Crisis, Deuda y Gasto Público

Decíamos la semana pasada que la incapacidad para explicar las causas de la recesión económica incrementa la sensación general de inseguridad. Si la información sobre el empleo se está tratando mal, la referida a la deuda pública se expone aún peor. No es raro oír a los contertulios poco menos que el estado va hacia la ruina. Nada más lejos de la realidad, al menos por ahora.
Antes de comenzar la crisis la deuda pública española había descendido hasta el 35% del PIB. Esto colocaba al país como uno de los más equilibrados y solventes de la Unión Europea y la OCDE. Italia, en el otro extremo, rebasaba el 100% y otras grandes economías, como Reino Unido o Francia estaban bastante por encima del estado español. Por esta razón la economía hispana estaba en la mejor disposición para poder acometer un fuerte endeudamiento público. Así está siendo, pese a los mensajes catastrofistas.
La cuestión no es tanto si hay que endeudarse porque existe un amplio margen para hacerlo. Lo relevante es decidir en qué hay que invertir y cómo impulsar las actividades más interesantes para el futuro. El debate es si reconstruir aceras para frenar el paro es positivo a corto, medio y largo plazo. También lo es en qué medida hay que reducir los gastos de cada nivel de la administración y cómo hacerlo.
Respecto a qué pasará con la deuda pública española hay pocas dudas. Subirá hasta el entorno del 70% del PIB hasta la salida de la crisis, es decir, quedará en ese momento por debajo de la de la mayoría de los paises desarrollados. Los tipos a los que se remunera, que ahora son altos porque todos los países están emitiendo deuda y hay que competir por los inversores, se negociarán a la baja cuando la situación se reequilibre, como se hizo hasta 2006.
En consecuencia, queda por saber si el Plan E servirá para sostener el empleo de muchos trabajadores hasta el inicio de la recuperación, que esa era la intención. Hay que definir dónde se recortará el gasto público y cuánto se va a reducir el tamaño de los ayuntamientos, la universidad, los entes públicos dependientes de las autonomías y algún núcleo más cuyos costes no se justifican.