domingo, 27 de octubre de 2013

La redistribución de la pobreza

Uno de los aspectos que más debate está generando a lo largo de esta crisis es el concepto de austeridad. La austeridad de la que se habla públicamente supone una reducción notable de recursos para intentar hacer lo mismo que se hacía antes o un poco menos. En otras palabras, se transmite la idea de austeridad ligada a las de eficiencia (utilizar sólo los recursos necesarios para una acción) y eficacia (lograr los objetivos propuestos con los medios disponibles). No obstante los ciudadanos podemos ver cómo la austeridad se ha traducido, tras una primera etapa de ajuste en que se eliminaron ciertos vicios, en una reducción efectiva de servicios públicos de sanidad (copago, listas de espera, reducción de cartilla vacunal …), de educación (reducción de unidades escolares rurales, recorte de servicios de transporte escolar, defectos de mantenimiento de inmuebles, subida de tasas universitarias …), de prestación de pensiones o de paralización de obras públicas y deficiencias de mantenimiento en éstas, por ejemplo. También en un descenso de salarios inducido por la reforma laboral, así como en un aumento de los impuestos indirectos, los que afectan al consumo. Por el contrario no se ha producido ajuste en la estructura de cargos públicos y puestos de libre designación en las instituciones públicas, que han seguido creciendo en términos de coste, como se ha sabido recientemente. Tampoco se ha aplicado ninguna reforma fiscal de relevancia a las grandes empresas y capitales. Cabe preguntarse si no existe otro camino económico que no sea la redistribución de la pobreza y la exención de impuestos a las grandes acumulaciones de capital. Personalmente no lo creo porque entonces hablaríamos de una austeridad selectiva y fundamentalmente inaceptable. Por eso, dado que entre las fuerzas políticas no se hacen propuestas, sino críticas continuas al que gobierna, creo que se debe afirmar que existen otras fórmulas que han de ser exploradas. Por ejemplo, sería conveniente una elevación del salario mínimo interprofesional al menos hasta los 1000 euros mensuales. Esto supondría que quienes trabajen perciban una remuneración diferencial respecto a quienes reciben ayudas sociales y reforzaría fuertemente el consumo entre las clases populares, ya que en estas capas de ciudadanos cualquier incremento salarial ha de ir destinado a la compra diaria. Tal incremento podría ser negociado a cambio de una reducción –pequeña ya- de las indemnizaciones por despido, lo que contribuiría a su vez a presionar más sobre la productividad de los trabajadores (presión dolorosa, pero imprescindible) y de los empresarios, que deberán contratar de forma más meditada (no se puede contratar porque sea barato, sino porque sea necesario). Otra medida sería fijar abanicos salariales según las dimensiones de las empresas e instituciones, de forma que quien más gane no pueda superar el salario del que menos, multiplicado por un factor establecido. Así para un salario mínimo de 1000, con un abanico de 6, por ejemplo, habría un máximo salarial de 6000. Esto permite contener los salarios más altos, a veces absurdos e injustificables, que desvían parte de los ingresos a inversiones en derivados financieros, uno de los problemas que está en el origen de esta crisis. Otra posible medida sería la desaparición de la figura del asesor asalariado en las administraciones públicas. Existen numerosos profesionales especialistas a los que consultar cuestiones concretas a cambio de honorarios. También la reducción de cargos públicos y su existencia en función de la población administrada, considerando los cotizantes a la seguridad social, debería ser una norma. En todo caso la fijación de un techo en la masa salarial para estos cargos en función de la recaudación fiscal también sería una medida a tomar. En el plano impositivo habría que homologar la tributación de las PYMES con la de las grandes empresas, que ahora pagan mucho menos, acogidas a exenciones hechas a medida. Lo mismo debería suceder con los capitales que operan en los mercados financieros, que deberían pagar impuestos por cada transacción, como hacen los ciudadanos y empresas normales. Hay que tener en cuenta que estos colectivos –grandes empresas y capitales- suponen el 70% del total de la bolsa de fraude según el sindicato de técnicos de Hacienda. Una subida impositiva vendría a paliar tan lamentable marchamo antisocial. No se trata de perseguir al capitalismo, sino de actuar con equilibrio. Si las grandes empresas e inversores redistribuyesen una parte mayor de las ganancias que extraen del sistema -sistema que sostenemos entre todos-, éste no se deterioraría como lo está haciendo. No se puede pretender el mantenimiento de los servicios públicos con los impuestos del trabajo, los autónomos y las PYMES, cuando sus ingresos –y en consecuencia su tributación- bajan. Además, estas grandes acumulaciones de capital no encuentran productos de inversión productiva (acciones fundamentalmente) porque la baja demanda no invita a la fabricación. Esto provoca que busquen productos alternativos de inversión financiera (futuros, derivados…) que no son más que apuntes contables en un ordenador, una sustracción de recursos de los torrentes convencionales de la economía. El desvío masivo de recursos a este fin supone que una enorme cantidad de riqueza desaparece, aplicada en juegos improductivos. Es similar a lo que sucede en una guerra. Por eso la limitación a las grandes acumulaciones de capital, mediante impuestos, sumada al control del gasto en políticos y al aumento de la capacidad de consumo de los estratos medios y bajos de la sociedad debe aportar aliento a una economía que está languideciendo por falta de consumo, que prescinde de garantías sociales y que convierte a la Europa del bienestar en un territorio desconocido. Hay un último aspecto que matizar: he hablado de subida de salarios mínimos, lo que parece estar en contra de los criterios de competitividad. Sin embargo, para producir barato lo que se debe buscar es la eficiencia organizativa, que se puede lograr con poco personal, organización y mecanización. Que existan empresarios sin la preparación necesaria o con falta de ambición es un problema de cada uno, y no se puede convertir en el del conjunto de la sociedad. Los panaderos daneses ganan salarios daneses haciendo lo mismo que los españoles. ¿Por qué será?

1 comentario:

Anónimo dijo...

Muy interesante, lucido, sintético, lleno de sentido comun, sencillo de entender. Ojala lo lean muchos politicos, incluso de por aqui (Francia);-).
Cdte.
Una lectora francesa