En esta fase de la crisis hemos interiorizado la necesidad de hacer ajustes tanto en nuestras casas como en la casa de todos, que es el Estado. Los recortes llegaron primero al sector privado, donde los salarios reales bajaron. Posteriormente alcanzaron a la administración pública mediante una reducción de los salarios decretada. Ahora llega el momento de prescindir masivamente de trabajadores temporales por la exigencia de aumentar el número de horas productivas entre los fijos. El resumen es que los ajustes han llegado fundamentalmente a un sector: el de los trabajadores de clase media, asalariados y pequeños autónomos que han cargado casi en solitario con el pesado fardo del ajuste.
La cuestión está en que, transcurrido este duro castigo: ¿qué se ha hecho para reordenar y reducir instituciones públicas? Muy poco o nada, porque sobrarían políticos y cargos de libre designación. ¿Qué se ha hecho para evitar que el dinero prestado o donado a los bancos no sirva para prejubilar con altas remuneraciones? Nada. Los prejubilados han encontrado el chollo de sus vidas a costa de todos. ¿Se han puesto los medios para incrementar la tributación entre los que más ingresos tienen? No. Parece que hay miedo a imponerlo. ¿Se castiga a los poderosos que han cometido gravísimos errores? En general no. Nadie ha pagado por ello. En conclusión, el ajuste bestial que estamos sufriendo no está repartido por igual. Hay privilegiados que apenas conocen el recorte.
Llegados a este punto puede que una gran parte de la población tenga que increpar al gobierno –éste y el próximo- que no se puede asumir ni un sacrificio más hasta que las cargas se repartan. Que nadie se extrañe si las paciencias se agotan.
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