miércoles, 18 de julio de 2012

El PP Expolia a los Concejos Leoneses

El decreto ley del viernes, 13 de julio, pasará a la historia como el de la incautación de los bienes que legítimamente habían acumulado las comunidades de aldea leonesas durante siglos. Una decisión del consejo de ministros suprime las juntas vecinales, órganos postizos que, ya en otro momento, la administración pública colocó sobre nuestros ancestrales concejos. Las juntas vecinales se han hecho cargo de los numerosos bienes que los vecinos adquirieron con sus propios recursos privados para ponerlos al servicio del pueblo. Dado que las juntas vecinales administran prácticamente la mitad de la superficie de la provincia, así como edificios (casas del maestro, escuelas …), instalaciones públicas (traídas de agua, alumbrado …) con sus propios recursos, estamos hablando de una expropiación por las bravas. Se argumenta que la gestión de las juntas vecinales es “opaca” en muchos casos. Sin duda, pero antes de entrar a ese debate hay que saber que sus recursos son propios, no aportados por el ayuntamiento, la diputación, la Junta o el Gobierno Central. Antes bien, las juntas vecinales frecuentemente prestan servicios que debería dar el municipio. El pretexto se queda así en un deseo de expropiación a favor de instituciones que los partidos controlan mejor. La opacidad se combatiría si los secretarios de ayuntamiento hubiesen hecho su trabajo exigiendo las cuentas y protocolos como ordena la Ley de Bases de Régimen Local. Aparte de la montaña económica que los populares retiran de la gestión directa de los vecinos, atentan contra una institución histórica que ha marcado el devenir de esta provincia durante siglos. Gracias a ella la despoblación de nuestros pueblos no ha sido tan rápida como en otras zonas, ya que todo vecino tenía intereses en la propiedad comunal, aprovechamientos que se perdían si se dejaba el pueblo. La medida de Rajoy es la puntilla definitiva para muchos pueblos de León. El gobierno yerra con esta medida, que mete en el batiburrillo del decreto sin que, en realidad, sus objetivos tengan nada que ver con la crisis, puesto que las juntas vecinales no producen déficit público. Otro interés habrá.

2 comentarios:

Alfonso Mielgo dijo...

No soy jurista, pero tengo mis dudas de que esto no sea defendible legalmente (igual que lo de la autonomía).
Para ello hace falta gente que se ponga al servicio de los intereses de sus votantes ¿donde están las upeeles, palules, prepales y demás?, ¿no tienen equipos jurídicos?... si tuvieran agallas, ya estaría el recurso preparado... las expropiaciones se pagan... que se lo pregunten a las empresas que exploran las radiales de Madrid, cuyo fracaso (o al menos el único) no es el poco uso, si no el dinero de las expropiaciones (con buenos abogados se va al fin del mundo)

Alfonso Mielgo dijo...

No se meten con las autonomías por los problemas que plantearían ante el Constitucional (con muchas opciones de ganar)... no se atreven con CIU, PNV, etc.

Lo que nos faltaba, que nos esquilmen el dinero que da el pastor, el de los chopos, el de la antena de telefonía, los pastos, etc... ¿esa es la opacidad de la que hablan?