PROPUESTAS PARA LEÓN

El año 2015 se plantea políticamente como un fin de ciclo electoral. En mayo tendrán lugar las elecciones municipales y autonómicas. Las elecciones generales, si no hay adelanto, se celebrarán en noviembre. En otras palabras, dentro de un año el panorama político puede ser radicalmente distinto al que tenemos hoy. Con la atención centrada en la profunda crisis económica y ética que atravesamos, el debate político sigue embarrancado en las críticas al adversario y en la resolución de las demandas por corrupción. El molesto ruido de fondo de los ataques destructivos lo ocupa todo, agotando la atención y cerrando la posibilidad de debatir otros temas. Y no es que pueda dejarse pasar el comentario ante una situación objetivamente escandalosa, pero eso no debe expulsar del debate público otras cuestiones más constructivas. Hacer balance de la gestión realizada es otro de los aspectos que ocupan buena parte de la discusión preelectoral. Sin duda es necesario porque da verosimilitud o no a las promesas electorales de los partidos que han ejercido el gobierno. De poco sirve prometer si no se ha sido capaz de conseguir los objetivos en la institución en la que se ha tenido el poder en los últimos cuatro años. La campaña electoral tiene que empezar a centrarse en las propuestas. A una lista electoral se le vota para hacer algo concreto, lo haga o no luego. Es ahí donde se aprecia si en los partidos existe un cierto nivel de reflexión sobre el presente y el futuro de León. También se mide así la capacidad de análisis basado en cifras y datos con que se debería contarse en los partidos. En resumen, el debate preelectoral ha de repartirse entre el balance de lo realizado, las propuestas y la crítica a la situación general. Esto, que parece una obviedad, permanece totalmente desequilibrado en la actualidad. Los leoneses tenemos que exigir más rigor a los partidos para elaborar propuesta, para que digan a dónde quieren llevarnos. Y si no son capaces es que sólo perviven como maquinaria para alcanzar el poder. En el caso de León existen colectivos con capacidad de propuesta global, como Proyecto León, o de propuesta parcial, como la Plataforma por la Autovía León-Braganza. Hasta el momento se han pronunciado más argumentos técnicos y análisis de la situación de estos colectivos que de las propias esferas de los partidos políticos. Sería necesario escuchar a cada candidato pronunciarse sobre las propuestas que estos y otros grupos emiten, producto de un análisis apartidista de la sociedad leonesa.

HORARIOS Y CONTRADICCIONES

Los pequeños comerciantes de León hacen público el desacuerdo con la libertad de horarios y de días de apertura que, progresivamente, quiere introducir la Junta de Castilla y León. Argumentan la imposibilidad de competir con las grandes superficies por el público generalista. Por su parte la Junta basa la liberalización en unos determinados volúmenes de afluencia turística cuyo impacto es necesario aprovechar. Más allá de otras consideraciones los dos argumentos tienen aspectos contradictorios en sí mismos. La afluencia turística a cualquier lugar busca sobre todo los elementos diferenciales de esa zona, aquello que resulta nuevo, desconocido o exótico al visitante. Por eso el argumento de la Junta de que haya que abrir más horas, cuando se sabe que los únicos que pueden hacerlo son las grandes superficies, entraña un absurdo. Nadie va a hacer turismo a una ciudad para comprar en cualquiera de las grandes superficies franquiciadas, que son prácticamente iguales en todas partes. La desregulación horaria solo puede favorecer a aquellos que, con grandes facturaciones, diluyen los costes de personal por tenerlo muy escaso. No en vano se llaman “autoservicios”. Por su lado el pequeño comercio se basa en la atención personalizada, en la disposición de productos de carácter local y producción pequeña, que por su naturaleza no están presentes en la gran superficie. Ése es realmente el nicho que atiende al turista. Sin embargo los costes de personal son mucho más altos, la presencialidad de los dependientes es fundamental y las horas con baja afluencia de público suponen pérdidas importantes. Eso por no hablar del infraempleo, que se vive ya en las grandes superficies, por la baja actividad comercial devenida con la crisis. Si por debajo de un cierto umbral de facturación mensual no hay clientela a ciertas horas, solo queda reducir salarios, alargar las jornadas, reducir las vacaciones, excluir a los menos productivos por distintas causas; en definitiva generar empleo-basura. Todos debemos defender la limitación de horarios, o bien abrirlo todo: administración pública, bancos … No puede haber distintas varas de medir. Por eso, si no queremos degradar aún más las condiciones de vida de este país, hay que poner riendas a los horarios y también forzar las condiciones del pequeño comercio para hacerlas más flexibles, menos amodorradas y sujetas a costumbres que ya no tienen razón de ser. Esa es la forma de defender un pequeño comercio que no se puede convertir en tienduchas donde los empleados se eternizan.

LOGÍSTICA Y EMPRESARIOS

El sábado pasado se celebró una reunión en el Parador Nacional de León organizada por el PSOE local, pero abierta al público. En ella se trataba la situación de la provincia ante el anuncio del trazado del Corredor Atlántico por parte de la Junta de Castilla y León, así como la nueva coyuntura ante el cierre de la autopista del mar entre Gijón y Saint Nazaire. Las intervenciones revistieron un carácter fundamentalmente técnico, con participación de ponentes asturianos, zamoranos y leoneses. La conclusión más sustancial es que existe un movimiento político desde ciertas instituciones para apartar a esta provincia en el nuevo diseño de ejes de transporte transeuropeo. Por una parte la Junta de Castilla y León apoya abiertamente un solo corredor, que sigue el trayecto Burgos-Valladolid-Salamanca, donde pretende concentrar las inversiones. Esto a pesar de que en la documentación europea figura un segundo ramal que discurre desde Burgos hacia Galicia y Asturias por León. Por otro lado parece que en el traslado del operador de la autovía del mar Gijón-Nantes a Vigo, queda en evidencia que hay un movimiento para cazar subvenciones trasladando el mismo tráfico de puerto en puerto. Nadie se ha opuesto o pronunciado. Todos los territorios de España cuentan con 4 niveles de la administración pública para defender sus intereses: el gobierno central, el autonómico, el provincial y el municipal. En León es palmario que el escalón autonómico no existe en la promoción económica. La Junta de Castilla y León o no defiende o toma partido contra los intereses de León. Además, cuando está a punto de cerrarse el diseño logístico del Corredor Atlántico, dejando apartado a León, llama la atención el silencio de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de León. Ambas instituciones permanecen en una pasividad letal para el futuro económico de esta provincia. Capítulo especial requiere el papel de la organizaciones empresariales leonesas, que no se han pronunciado sobre estos temas ni tampoco sobre el plan estratégico de la Junta en materia de política industrial, llamado III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial. Parece que ambas organizaciones –CEL y FELE- inician un proceso de acercamiento en estos días. Sería bueno que se aprovechase la ocasión para revisar el pobre papel que están desempeñando, junto a la Cámara de Comercio, en la defensa de los intereses económicos leoneses y hacer un propósito de la enmienda. Parece como si el debilitamiento del mercado leonés no les importase.

LA CLAVE ES LEÓN-BURGOS

La Junta de Castilla y León ha trazado un plan para implantar la mayor parte de las actividades logísticas y los polígonos industriales clave en la línea Burgos-Valladolid-Salamanca. Así se desprende de su apuesta por un determinado trazado del Corredor Atlántico en las instituciones europeas. Con ello consigue integrar en ese corredor 3 de los 4 mayores rururbanos de la autonomía y las 3 mayores ciudades por la población de sus ayuntamientos. En toda la documentación emitida se esquematiza en mapas este esquema, que cuenta con un centro fundamental: Valladolid. Según ese planteamiento el cuarto ayuntamiento por población, que es León, y el segundo rururbano, que lo rodea, quedan fuera de la línea principal. Se pone León como punto de referencia en el mapa, pero queda en evidencia que está fuera del corredor principal, que ninguna nueva infraestructura clave se va a ubicar en su cercanía y que no queda claro el por qué de esa señalización en un lugar que está fuera de los planes principales. Uno de lo aspectos más llamativos de todos los esquemas de la Junta es que el corredor León-Burgos, donde existe una autovía, desaparece del mapa. Y resulta aún más extraordinario cuando se tiene en cuenta que, según los datos de la propia Junta, es el corredor de mercancías más importante de la red autonómica. Las mediciones de tráfico (IMD) no mienten. Por eso resulta evidente que la León-Burgos rompe el plan que alguien trazó en la Junta para montar un esquema de desarrollo logístico que centralizase en Valladolid las inversiones. A esto se añadirá la apertura a mediados del próximo año del tramo pendiente de autovía entre Benavente y Zamora. Se trata de otro corredor que no entra en el esquema logístico de la consejería autonómica y que abre una ruta para el tráfico pesado entre Gijón y Sevilla debilitando el papel distribuidor de Tordesillas. Por eso se puede afirmar que el despliegue logístico planificado por la Junta no era el único posible. Se ha elegido uno determinado que favorece a Valladolid. Además el esquema elegido perjudica el papel de León en la red logística. Por último, si se potenciase al papel de la autovía León-Burgos y, a partir del año que viene, el de la León-Salamanca, Valladolid se vería perjudicada en sus expectativas y León se beneficiaría. De todo ello se colige que León y Valladolid compiten como centros de distribución de mercancías y que la Junta se ha decantado por Valladolid. ¿Qué van a hacer los dirigentes de las instituciones leonesas para mejorar nuestra perspectiva?

EMERGENCIA TÉRMICA

En las últimas semanas se ha filtrado la información de que la empresa propietaria de la central térmica de Compostilla podría estar contemplando la posibilidad de cerrarla. Llama la atención la pasividad de las autoridades políticas e intelectuales de la provincia ante tal eventualidad. León cuenta con una parque térmico de 3 instalaciones: Compostilla y Anllares, en el Bierzo, y La Robla, en la comarca de Alba. Se trata de grandes instalaciones industriales preparadas para obtener energía eléctrica a partir de la combustión de carbón. La razón de ser originaria de estas centrales fue la proximidad a las minas para reducir los costes de transporte a la mínima expresión. Por lo tanto la relación entre las minas de carbón y la presencia de centrales térmicas es estrecha. De ahí que la búsqueda de nuevos sistemas de explotación más eficientes, limpios y baratos debe ser un empeño para las empresas mineras, los operadores térmo-eléctricos y los investigadores de León. Plantear el cierre de una central térmica de carbón aquí supone asumir el cierre definitivo de las minas que hay en su cercanía. Lo contrario no tendría sentido. Por otra parte, Compostilla puede ser un globo sonda de la empresa y del gobierno –ambos competentes en esta decisión- para saber cómo seria acogido el cierre del resto de térmicas leonesas. Y parece que nada se mueve en León. Para valorar el alcance de esta decisión hay que saber que estas industrias dan trabajo a varios miles de personas entre empleados de la propia compañía generadora y los numerosos subcontratistas con que cuentan estas instalaciones. Las centrales de combustión de carbón son estructuras con una fuerte base de ingeniería, que implican a técnicos y puestos de trabajo cualificados. Perder esto es una descapitalización intolerable. Por esta causa se puede afirmar que en torno al ciclo del carbón trabajan en León miles de personas entre mineros, empresas de movimiento de tierras, técnicos en explosivos, vigilantes, transportistas, recambistas, asistentes de maquinaria industrial, ingenieros, operarios de las centrales, personal de mantenimiento, administración pública en torno a ambas actividades, empleados de ferrocarril, servicios de apoyo de todo tipo (gasolineras, talleres, grúas, mayoristas de material químico …). Que se esté desmantelando el sector mientras las autoridades no dicen nada y los catedráticos de la Escuela de Minas dormitan, clama al cielo. O falta responsabilidad, o capacidad intelectual, o están muy ocupados en vaya usted a saber…

LEÓN Y LOS DRONES

El doble uso del Aeropuerto de La Virgen del Camino, que es militar y civil, permite garantizar una actividad más amplia que la que tendría si solo se explotase en una de esas vertientes. Casi siempre, desde su habilitación para el transporte comercial de viajeros, se habla de los resultados como aeropuerto civil. Sin embargo el uso militar puede tener un impacto económico muy interesante para todo su entorno. Por otra parte, las mejoras que se producen en una de las líneas de su explotación se suelen traducir en ventajas para la otra. Así el aumento de las pistas que se realizó para la aviación civil ha facilitado que se haya hecho pruebas de aviones militares de gran porte como el A400M. Por su parte, los controladores militares han facilitado el uso de la instalación civil en diversas ocasiones. Los drones son aeronaves que se caracterizan por estar tripuladas desde tierra. En otras palabras, carecen de piloto. Su uso se extiende rápidamente y el desarrollo de todo lo que los concierne recibe cuantiosas inversiones en investigación. Uno de los usuarios más importante es el ejército, aunque estas tecnologías se están aplicando a múltiples sectores civiles. En unos años habrá buena parte de las flotas de aeronaves dronizadas, ya que tiene grandes ventajas, como el descenso de costes y el aumento de operatividad de los vehículos, que no dependerá del cansancio de los pilotos. En estos momentos se está decidiendo la ubicación de una unidad de drones del ejército. León se encuentra entre los candidatos más sólidos para acoger este grupo. Su llegada implicaría a varias instituciones, aparte de la propia base aérea, como la universidad, a través de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial, las empresas TIC del “cluster” de León, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial y algunos otros. La unidad de drones supondría atraer profesionales en un sector tecnológico de vanguardia y participar en sus avances, situando a esta ciudad como uno de los referentes. En consecuencia la fijación de la unidad de drones del Ejército del Aire es un objetivo fundamental para el futuro económico, formativo y empresarial de León. Los representantes públicos deben comprometerse en su consecución influyendo a todos los niveles. Sería recomendable saber qué gestiones están haciendo al respecto el alcalde de León, el presidente de la Diputación, el subdelegado del Gobierno de España, el rector, el comandante de la Base Aérea y el responsable del antigua INTECO, hoy INCIBE para lograrlo.

ALIMENTOS, ESCUELAS Y TONTOS

Parece ser que los niños de Almanza no pueden llevar la comida de sus casas si quieren ingerirla en el comedor escolar. Se argumenta que la administración pública no se puede responsabilizar de los efectos de esa comida porque su estado no está supervisado por los técnicos. En otras palabras, el mismo aparato administrativo que ha permitido el servicio de comida en condiciones inadecuadas a los niños impide que la comida que preparan sus madres sea consumida en el colegio. De la misma manera cabe preguntarse por qué la Junta de Castilla y León no inspecciona las cocinas domésticas de las familias de esos niños. Si nos ponemos puristas, podríamos exigir a la administración que inspeccionase las cocinas domésticas de todos los ciudadanos. Al fin y al cabo lo que se hace en esas cocinas afecta potencialmente a nuestra salud y es responsabilidad pública. En consecuencia el afán inspector se puede elevar hasta el absurdo y eso es lo que está pasando con el caso de la comida escolar con gusanos y con todas sus derivadas. La Junta ha sido incapaz de garantizar que se sirva una comida de catering que esté simplemente rica, pero cierra sus comedores a lo que elaboran las madres para sus niños. Y lo que empieza a aflorar como pregunta tras todo esto es para qué sirve tanta legislación alimentaria, tantos inspectores y tantos políticos legislando una semana tras otra, si lo que se ha perdido es el sentido común. Hay una regla fundamental en el mundo de la empresa y, en general, de las organizaciones: si algo funciona bien, no lo toques, no lo cambies. En el caso de la comida para los comedores escolares alguien cambió de proveedor sin analizar en profundidad la clase de servicio que se iba a prestar a los ciudadanos. No se hizo un seguimiento adecuado a posteriori. El protagonista de ese cambio debería tener responsabilidades por lo que ha pasado. Además, tendrían que saber él y todo el aparato administrativo, que los ciudadanos nos empezamos a cansar de tonterías, de inspecciones sobre cosas que no generan problema alguno, pero que se hacen para justificarle el sueldo a alguien. La administración, más allá del legalismo, tiene que usar el sentido común. Sobran diletantes de la política discutiendo sobre las musas mientras cosas tan elementales como el servicio de comida a los niños en el colegio están fallando. No podemos seguir creando leyes e inspectores a mayor gloria de la nada, creando indignación e ineficiencia y llenando el país de costes innecesarios e inútiles. Basta ya de bobadas.