jueves, 12 de octubre de 2017

EL EFECTO SEDE

Más allá del debate sobre el independentismo en Cataluña, los efectos de esa turbulencia política permiten sacar enseñanzas aplicables al resto de territorios. Una de ellas es la importancia del “efecto sede” para lograr altas cotas de desarrollo económico. El crecimiento en una economía abierta se fundamenta en el atractivo de un lugar para los agentes globales. Las zonas que consigan interesar a los inversores recibirán flujos de capital que aumentarán la actividad en la zona. Las causas por las que un territorio se convierte en atractivo son varias: la fijación de centros de decisión públicos, la posición geográfica favorable, las comunicaciones, la accesibilidad hacia y desde ese lugar a otros, o la visibilidad pública. Barcelona se ha valido de varios de ellos, pero el independentismo ha malbaratado algunos. La pérdida del “efecto sede” para abordar todo el mercado español resulta muy perjudicial para mantener el interés de empresas multinacionales, ya que el mercado potencial pasa de 47 millones de personas a solo 7. Eso explica la deslocalización de muchas empresas en estos días junto a la inseguridad jurídica provocada por el gobierno autonómico. En el caso de León, la pérdida de centros de decisión públicos por la acción de la autonomía conllevó el descenso en el atractivo. A eso se suma la falta de visibilidad que provoca la propia Junta eliminando la candidatura de León de las subvenciones europeas o la desaparición de las infraestructuras de León en los mapas que aporta, lo que hace aparentar que no existen. Además, como apoya la imagen de Valladolid como centro geográfico del noroeste, en sustitución de León, ocultando la condición favorable del triángulo Benavente-León-Ponferrada, el perjuicio es mayor. Estamos viendo el coste económico de la erosión del efecto sede en solo unos días en Cataluña. Imaginemos lo que lleva siendo para León durante tres décadas. Por eso cualquier estrategia leonesa de desarrollo ambiciosa debe perseguir la recuperación de los centros de decisión públicos total o parcial, la recuperación de la visibilidad pública, la difusión de sus infraestructuras de comunicación entre los agentes económicos y la reivindicación como centro óptimo para la implantación de empresas en el noroeste peninsular. Cualquier plan que conlleve el mantenimiento de la situación actual solo puede prolongar el declive económico de León, que se traducirá en descender de los 450.000 habitantes, en el mantenimiento en los últimos puestos del país en tasa de actividad y en el descenso de renta per cápita ya experimentado en los últimos años.

jueves, 5 de octubre de 2017

EDUCACIÓN Y DEFORMACIÓN

El apoyo social entre los jóvenes a la independencia en Cataluña es producto, según algunos técnicos, de años de formación manipulada y de una propaganda masiva que ha configurado la burbuja catalana. En esa atmósfera de que Cataluña rezuma superioridad intelectual, una historia como país independiente irreal y una capacidad de proyección económica casi ilimitada ha fermentado el sentimiento independentista. Realmente Cataluña nunca ha sido independiente, por lo que su caso no es comparable al de Escocia. Tampoco tiene una intrínseca superioridad intelectual, ya que todo emana de la ciudad de Barcelona en los últimos dos siglos, donde prendió la revolución industrial antes que en otros lugares peninsulares por su cercanía a Francia. El tratamiento favorable de esa ciudad por el gobierno central desde el Siglo XIX ha provocado que, de los siete millones y medio de catalanes, cinco y medio vivan en la provincia barcelonesa. Pero si uno se adentra hoy en el ranking de las 100 primeras empresas catalanas descubrirá que más de la mitad son multinacionales que anidaron allí con incentivos fiscales. El efecto sede para vender en todo el mercado español ha hecho de Barcelona (y en su estela de Cataluña) lo que hoy es. La pretendida superioridad intelectual de Cataluña se basa en una formación intensiva realizada por las multinacionales extranjeras sobre directivos, profesores y operarios durante años. Las empresas locales y las universidades han ido captando ese personal e ideas en sus colaboraciones. Sin embargo tanta formación no ha llegado a la política, donde los casos de corrupción en las más altas instancias son notorios. Por todo esto en Cataluña se está dando una situación de enajenación colectiva capaz de llevar al conflicto civil. Unos señores que son minoría (por más que conformen un grupo numeroso) están emperrados en proclamar la independencia violando las leyes de un estado democrático. En España, si se quiere cambiar las leyes o la Constitución, hay que ganar elecciones. A estos señores les da igual. Parece ser que su pretendida superioridad intelectual también es considerada superioridad moral. Lo quieren porque creen que ellos lo valen. Además no se dan cuenta de que esto afecta a otros 40 millones de personas que no viven en Cataluña y que algo tendrán que decir. Porque las autopistas que ya había en 1974 en Cataluña se hicieron con dinero de otros lugares, como los polos de desarrollo de Tarragona y Barcelona o la zona franca de Barcelona, que lo fue porque otros pagaban impuestos... Y es que a veces las escuelas las carga el diablo.

lunes, 2 de octubre de 2017

DEMÓCRATAS Y CONTRADICCIONES

El proceso de independencia unilateral impulsado por los grupos catalanistas ha puesto de manifiesto la posiciones políticas de cada partido nacional. Por una parte está el Partido Popular, que se fija como guía principal la ley. Ciudadanos apoya de hecho esta postura sin que se pueda diferenciar sustancialmente de la de los populares. Por su parte el Partido Socialista reclama el respeto a la ley, pero pide una flexibilización que supone el incumplimiento legal en alguno de sus aspecto en aras del acuerdo. En todo caso los sucesos de Cataluña le parecen motivo suficiente para someter la ley al diálogo político. Podemos tiene diversidad de mensajes, pero se va decantando hacia la solución a medida, si ellos (según su medida) lo consideran oportuno. Todo ello es interesante si se pone en contraste con las actitudes adoptadas hasta el momento con León Constituyente. León Constituyente es una plataforma ciudadana que persigue el reconocimiento del Pueblo Leonés como entidad diferenciada, sin reclamar cambios en el mapa autonómico. Este reconocimiento se incluiría en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española según su reclamación. Su petición escrita fue aceptada por la mesa de las cortes de Castilla y León en junio del año pasado, y remitida a los grupos políticos de la cámara. La plataforma se ha reunido con diferentes partidos en Valladolid. Es aquí cuando sorprende el contraste de algunas formaciones en sus comportamientos con Cataluña y con el Pueblo Leonés. El Partido Popular recibió a la plataforma y escuchó sus razones advirtiendo que, aunque no compartía algunas posturas, se podría hablar de la cuestión dentro de la ley. El Partido Socialista también recibió a León Constituyente, ofreciéndose para trasladar el debate a la cámara. Por parte de Ciudadanos hubo una acogida correcta, aunque mostrasen su rechazo a la propuesta. La Unión del Pueblo Leonés recogió la petición y tendió su mano para ayudar en su impulso. Lo que resulta asombroso es que ni Izquierda Unida ni Podemos hayan querido recibir a la plataforma ciudadana León Constituyente. Eso contrasta con sus posiciones a favor del Pueblo Catalán, incluso saltándose la ley si fuese necesario. Por lo visto para estas fuerzas vale más el Pueblo Catalán que el Pueblo Leonés. Que ni Sarrión (IU) ni Fernández (Podemos) reciban a una plataforma ciudadana de León en las cortes de Valladolid mientras proclaman la defensa de la voluntad popular en Cataluña es de una contradicción. Hasta el momento han sido más respetuosos con los leoneses los otros partidos. ¿Serán tan demócratas como dicen?

REPOBLAR EL CAMPO

España ve concentrar su población en las urbes y sus entornos más próximos. El proceso viene reforzado por la acumulación de oferta laboral en los grandes centros urbanos. Solo Madrid supone el 15% de la masa laboral del país. Si sumamos la de Barcelona se alcanza el 25%. A otra escala, el fenómeno se traspone en cada provincia, aunque en algunas ni siquiera la capital es capaz de retener a las familias. Las del Sistema Ibérico (Teruel, Soria, Cuenca y Guadalajara) reúnen el área con mayor despoblación de Europa, incluidos los territorios de bosques cercanos al círculo polar. En la Provincia de León hay unos 10.500 kms cuadrados (vez y media el País Vasco) en los que viven apenas 50.000 personas. En consecuencia nos encontramos ante un fenómeno que, si se quiere combatir, no admite medias tintas. Se hacen declaraciones grandilocuentes sobre las medidas contra la despoblación rural, cuando en realidad no se actúa sustantivamente para corregir la tendencia. Hay que dar pasos inequívocos para actuar como convenga sobre un proceso que está reconfigurando la demografía de la Península Ibérica. En primer lugar tenemos que decidir si es necesario hacer algo. Hay quien opina que no es malo que la población se concentre en las ciudades. Otros piensan lo contrario y todos tienen sus razones. En segundo lugar, si se desea que quien quiera tenga la oportunidad de vivir en el mundo rural, se debe acometer cambios estructurales muy concretos. No hacen falta debates ni inacabables comisiones para conocer las principales necesidades de quien quiera asentarse en una zona marcadamente rural. En segundo término ha de existir una buena conexión de internet. Sin ese requisito solo un grupo marginal de pobladores permanecerá en el campo. Además ningún negocio puede prosperar sin conexión a internet; solo malvivir. En tercer lugar hay que permitir la venta directa al consumidor de lo que produce el campo para que la gente pueda ganarse la vida. En la campiña se producen fundamentalmente alimentos. También se genera energía con mucha facilidad (viento, sol, corrientes de agua, geotermia, biomasa, metano de fermentación, etc). En ambos casos la ley debería cambiar para que se liberalicen ambos sectores en las condiciones de ruralidad estricta y solo a escala familiar para evitar así fraudes. En tercer lugar ha de haber buenas carreteras para el acceso a los servicios en los centros comarcales y a la socialización. Por último se debe mejorar la calidad residencial dignificando los pueblos e imponiendo reglas estéticas que eviten núcleos espantosamente feos a los que nadie quiere ya ir.