VALLADOLID EN LA EPA

La Junta de Castilla y León ha apostado por Valladolid como centro de crecimiento económico desde el inicio autonómico. Aunque la ciudad no es la capital, la Junta ha situado la mayoría de las sedes y altos funcionarios en esa ciudad y provincia. Además ha promocionado su desarrollo industrial por encima de otros lugares de la Autonomía. Cabría esperar que el desarrollo de esa provincia fuese destacado en el conjunto de España. Uno de los principales marcadores que permiten visualizar el crecimiento de las provincias es la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística. Como saben los lectores, cada año analizo las tablas de la EPA del tercer trimestre, que mantengo desde 1981. Las provincias que mejor evolucionan marcan crecimientos notables en la población activa ocupada (PAO), es decir, que son en las que más trabajo nuevo se genera. La PAO de las provincias denota su vigor e importancia. La Junta de Castilla y León se jugó desde un principio todo a una carta en términos de desarrollo: Valladolid. Y la EPA desnuda el resultado de 35 años de gestión autonómica. Si hasta el año 2000 Valladolid creció a ritmos similares a otras provincias con capitalidad autonómica, desde ese año la situación ha cambiado. Entre 2000 y 2017 Valladolid es la provincia con capitalidad de facto de peor evolución en España. La peor con diferencia. La PAO vallisoletana crece un 9,82% frente a una media del 30.28% de España y de un 33.47% de las sedes autonómicas. La siguiente peor, que es Álava, creció casi un 15%. Valladolid es también la peor desde la salida de la crisis en 2013 (-0.28%, única en negativo). Y entre 2010 y 2017 es además la peor provincia de toda España con o sin sedes. Pero si observamos la evolución de la población ocupada del resto de provincias autonómicas el resultado no es mejor, es dramático. Entre 2000 y 2017 ninguna alcanzó la media española (30.28%). De las 8 últimas provincias españolas en ese periodo 4 son de esta autonomía. La conclusión es que el modelo de desarrollo y administración de esta autonomía resulta un fracaso. Es un imperativo de estado modificarlo, ya que peor no puede funcionar. Hay dos caminos: la ruptura de la autonomía en varias fracciones o bien la provincialización de la mayor parte de las actividades y el presupuesto, ya que son las autonomías uniprovinciales las que mejor han funcionado en cualquier periodo evaluable. En todo caso no se debe continuar así. Y León no puede seguir perdiendo cinco o seis mil habitantes al año por falta de trabajo debido a una gestión pública que no funciona. Hay que cambiar.