Durante los últimos días se suceden las noticias en torno a la mudanza de unas monjas desde Grajal de Campos a Toledo. Se trata de una agrupación conventual que decidió trasladar su residencia al experimentar el antiguo edificio que ocupaban una plaga de termitas, según sus explicaciones.
Con el equipaje las monjas se han llevado varias tallas que reposaban en la iglesia aneja a sus dependencias, templo éste propiedad del pueblo. La imágenes presuntamente hurtadas y ahora reclamadas se encontraban en dicha iglesia, y pertenecían, según se argumenta, a una cofradía muy antigua conformada por vecinos. El pueblo ha respondido al polémico traslado con la reclamación de las esculturas y, ante la falta de respuesta del grupo religioso, con una demanda por lo que consideran un robo.
Para entender este proceso hay que estimar que la orden religiosa fue creada durante el Siglo XIX. Al hilo de su fundación se fijó una comunidad en Grajal de Campos. En otros casos, a falta de saber cómo fue en éste, solía ser común la cesión de edificios por parte del pueblo a la comunidad religiosa que pretendiese asentarse en él. Por añadidura, aparte de la existencia o no de termitas, se comenta que las monjas podrían haber vendido el edificio, lo que indicaría que no estaba en tan mal estado como se pretendía difundir.
Con independencia de lo que cada uno pueda opinar sobre cómo debería actuar cada una de las partes hay algunas cuestiones menos discutibles. En cuanto a los iconos desaparecidos, se encontraban fuera del espacio conventual. Además se trata de tallas anteriores a la existencia de la orden religiosa y consta su permanencia en Grajal de Campos previa a la llegada de las monjas.
Comentaba el Obispo de León hace unos días en las páginas de este periódico que ha faltado diálogo por parte de los vecinos. Por el contrario parece más bien que son las monjas las que deberían responder, evitando personas interpuestas. No es una cuestión baladí que esté calando en la sociedad la impresión de que un grupo de monjas pueda haber robado bienes a un pueblo.
Y es por tal deterioro del buen nombre por el que el papel desempeñado por el Obispo debiera ser más activo, ya que con este asunto la Iglesia está sufriendo un grave daño en su imagen. Cabría esperar que se exigiese a la comunidad religiosa argumentos y documentación fehaciente para justificar este acto. Sin embargo da la impresión de que se pretende dejar las cosas como están, lo que podría concluir con una sentencia de los juzgados.
Si el dictamen del juez acusa a las monjas, el perjuicio a la imagen de la institución eclesial será aún mayor. ¿No merece la pena explicarse con claridad? ¿No es mejor abandonar los silencios y las dilaciones cuando lo que se ventila es el buen nombre de la institución?
