ALIMENTOS, ESCUELAS Y TONTOS

Parece ser que los niños de Almanza no pueden llevar la comida de sus casas si quieren ingerirla en el comedor escolar. Se argumenta que la administración pública no se puede responsabilizar de los efectos de esa comida porque su estado no está supervisado por los técnicos. En otras palabras, el mismo aparato administrativo que ha permitido el servicio de comida en condiciones inadecuadas a los niños impide que la comida que preparan sus madres sea consumida en el colegio. De la misma manera cabe preguntarse por qué la Junta de Castilla y León no inspecciona las cocinas domésticas de las familias de esos niños. Si nos ponemos puristas, podríamos exigir a la administración que inspeccionase las cocinas domésticas de todos los ciudadanos. Al fin y al cabo lo que se hace en esas cocinas afecta potencialmente a nuestra salud y es responsabilidad pública. En consecuencia el afán inspector se puede elevar hasta el absurdo y eso es lo que está pasando con el caso de la comida escolar con gusanos y con todas sus derivadas. La Junta ha sido incapaz de garantizar que se sirva una comida de catering que esté simplemente rica, pero cierra sus comedores a lo que elaboran las madres para sus niños. Y lo que empieza a aflorar como pregunta tras todo esto es para qué sirve tanta legislación alimentaria, tantos inspectores y tantos políticos legislando una semana tras otra, si lo que se ha perdido es el sentido común. Hay una regla fundamental en el mundo de la empresa y, en general, de las organizaciones: si algo funciona bien, no lo toques, no lo cambies. En el caso de la comida para los comedores escolares alguien cambió de proveedor sin analizar en profundidad la clase de servicio que se iba a prestar a los ciudadanos. No se hizo un seguimiento adecuado a posteriori. El protagonista de ese cambio debería tener responsabilidades por lo que ha pasado. Además, tendrían que saber él y todo el aparato administrativo, que los ciudadanos nos empezamos a cansar de tonterías, de inspecciones sobre cosas que no generan problema alguno, pero que se hacen para justificarle el sueldo a alguien. La administración, más allá del legalismo, tiene que usar el sentido común. Sobran diletantes de la política discutiendo sobre las musas mientras cosas tan elementales como el servicio de comida a los niños en el colegio están fallando. No podemos seguir creando leyes e inspectores a mayor gloria de la nada, creando indignación e ineficiencia y llenando el país de costes innecesarios e inútiles. Basta ya de bobadas.