Tras aceptar que España está en crisis, el gobierno anunció la necesidad de hacer reformas en la economía. Los ciudadanos aceptan en privado esa necesidad. España ha demostrado ser un país de gente consciente, aunque en el ámbito de lo público cada colectivo represente el papel previamente asignado.
El problema de las reformas no es por tanto que los españoles no asuman su necesidad como saber cuáles son las adecuadas y, dentro de ellas, las que tienen prioridad. Un análisis de lo que se propone permite clasificar en tres tipos las reformas:
-Las que nadie discute que son necesarias y de aplicación inmediata, como la reducción de los gastos militares.
-Las que son necesarias, pero en realidad no son urgentes, como la reforma de las pensiones.
-Las que son necesarias y urgentes, pero que no se citan casi nunca y no parecen apremiar al gobierno, como la reforma de las administraciones públicas.
De los tres ejemplos la reforma de las pensiones es un asunto metido con calzador, puesto que en la actualidad la Seguridad Social registra superávit. Se lleva treinta años con la misma matraca: ya en los 80 se decía que el sistema iba a quebrar en veinte años, pero no sucedió. Lo que esconde la reforma es la presión del lobby financiero para apropiarse de una parte del sistema de pensiones.
En resumen, las reformas son necesarias, pero hay que permanecer vigilantes para que los grupos de presión no nos cuelen sus intereses vistiéndolos de reforma imprescindible. Empecemos por lo urgente y de efecto inmediato: menos ayuntamientos, métase en cintura a las comunidades autónomas y liquídense los puestos de libre designación tal y como ahora se entienden.
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