El mercado laboral provincial: León y las autonomías

La Encuesta de Población Activa, cuyos datos empezamos a comentar la semana pasada, nos muestra que el conjunto de España experimentó una expansión del 15% en su mercado laboral entre 2000 y 2013. De esta manera se avanzó desde los poco más de catorce millones seiscientos mil empleados hasta los más de dieciséis millones ochocientos mil -con datos al tercer trimestre del año-. Sin embargo esta expansión no se distribuyó de manera uniforme. Se viene observando cómo en términos generales las provincias con capitalidad autonómica de facto avanzan por encima de las que no lo tienen desde el inicio del proceso autonómico. Este fenómeno se traduce en que para el periodo antedicho las sedes autonómicas aumentaron su número de empleados un 17,5% mientras el resto de provincias sólo lo hacía en un 11,5%. Como esta tendencia ha sido continua en los últimos 32 años (periodo en el que dispongo de datos), las provincias sin sede autonómica pierden peso sin cesar. Por el contrario las sedes autonómicas representan cada vez un mayor porcentaje del empleo. No obstante, podemos establecer dos categorías entre las provincias con sede autonómica: las que lo son de una uniprovincial y las que lo son de una multiprovincial. En esta comparación las diferencias son muy abultadas: las sedes de uniprovinciales crecen quince puntos más que las de multiprovinciales. Éstas se quedan en un 11% para el periodo 2000-2013, lo que supone que siguen la trayectoria de las provincias sin sede autonómica y que han perdido el impulso inicial. Sólo Asturias entre las uniprovinciales está un poco por debajo de esa cifra. Y en este panorama ¿cómo se ha comportado León? Mal; pierde -al igual que Zamora- un cuatro y medio por ciento de su masa laboral. León es la cuarta peor demarcación por su evolución, sólo superada por sus vecinas Orense, Lugo y Zamora, por este orden. Se diría que estas 4 provincias forman el área más deprimida de España en términos laborales, acentuado esto por el hecho de que las lindantes Pontevedra y Palencia también están en el reducido grupo de provincias que perdieron empleo entre 2000 y 2013. Pienso que cifras y conclusiones tan evidentes han de estar en manos de los gabinetes técnicos de todas las instituciones locales. Me llama la atención la tranquilidad con que se manifiestan los dirigentes políticos en estas provincias y la levedad de sus reflexiones. A mi juicio nos encontramos ante un problema de estado que afecta a territorios amplios de dos autonomías. En ambos casos los gobiernos autonómicos sucesivos no han sabido resolver el capítulo de promoción económica, bajo su responsabilidad. Por este motivo debo concluir que se trata de autonomías fallidas y considero que el gobierno central, atendiendo a sus obligaciones, debería dar una solución para invertir estas tendencias decadentes y sostenidas. Probablemente modelos de gestión basados en nuevos marcos autonómicos más pequeños podrían dar respuesta a este problema. En todo caso no es aceptable que se mantenga una estructura pública que ha fracasado en sus objetivos económicos más elementales: la garantía del progreso económico, el bienestar y la igualdad de oportunidades con el resto de los españoles. Hay que cambiar lo que no funciona o funciona mal.