LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

Uno de los aspectos en los que hacen hincapié los reformistas como UpyD y Ciudadanos es en la supresión de las diputaciones y en el replanteamiento de algunas autonomías uniprovinciales. Suelen sustentarlo en una supuesta ineficiencia administrativa. Además se suele mezclar la falta de electividad directa de las diputaciones clásicas. Poco tienen que ver unas cosas con otras. Las diputaciones pueden transformarse si se quiere. Cuando consideramos los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), podemos observar que, partiendo de cifras similares, la evolución de ciertas provincias ha sido dispar. El año 1981 (3º trimestre), antes del proceso autonómico, la EPA detectaba en Cantabria 166.000 empleos, en Navarra 152.400 y en León 188.200. En el año 2000, con el proceso autonómico ya consolidado, Cantabria tenía 181.500 empleos, Navarra ascendía a 223.400 y León se había quedado en 158.000. Supongamos que la surgencia de Navarra y de Cantabria respecto a León se debiesen al primer impulso de las sedes autonómicas. Entonces este grupo hubiese evolucionado de manera similar desde entonces. Pues no; León cuenta en la EPA del tercer trimestre de 2014 con solo 166.600 trabajadores ocupados. En cambio Navarra reúne 263.300 y Cantabria 230.000, muchos más que en 2000 en ambos casos. De hecho se aprecia numéricamente que las autonomías uniprovinciales han tenido una evolución sobresaliente respecto a las provincias de las otras, sean sedes o no. Se ha comentado mucho, por ejemplo, acerca de la supuesta insostenibilidad de La Rioja, aunque sin aportar un solo dato. Partía en 1981 con 80.900 empleados, uno de los últimos puestos por su dimensión. Hoy cuenta con 130.500 y está a punto de rebasar a Álava. La Rioja es una de las locomotoras económicas de su área y es uniprovincial y pequeña. Y se puede opinar o expresar impresiones, pero los números no mienten y las opiniones sí. Por el contrario existe un grave y persistente desequilibrio en las autonomías multiprovinciales. Los reformistas nunca hablan de las divergencias de riqueza y empleo en Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Eso sí es un problema de estado. Comparar las diferencias entre Jaen y Sevilla, entre Cuenca y Toledo, o entre León y Valladolid resulta escandaloso. Las autonomías grandes son entes fallidos. A pesar de ello nuestros políticos abogan por la eliminación de sus diputaciones cuando es el nivel provincial el de máxima eficiencia en la gestión. Solo cabe pedir a los candidatos a las elecciones más rigurosidad y menos literatura.