miércoles, 25 de julio de 2012

Políticos, Recortes y Privilegios

En los días precedentes hemos podido observar cómo el interés que hay que pagar a quien compra deuda española crece. A pesar de ello, los compradores son fundamentalmente los bancos españoles porque, a lo que se ve, los inversores extranjeros prefieren adquirir otros valores. Si antes compraban deuda española y ahora no -o sólo con el interés alto- hacen lo mismo que haríamos nosotros si no creyésemos a quien lo ofrece. Ese es el resumen: la reputación del Estado Español como país cumplidor está en mínimos. No nos creen. Cuando se oye decir a los ministros que los deberes están hechos -más si se es español y se conoce los intríngulis de esta tierra- parece que fueran bobos. Los requerimientos de los inversores son claros: el déficit estatal primario (el que mide el equilibrio de ingresos y pagos excluyendo los cargos de la deuda) ha de ser cero para que nos crean. Eso no lo cumplimos, aunque lo adobamos con verborrea ministerial de que si somos un país serio, de que si España siempre cumple … Mientras tanto se cierran plantas de hospital, se recortan sueldos a los funcionarios y se reducen las ayudas de dependencia. Sin embargo no tocan el artificio institucional donde tienen colocados a los suyos, ni las dietas disparatadas, ni los coches oficiales. Los órganos autonómicos que dan consejillos, es decir, los que emiten dictámenes no vinculantes y que, por lo tanto, son prescindibles ahí siguen con sueldazos y asesores incluidos como si nada: Consejo Económico Social, Tribunal de Cuentas, Consejo Consultivo, Procurador del Común. Las fundaciones como la de Villamar, ineficientes y redundantes, no se tocan. Las estructuras centrales de las consejerías siguen con los mismos empleados. Y eso aquí y en el resto de autonomías. ¿Quién se va a creer que España cumple? Existe la percepción cada vez más arraigada entre los ciudadanos de que a los políticos les da igual el hambre ajena mientras no toquen “lo suyo”. En esas condiciones que el Congreso de los Diputados permanezca protegido por un cordón policial puede ser el inicio de algo mucho más grande, violento y catártico. Los políticos están jugando con fuego.

miércoles, 18 de julio de 2012

El PP Expolia a los Concejos Leoneses

El decreto ley del viernes, 13 de julio, pasará a la historia como el de la incautación de los bienes que legítimamente habían acumulado las comunidades de aldea leonesas durante siglos. Una decisión del consejo de ministros suprime las juntas vecinales, órganos postizos que, ya en otro momento, la administración pública colocó sobre nuestros ancestrales concejos. Las juntas vecinales se han hecho cargo de los numerosos bienes que los vecinos adquirieron con sus propios recursos privados para ponerlos al servicio del pueblo. Dado que las juntas vecinales administran prácticamente la mitad de la superficie de la provincia, así como edificios (casas del maestro, escuelas …), instalaciones públicas (traídas de agua, alumbrado …) con sus propios recursos, estamos hablando de una expropiación por las bravas. Se argumenta que la gestión de las juntas vecinales es “opaca” en muchos casos. Sin duda, pero antes de entrar a ese debate hay que saber que sus recursos son propios, no aportados por el ayuntamiento, la diputación, la Junta o el Gobierno Central. Antes bien, las juntas vecinales frecuentemente prestan servicios que debería dar el municipio. El pretexto se queda así en un deseo de expropiación a favor de instituciones que los partidos controlan mejor. La opacidad se combatiría si los secretarios de ayuntamiento hubiesen hecho su trabajo exigiendo las cuentas y protocolos como ordena la Ley de Bases de Régimen Local. Aparte de la montaña económica que los populares retiran de la gestión directa de los vecinos, atentan contra una institución histórica que ha marcado el devenir de esta provincia durante siglos. Gracias a ella la despoblación de nuestros pueblos no ha sido tan rápida como en otras zonas, ya que todo vecino tenía intereses en la propiedad comunal, aprovechamientos que se perdían si se dejaba el pueblo. La medida de Rajoy es la puntilla definitiva para muchos pueblos de León. El gobierno yerra con esta medida, que mete en el batiburrillo del decreto sin que, en realidad, sus objetivos tengan nada que ver con la crisis, puesto que las juntas vecinales no producen déficit público. Otro interés habrá.

martes, 10 de julio de 2012

El Senado, La Mina y La Moral

El senador Juan Morano, elegido por la circunscripción de León, votó en la Cámara Alta a favor del mantenimiento de las ayudas a la minería pactadas por el gobierno precedente, los agentes del sector y los organismos europeos. Como es conocido, el ministro ha reducido unilateralmente las ayudas un 62%. Se trata de subvenciones condicionadas a la liquidación de las empresas en el año 2018. En resumen, el Gobierno Central ha roto las reglas del juego. Aprovechando la mayoría absoluta del Partido Popular, el ministerio ha pretendido imponer en las cámaras su criterio. Los senadores populares de la circunscripción leonesa han votado en contra del cumplimiento del acuerdo, contra los intereses de León, y a favor del gobierno de su partido. Sólo un senador: Juan Morano, ha votado en contra. La reacción del Partido Popular ha sido penalizar al senador con el pretexto de que debe anteponer las directrices de ese partido a los intereses de León. Sus compañeros han hecho apelación a unos pretendidos criterios éticos en los que parece ser que la circunscripción electoral que les eligió ocupa un lugar muy postergado. Eso es quedarse con el culo al aire. Por otra parte no deja de ser chusco que quien hace pública la penalización, la señora Cospedal, justifica recortes que suponen la ruptura de pactos firmes para cerrar ordenadamente un sector, mientras sabemos que se ha subido el sueldo como presidenta de una autonomía que está literalmente quebrada y que colocó a su marido en un consejo de administración poco después de ganar las elecciones. ¡Vaya autoridad moral tiene la señora! Por otro lado, Morano no se ha caracterizado por ser el más trabajador de la casa, pero este gesto, considerado individualmente, le honra. Queda por saber si este episodio lamentable sirve para comprobar que estamos en manos de una suerte de grupos de interés que se han apropiado de las instituciones quedando electores y territorios a merced de los intereses de esta nueva aristocracia del voto. Si, por el contrario, hay quien abre fisuras en esa caterva de leguleyos a la que nada importamos aún quedará un resquicio de luz para la democracia.

domingo, 8 de julio de 2012

La Junta y Los Ayuntamientos Urbanos

La Junta de Castilla y León ha hecho público que regulará la creación de nuevos núcleos urbanos –léase urbanizaciones- para evitar la expansión hacia zonas sin servicios, lo que es una buena noticia. Asimismo pretende promover la colaboración entre ayuntamientos en las distintas zonas urbanas de la autonomía. Es lógico pensar que municipios que han conurbado formando una sola unidad se rijan por reglas y servicios comunes. Para eso no hay nada mejor que la fusión municipal establecida desde instancias superiores, visto que muchos concejales no se aperciben de la inoperancia de sus ayuntamientos. Sin embargo la Junta opta una vez más por una solución que es un parche: colaborar por imperativo legal. Para medir el alcance de estas dos opciones podemos comparar Burgos y León. Burgos contaba en su municipio en el último censo con unos 180.000 habitantes, que se regían con 1 alcalde y 28 concejales. La suma de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, núcleos conurbados e interdependientes, cuenta prácticamente con los mismos ciudadanos, pero requiere 3 alcaldes y 62 concejales. Todos los servicios se dan por triplicado por lo que los 1350 empleados de Burgos se transformaron aquí, antes de los ajustes, en 2450 aproximadamente. La suma de los presupuestos municipales de 2010 de León y sus dos ayuntamientos satélites fue de 231 millones de euros; no es casualidad que ese sea el presupuesto del Ayuntamiento de Burgos. La cuestión no puede ser más clara: una opción es dejar todo como está y crear una maraña jurídica y, quizás, algún órgano de gestión para coordinar tres municipios que son un mismo núcleo urbano; la otra es unificar lo que en realidad es una sola urbe, acceder a la categoría de “gran ciudad” (el límite está en 175.000 habitantes), recibir los fondos complementarios correspondientes y dividir el municipio en distritos. Si la Junta opta por mantener las cosas como están, es decir, con los gastos multiplicados hasta el disparate, habrá que pensar en lo poco que importamos los ciudadanos y en lo mucho que importan los partidos, auténticos beneficiarios de este desbarajuste político.