La semana pasada un grupo de alcaldes manifestó su descontento por lo que considera discriminación de otras instituciones hacia municipios con menos de 1000 habitantes. Entre sus argumentos figuraba la falta de capacidad financiera de estos ayuntamientos para acometer inversiones y que la mayor parte de su presupuesto se dedica a gastos de funcionamiento.
De esta intervención cabe concluir que el primer culpable de la deficitaria situación en los pueblos afectados es su propio ayuntamiento. La Ley de Régimen Local establece los servicios que debe prestar cada entidad. Se entiende que si una de ellas, como estos municipios, no pueden afrontarlo por causas estructurales es lógico que desaparezcan. No se puede pedir dinero a los contribuyentes para pagar alcaldes, concejales y personal administrativo mientras los ciudadanos no reciben las contraprestaciones correspondientes. En consecuencia procédase a fusionar municipios incapaces de cumplir sus obligaciones.
Se trata sin duda de un debate conflictivo para las cúpulas de los partidos, pero deberá ser planteado entonces por la sociedad civil. En León sobran decenas de alcaldes y cientos de concejales porque no se justifica su existencia como servidores públicos. Alguien tendrá que hacer cumplir la ley. ¿Qué institución es la responsable?
Por otra parte, tendría que existir un proyecto –o varios- para refundir los ayuntamientos de la provincia preservando racionalidad y servicios.
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