jueves, 22 de octubre de 2009

Presupuestos Autonómicos para 2010

Ya están disponibles los archivos del presupuesto de la Autonomía en la web de la Junta de Castilla y León. A pesar de su volumen (23 tomos contando con las liquidaciones de 2008 y los de ejecución de 2009) se pueden tachar de opacos.
Si bien expresan al detalle el gasto, lo hacen por capítulos y no es eso lo que un ciudadano aspira a consultar. Los que acudimos al texto ni esperamos ni pretendemos un ejercicio contable que, por otra parte, no podríamos someter a comprobación porque carecemos también de información adecuada para eso.
Lo que resulta relevante es el desglose de las partidas de gasto para fines concretos: tal colegio, tal hospital o cierta carretera, pero no consta. Por esta razón sólo podemos hacer juicios de valor generales, que nos dan pie, por otra parte, a extraer grandes conclusiones.
La primera es que siguen incluyéndose las inversiones del Plan del Carbón, del Ministerio de Industria, como propias de la Junta, lo que es falso y contribuye a un engaño. En consecuencia, la Junta invierte en León menos de lo que dice y detrae inversiones para llevarlas a otras provincias. La segunda es que el presupuesto ha tocado techo, lo que significa que el proceso transferencial prácticamente ha culminado. Lo que procede ahora es evaluar si resultó acertada tanta descentralización para, quizás, plantear la retrocesión hacia el gobierno central de algunos servicios ineficientes. La tercera es que el gasto estructural se lleva las tres cuartas partes del presupuesto, lo que en la actual situación de penuria fiscal supone que no hay capacidad de inversión sin endeudamiento. Por tanto habría que ajustar el gasto corriente, pero no se hace.
Además es notorio que la inversión no territorializada -que queda mayoritariamente en Valladolid- crece, mientras la provincializada desciende notablemente. Un último aspecto a destacar es que Sanidad y Educación se llevan algo más de la mitad del presupuesto. Sin embargo, si se olvidan esos servicios, los ciudadanos perciben con debilidad la administración autonómica. No hay proporción entre los servicios prestados y su coste, y eso debe ser ponderado y corregido.

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