jueves, 9 de octubre de 2014

ÉBOLA Y GASTO PÚBLICO

La posibilidad de que apareciese una infección por virus Ébola, una vez que se había trasladado a un enfermo a España, tenía una probabilidad más alta. Es así en cuantos países han repatriado a enfermos. Que se haga es algo que entra dentro de lo discutible, dada la enorme mortalidad que produce el virus, porque hay argumentos que justifican tanto la repatriación como la atención sanitaria en origen. Sin embargo las dudas que han prendido en la sociedad por cómo se ha hecho frente a este problema en suelo español dejan traslucir inseguridad en nuestro sistema sanitario. Nadie duda de la aptitud de nuestros profesionales sanitarios para trabajar en condiciones de alto peligro infectivo. Sin embargo la primera sorpresa que recibimos los contribuyentes es que las camas hospitalarias mejor adaptadas para este tipo de tratamientos habían sido desmanteladas en Madrid. Es ahí donde las dudas tienen sus raíces. Se ha querido hacer responsable a la ministra del primer caso de transmisión de virus Ébola en humanos en Europa. Personalmente no creo que la tenga, cosa que no la exime de su demostrada debilidad intelectual ni de su cara dura arguyendo no saber nada de qué coche tenía su marido en las declaraciones en torno al caso Gürtel. La sanidad es una competencia transferida a las comunidades autónomas -cuestión ésta que ahora hay que empezar a reexaminar a la vista del papelón-. Por lo tanto los responsables máximos son los del desmantelamiento de camas de hospital costosas y equipos humanos cualificados (y caros), los que acabaron con plantillas redundantes en previsión de emergencias sanitarias y que están al frente de las comunidades autónomas. Es bien conocido cómo Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González hicieron de la erosión de la medicina pública madrileña una cruzada. Por tanto a ambos les toca explicar cómo aprobaron cerrar las plantas de hospital para tratamientos de infecciones más peligrosas. La cuestión tiene más aristas cuando se conoce que la nómina de familiares de Aguirre en puestos de libre designación de la administración es notoria. Esos liberalismos peculiares que tanto abandera cuestan inseguridad pública en las crisis, graves daños a la imagen internacional y quebrantos en los ingresos del país. Dañan al bien general. La respuesta a enfermedades como el Ébola tiene mucho que ver con el gasto público. Lo mismo que el prestigio de la sanidad española, dañado ahora por esos políticos, que no han desmontado más porque las mareas de profesionales se lo han impedido.

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