jueves, 30 de octubre de 2014

CALIDAD ALIMENTARIA EN EL COLE

El escándalo de los gusanos en la sopa dispuesta en los comedores de los colegios públicos se ha centrado en el aspecto sanitario. Las dudas se han extendido, como es lógico, sobre la salubridad de la comida que se les ha servido a los niños. Si la ingesta de esas viandas produce o puede producir intoxicaciones o toxiinfecciones a los usuarios es una primera preocupación, ya que se pone en peligro la integridad física de esas personas. Del control de ese aspecto ha de ocuparse la red de laboratorios correspondiente y el sistema de calidad de la empresa que lo sirvió. Ha quedado claro que los controles de la adjudicataria del servicio han fallado clamorosamente, ya que no sólo se ha servido la sopa con el mismo problema en un colegio sino en varios. ¿Cuál ha sido el papel de la inspección pública? Un segundo aspecto es el relativo a las cualidades organolépticas de los alimentos que se sirven. En ese apartado hay que evaluar el color, el sabor, el olor, el aspecto general, la textura de lo que se sirve para comer. En otras palabras, más allá de la seguridad sanitaria está la calidad gastronómica. Es en esta vertiente donde la investigación sobrevenida a raíz de los gusanos de la sopa evidencia que no se controla como es debido lo que se les da a los niños. Parece que no importa lo que se les sirva, ni si la mitad de la comida queda sobre las mesas porque no está buena. Este apartado, que afecta a la educación del paladar y a la nutrición de los alumnos ha quedado relegado en el debate, cuando afecta directamente a toda la red de comedores escolares. En estos días nos hemos enterado de que la comida se cocinaba dos veces por semana en Málaga y se traía en camiones hasta Valladolid, desde donde se distribuía. Cuando uno examina lo que come un niño, concluye que es imposible poner comida con buenas cualidades organolépticas en esas condiciones. Imagínense el atractivo gastronómico de una pizza o una tortilla de patata hecha hace dos días. Eso por no entrar en la degradación de sus aportes nutritivos. Fenómenos como el secado, la oxidación, el viraje de color, la pérdida de esponjosidad … hacen que los alimentos no deban permanecer en espera por la pérdida de la calidad percibida a simple vista. Por eso me pregunto quién estaba vigilando este aspecto en la administración pública. En consecuencia me interrogo por los responsables de que a los niños se les sirvan en los comedores productos infraalimentarios, sin necesidad de que en estos haya peligro para la salud. ¿Es que para los niños vale todo?

jueves, 23 de octubre de 2014

EL ABANDONO DEL CAMPO

Uno de los debates emergentes en España es el proceso por el que amplias zonas están quedando desertizadas. El hecho de que alguna de ellas, como el gran vacío del Sistema Ibérico entre Guadalajara, Cuenca, Teruel y Soria, tengan densidades de población inferiores a las zonas del Ártico, desata las alarmas. En León también hemos asistido al proceso de vaciado de gran parte de la provincia y superficies enormes como Omaña o el entorno de Riaño y Picos de Europa presentan densidades de población consideradas desérticas. El fenómeno no tiene comparación en los países de nuestro entorno europeo. El proceso de emigración hacia las ciudades tiene dos causas fundamentales. La primera, que motivó las oleadas iniciales hacia los centros urbanos, fue el desprestigio de la actividad profesional agraria y de todo lo que la rodea.Vivir en un pueblo era considerado durante decenios una condición de inferioridad social. En consecuencia la gente más joven emprendió la mudanza hacia las ciudades en cuanto tuvo la oportunidad. Para muchos padres era una aspiración legítima que sus hijos viviesen en la capital más próxima. Afortunadamente esta apreciación social negativa de la población agraria se ha transformado y actualmente carece de sustancia. La segunda causa de emigración es mucho más reciente: la falta de alternativas económicas y de empleo en los pueblos. Esto se debe a que las posibilidades de obtener ingresos en el campo se basan en mantener una actividad principal y una serie de posibilidades complementarias que ayuden a redondear la renta familiar. Cuando se observa la población rural en el resto de Europa se puede comprobar que esa es la composición. En una casa familiar del campo se puede tener animales de renta, una huerta, algunas habitaciones de alquiler para turistas, elaboración de quesos para venta, o de mermeladas o de otros alimentos. La actividad en el campo se fundamenta en la producción de alimentos sin elaborar. Habría que poder procesarlos. Sin embargo la normativa española impide que cualquier granja pueda vender su producción al consumidor con sencillez. Una maraña de inspecciones, requerimientos sanitarios, permisos y otros obstáculos bloquean la posible transformación de alimentos para la venta. No se trata de que no haya normas, sino de que no se pida lo mismo a una pequeña unidad de producción rural que a una industria. Ese es el problema central, que en lugares como Francia está resuelto y en España no. Y, mientras no se modifique la normativa, no habrá solución.

jueves, 16 de octubre de 2014

LA CRISIS DEL AEROPUERTO

La semana pasada se ha hecho público que el aeropuerto de León acumula este año menos pasajeros que el de Burgos. Ha hecho falta este dato para que un latigazo agitase la vida pública leonesa, pese a que las cifras de tráfico de La Virgen del Camino vienen cayendo agudamente desde hace mucho. Y no es que tengamos que pensar que León es, en movimiento aeroportuario, mucho más que Burgos, o que tengamos complejo de superioridad respecto a esa provincia. Sin embargo el Aeropuerto de Villafría ha estado siempre en unas cifras modestas de pasajeros, que nunca alcanzaron los 40.000 anuales, y con tasas de ocupación de sus vuelos por debajo de las leonesas. El Aeropuerto de León llegó a tener no hace mucho tiempo más de 160.000 pasajeros anuales. Este año va a superar escasamente el 10% de esa cifra. No hay ninguna crisis económica que justifique ese descenso; sólo la mala gestión en la comercialización y en la promoción de sus servicios. Repito: nada puede justificar, en condiciones normales, una caída del 90% en el número de viajeros del Aeropuerto de León. Aunque en al aeropuerto hay varios actores, dos de ellos sobresalen más que los demás: AENA y el Consorcio Provincial para la Promoción. Que acudan operadores a La Virgen del Camino, con el resultado final de un aumento del número de pasajeros, es fundamentalmente producto de la gestión de ambas instituciones. Para ello hay que hacer un análisis primordialmente comercial. Puesto que el aeropuerto no puede ir peor, puede haber llegando el momento de hacer una evaluación de este tipo, aprovechando la nueva presidencia del Consorcio. Las cuentas son ahora relativamente fáciles: un vuelo a Barcelona a las horas adecuadas y con los precios adecuados aportaría por sí solo 35.000 pasajeros al año, casi el doble de los que volarán en 2014. El resto de vuelos, muy inferiores en aportación, pueden acercar la cifra total a 50.000 tal y como están las cosas. Y para este examen no hace falta mucha investigación porque los datos ya se tienen de cuando el aeropuerto permitía volar en esas condiciones de horario y precio, y no había crisis. Entonces solo el destino a Barcelona aportaba 65.000 pasajeros. Por otra parte, es imprescindible salir a buscar compañías con personal eminentemente comercial que domine el inglés. No se puede volver a hacer el ridículo que se sufrió con Ryan Air, cuando quienes tuvieron acceso a su propuesta no la entendieron al estar redactada (cómo no) en inglés. Hay que saber ceder el puesto cuando no se está preparado.

jueves, 9 de octubre de 2014

ÉBOLA Y GASTO PÚBLICO

La posibilidad de que apareciese una infección por virus Ébola, una vez que se había trasladado a un enfermo a España, tenía una probabilidad más alta. Es así en cuantos países han repatriado a enfermos. Que se haga es algo que entra dentro de lo discutible, dada la enorme mortalidad que produce el virus, porque hay argumentos que justifican tanto la repatriación como la atención sanitaria en origen. Sin embargo las dudas que han prendido en la sociedad por cómo se ha hecho frente a este problema en suelo español dejan traslucir inseguridad en nuestro sistema sanitario. Nadie duda de la aptitud de nuestros profesionales sanitarios para trabajar en condiciones de alto peligro infectivo. Sin embargo la primera sorpresa que recibimos los contribuyentes es que las camas hospitalarias mejor adaptadas para este tipo de tratamientos habían sido desmanteladas en Madrid. Es ahí donde las dudas tienen sus raíces. Se ha querido hacer responsable a la ministra del primer caso de transmisión de virus Ébola en humanos en Europa. Personalmente no creo que la tenga, cosa que no la exime de su demostrada debilidad intelectual ni de su cara dura arguyendo no saber nada de qué coche tenía su marido en las declaraciones en torno al caso Gürtel. La sanidad es una competencia transferida a las comunidades autónomas -cuestión ésta que ahora hay que empezar a reexaminar a la vista del papelón-. Por lo tanto los responsables máximos son los del desmantelamiento de camas de hospital costosas y equipos humanos cualificados (y caros), los que acabaron con plantillas redundantes en previsión de emergencias sanitarias y que están al frente de las comunidades autónomas. Es bien conocido cómo Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González hicieron de la erosión de la medicina pública madrileña una cruzada. Por tanto a ambos les toca explicar cómo aprobaron cerrar las plantas de hospital para tratamientos de infecciones más peligrosas. La cuestión tiene más aristas cuando se conoce que la nómina de familiares de Aguirre en puestos de libre designación de la administración es notoria. Esos liberalismos peculiares que tanto abandera cuestan inseguridad pública en las crisis, graves daños a la imagen internacional y quebrantos en los ingresos del país. Dañan al bien general. La respuesta a enfermedades como el Ébola tiene mucho que ver con el gasto público. Lo mismo que el prestigio de la sanidad española, dañado ahora por esos políticos, que no han desmontado más porque las mareas de profesionales se lo han impedido.

miércoles, 1 de octubre de 2014

LEÓN Y LA POLÍTICA INDUSTRIAL

Tradicionalmente León ha estado al margen de la política industrial a todos los niveles. Se entiende por política industrial una acción global y planificada para orientar el desarrollo de las empresas del sector secundario. En los momentos actuales León atraviesa uno de los momentos más críticos para su futuro en este campo. Teniendo en cuenta que la política industrial depende de la Junta de Castilla y León habría que estar atentos a sus movimientos. A propósito de esto acaba de hacerse público el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020. Se trata de todo un plan para apoyar y desarrollar el sector industrial en la autonomía. Su redacción corresponde a la de un plan estratégico que, tras su lectura, con toda probabilidad ha sido encargado a técnicos. El documento, de 158 páginas, fue firmado por los sindicatos y las organizaciones empresariales. Solo para este año compromete cerca de 500 millones de euros, por lo que podemos asegurar que se trata de un elemento central para definir la política industrial. Resulta extraño que en León no se haya hablado de este tema. Es más, dada la enorme importancia del documento, sorprende que ni las organizaciones empresariales locales ni los sindicatos tengan nada que decir. Pensando mal se diría que o no lo han leído o, si lo han hecho, no lo han entendido. En todo caso, cuando casi todos los síntomas económicos de León son de estancamiento, hay que pedir cuentas a estas organizaciones, que reciben fondos públicos. Igualmente hay que preguntarse si la consejería responsable va a desarrollar el plan estratégico como lo dé la gana o si estos agentes sociales tienen voluntad y criterio para decir algo. Estamos ante una oportunidad que León no puede perder: aprovechar las herramientas de este plan para cambiar la inercia negativa del entorno leonés. Cabe cuestionar si las organizaciones socioeconómicas tienen la altura para constituirse en interlocutores de la Junta en esta cuestión o si deben ser arrinconados por otras organizaciones más activas, más formadas y con criterios centrados en el bien común de los leoneses. La actividad de la Cámara de Comercio, de la FELE, del CEL, de CCOO, de la UGT, de USO y del resto de agentes no puede consistir fundamentalmente en salir a declarar obviedades o a reír las gracias del político de turno. Hay un trabajo técnico que hacer (¿estarán capacitados?) y una acción de interlocución que realizar (¿habrá habilidades para realizarla con eficacia?). Y se ciernen muchas dudas sobre su cualificación.