miércoles, 13 de julio de 2011

Crisis y Complicación Legal

La mayoría de la gente acepta que la crisis económica dejará como herencia profundas transformaciones en España. Éstas llegan de dos formas: o bien se producen cambios por la fuerza de los hechos consumados o bien veremos modificaciones planificadas para evitar que los acontecimientos se desborden.
La llegada de las transformaciones por la vía de los hechos consumados ya se está produciendo, como decíamos. Por ejemplo, hay ayuntamientos que no disponen de recursos para hacer frente al pago de sus nóminas. Ante esa circunstancia sobrevienen regulaciones de empleo dramáticas, que incluyen despidos, recortes de salario y suspensión de algunos servicios.
Por el contrario los cambios abordados a través de una planificación son racionales y menos traumáticos con los afectados. Sin embargo requieren la anticipación, la valentía y la capacidad de maniobra de los responsables para ejecutarlos. Son muchas las instituciones que están mostrando anticipación y también son frecuentes los dirigentes que tienen la valentía de acometer cambios impopulares.
Pero, a pesar de la urgencia, algunos de los rápidos cambios que requiere esta crisis están obstaculizados por las leyes. Si se tratase de normas que protegen derechos fundamentales no habría mayor problema. Por contra ciertas medidas se enfrentan a una maraña legal plagada de excepciones, interpretaciones diversas y hasta contradictorias; también a leyes de significado difuso o a imprecisiones de aplicación. A ello se suma una lentitud en los juzgados incompatible con el estado de emergencia económica del país.
En consecuencia, España y sus autonomías requieren una simplificación de su corpus legal. La ley tiene que ser general, clara y evitar la casuística. Si una situación determinada no es normalizable, su valoración debiera quedar a interpretación del juez. Atiborrar de singularidades la compleja y a veces turbia normativa legal española empuja hacia su inutilidad. En resumen, si no hay posibilidad para aplicar la ley con la rapidez necesaria, ésta debe ser simplificada; mucho más en una crisis de este calibre. Se trata de una simple cuestión de coste-beneficio.

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