El Escándalo de Otero

En los últimos días los medios se han hecho eco del nombramiento de Joaquín Otero como asesor del Procurador del Común de Castilla y León. Parece ser que la retribución por asesorar rondará los 60.000 euros al año. La verdad es que en esta cuestión resulta difícil entender tres cosas: la elección del personaje, la compensación económica y el momento elegido.
Resulta complicado discernir la elección de Otero porque no se le conoce un hábito de trabajo ejemplar en su labor política. Tampoco ha mostrado una brillantez intelectual que permita pensar en valiosas aportaciones tras su largo periodo en las Cortes. No está la coherencia ideológica entre sus virtudes tampoco, transfugado como fue del leonesismo al servilismo de la causa del señor Herrera. Francamente, hay mucha gente más valiosa, si hay que juzgar por lo que vimos en su periplo como procurador.
La compensación económica es extremadamente alta para un puesto en el que ha de limitarse a aconsejar. En este fin de semana tuve oportunidad de leer cómo el gobierno cántabro limitaba la máxima remuneración de sus altos cargos, en puestos mucho más comprometidos y ejecutivos, a 60.000 euros al año también. No hay proporción alguna en la compensación que se le va a proporcionar a Otero.
Respecto al momento elegido, no puede ser peor. Tan es así que, si es poco adecuado el nombramiento de Otero, a quien tomó la decisión debería costarle el puesto. Con plantas del Hospital de León cerradas, con reducción de profesorado y recortes salariales por todas partes, llega un incalificable y decide dar 60.000 euros a Otero, el “leonesista”, por no se sabe exactamente qué. Mucho más cuando se hace en una institución que es correlato de otra estatal -el Defensor del Pueblo-, lo que la hace absolutamente prescindible; es más, en las actuales circunstancias económicas y visto para lo que sirve debería desaparecer.
En conclusión, el nombramiento del que hablamos es un escándalo en toda regla. La desvergüenza con que se hace público viene a demostrar que desde la Junta sólo se aprieta el cinturón de algunos. Mientras tanto los sindicatos de funcionarios ¿miran a otra parte?