación que la administración central superpuso a los concejos para encajarlos institucionalmente. El anteproyecto de ley propuesto exige a las juntas vecinales presentar sus presupuestos, cosa que está muy bien. Esa es la única forma de prevenir y evitar desmanes. Sin embargo se dice que las que no presenten las cuentas quedarán disueltas, cosa que no sucede con otras administraciones y entes públicos. Además aquellos pueblos que por esta causa perdiesen su junta vecinal no podrán restituirla ya. Sólo una suerte de sucedáneo, un representante del municipio, podrá ser instituido en su lugar. En resumen, lo que pretenden que constituya carta de ley es la liquidación de las juntas vecinales en cuanto tengan un descuido. Los beneficiarios serán los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Como la provincia cuenta un tercio de las juntas vecinales del país este anteproyecto es un atentado directo contra la organización gentilicia de los leoneses. Un ejemplo más de cómo se desestructura y esquilma nuestros pueblos, que eran ejemplos de equilibrio sostenible, hasta dejarlos inanes.

miércoles, 23 de enero de 2013

Universidad: Crisis y Oportunidad

La reducción de recursos económicos destinados a las universidades está provocando un replanteamiento de su actividad educativa. En los últimos años los centros españoles habían desdoblado carreras a base de especializar los estudios. A eso se sumaba la proliferación de facultades y campus sin lógica alguna. El resultado final fue la emisión de miles de titulados en disciplinas que el mercado de trabajo demandaba con una intensidad muy inferior. Hay que decir abiertamente a la comunidad universitaria que, desde ese punto de vista, se ha estado engañando a miles de alumnos, ciudadanos al fin, a los que se generó expectativas falsas. Todo para conseguir que dedicasen al menos 3 años de sus vidas a estudiar a mayor gloria del profesorado y las estructuras departamentales. En las facultades no se habló abiertamente de exceso de estudiantes ni a éstos ni a las instancias superiores, porque era más cómodo y personalmente beneficioso callar. No se adoptó la actitud combativa que un colectivo sedicentemente elitista hubiese debido adoptar. La crisis ha traído la posibilidad de remover unas estructuras atrincheradas en la rutina y sin embargo ya se percibe el peligro de que esta reforma sea otra oportunidad perdida. Es necesario poner de manifiesto los problemas más graves de la institución universitaria para acometer su solución. No es posible seguir expidiendo títulos, en una suerte de academicismo industrial, para disciplinas que el mercado no demanda porque se está engañando a mucha gente. No es posible superespecializar las carreras si no se integra profesorado de las empresas del sector. Los profesores criados perpetuamente a las ubres de la universidad no pueden hablar de la experiencia diaria en esos ámbitos, de sus necesidades y problemas. No es posible mantener juntas las enseñanzas de aplicación directa y las estrictamente teóricas, que hay que preservar en una medida justa: ni más de lo necesario, ni menos de lo conveniente. No es posible sostener profesorado didácticamente desastroso en algún caso, o el que requiere el apoyo de sospechosas academias. Para resolver todo eso puede servir esta reforma.

miércoles, 16 de enero de 2013

Fusión, Cajas, Políticos y Soluciones

La política seguida para fusionar las cajas en la autonomía de Castilla y León ha concluido en el deterioro cuando no desaparición de todas esas entidades financieras. Hace unos días los políticos autonómicos populares tuvieron la osadía de argumentar su inocencia porque, según explicaron, no se hizo lo que ellos decían. Conviene analizar con calma su actuación, que les hace responsables del desaguisado. El PP autonómico pretendía reunir en una sola entidad todas las cajas. Eso hubiese concentrado los riesgos, riesgos inaceptables asumidos por consejos de administración atestados de políticos populares (y de los otros). Como tampoco había complementariedad ni en territorios ni en cartera de inversión, la fusión se hubiese traducido en miles de despidos y cierres de centenares de oficinas para obtener un mastodonte henchido de basura inmobiliaria. La intervención hubiese sido inevitable, más si se tiene en cuenta que hubiese quedado en manos de un consejo dominado por tan desastrosos estrategas. La situación no hubiese sido peor si las fusiones hubiesen buscado complementariedades fuera de la autonomía. Antes bien, se habrían salvado puestos de trabajo y la corte de ineptos minimizaría su influencia en un negocio que han demostrado desconocer. Dicen que la ignorancia es la madre de todos los desmanes. Así nos ha ido. Pero volviendo a la situación del Banco CEISS, ahora es necesario plantear nuestro interés como ciudadanos leoneses por una parte y como ciudadanos españoles de otra. Que CEISS va a necesitar cuantiosos fondos públicos para subsistir es una realidad en un marco financiero en que no se deja quebrar ninguna entidad. La cuestión clave es ¿para qué reflotar con fondos públicos si luego se va a regalar el banco a un tercero, como sucedió con el banco de Valencia por ejemplo? Aunque cueste un poco más es preferible dejar una entidad independiente, pero capaz de competir en un negocio que va camino de convertirse en un oligopolio similar al de la energía. Y todos sabemos las consecuencias: aumentar el coste del servicio y establecer una falsa competencia para maquillarlo. Por eso CEISS mejor solo.

miércoles, 9 de enero de 2013

Un País sin Controles

Cuando se busca la raíz última de los desatinos que ha originado la crisis actual se recurre frecuentemente a la pérdida de valores. Sin embargo en un estado de derecho hay leyes y normas de diverso rango para preservar las reglas del juego y hacer que se cumplan. Son dos los mecanismos que han de garantizar el funcionamiento de las reglas: los órganos de inspección y los judiciales. La eficacia de los órganos de inspección viene dada por la diligencia de sus miembros en la labor que tienen encomendada y la independencia con la que deben operar. Así la inspección de Hacienda, por ejemplo, puede dedicarse a revisar la actividad empresarial de siempre o puede implicarse en la corrección fiscal de actividades no declaradas, de personajes adinerados e influyentes, de círculos en torno al poder, etc. Los jueces y fiscales a su vez pueden esperar pasivamente la llegada asuntos o tomar parte activa ante sucesos que evidencian indicios de delito. La impunidad de los indecentes ha sido la peste de nuestro sistema político y ha llevado a la descomposición de las instituciones. Y la causa es una creciente interrelación entre los órganos inspectores y judiciales, los políticos y las élites financiero-empresariales. La impunidad empezó en la cúpula y se va extendiendo, como una septicemia, hacia los niveles más bajos de la estructura del Estado. Los inspectores del Banco de España acaban de hacer saber que sus desfavorables informes sobre las cajas de ahorros fueron ignorados y solapados durante años. Sin embargo no parece que se vaya a pedir responsabilidades a los próceres del Banco de España. Qué decir del Tribunal de Cuentas, dirigido por ancianos de hasta 85 años con salarios de 120.000 euros anuales, coche oficial y dos secretarias. ¿Se les pedirá responsabilidades por sus dejaciones? El último episodio bochornoso de esta copulación entre política y control es el fichaje de Rodolfo Martín Villa, de 78 años, para los órganos de dirección de la SAREB, el banco malo. ¿Qué se puede esperar de una institución que empieza con semejantes mimbres? ¿Y de los jueces que entran en política y vuelven a la judicatura?