Ayuntamientos, Déficit y Racionalidad

La crisis económica ha provocado un brusco y pronunciado descenso de la recaudación del Estado. Esto conlleva la imposibilidad de cuadrar las cuentas públicas porque el gasto estructural –antes de inversiones- es superior. Por ello habrá que ajustar la arquitectura de las administraciones a las nuevas posibilidades económicas del país.
Según el informe del Ministerio de Administración Pública de enero de 2009, España cuenta con 2.640.000 empleados públicos. La mayor parte (50,6%) dependen de las comunidades autónomas, como es lógico al responsabilizarse éstas de prestar la mayor parte de los servicios públicos. Por tanto será en ese ámbito en donde se pueden ajustar personal y gastos en primera instancia.
Sin embargo resultan más llamativas las circunstancias que rodean a los ayuntamientos. Entre 2000 y 2009 han pasado de 455.000 a 550.000 empleados sin que sus obligaciones se hayan incrementado sustancialmente. Además es notorio que, mientras en otras administraciones el personal funcionario por oposición es claramente mayoritario (5 de cada 6 empleados), en los ayuntamientos son los laborales quienes doblan al resto. Resulta significativo porque el acceso a los contratos laborales ha sido “laxo”, por decirlo suavemente.
Por otra parte, se observa una distribución municipal que carece de racionalidad en nuestros días. En unos casos las ciudades han crecido hasta absorber funcionalmente poblaciones de su alfoz. Sin embargo éstas mantienen sus propios ayuntamientos obligando a la cabecera a dar servicios a sus ciudadanos sin ingresar los recursos correspondientes. El caso de San Andrés del Rabanedo es ejemplar; ayuntamiento que debería ser absorbido por León, como ha sugerido el taller de urbanismo recién concluido en la capital.
También es insostenible lo que sucede con los 200 ayuntamientos rurales de León –y muchos miles en España-, que podrían ser refundidos en apenas 50 con ahorros importantes y mejoras de eficiencia, como reconocen muchos alcaldes en privado. No obstante, todos convienen en que debería tomar la iniciativa una instancia superior. El gobierno central tiene la oportunidad ahora.