Crisis, Instituciones y Pasividad

La crisis económica ha provocado una rápida reacción en las familias y las empresas. Se han producido ajustes en el gasto innecesario, mejoras de la eficiencia e incrementos del ahorro a ritmos que sorprenden e incluso con cierta anticipación. Por el contrario las estructuras de las instituciones públicas apenas parecen susceptibles al difícil trance que atraviesa el país.
Se podría contestar que el ayuntamiento de León, por ejemplo, sí ha corregido algunos excesos, pero eso se debe a que su situación era desesperada incluso en la etapa de expansión económica. Por eso se acometió un plan de “adelgazamiento” urgente que aún se muestra insuficiente.
Actualmente España está destruyendo empleo porque la balanza de la actividad empresarial está desequilibrada. Los países siempre crean y destruyen trabajo a la vez por la propia dinámica del mercado. Sin embargo la creación de empleo es una consecuencia de la inversión en actividades diversas. La inversión requiere de una parte importante de crédito pero, como éste se haya casi bloqueado, apenas se produce aquélla. En consecuencia la destrucción de empleo no se ve compensada con nueva creación, lo que se salda con más paro.
Una parte de la inversión tendría que venir de las administraciones públicas, pero éstas han visto reducidos sus ingresos porque se recaudan menos impuestos al haber menos actividad privada. Como han adquirido una estructura mastodóntica y su productividad es baja, ya que apenas existe control del rendimiento, consumen los recursos públicos sin que resten fondos para realizar inversiones. Sólo endeudándose pueden invertir, pero las administraciones locales y autonómicas ya están sobreendeudadas.
¿Qué deberían de hacer? Recuperar capacidad de inversión. ¿Cómo? Reduciendo sus gastos de estructura y mejorando la productividad (hacer más con menos recursos materiales y humanos). ¿Lo están llevando a cabo? No. ¿Hacia dónde caminamos si las administraciones públicas no reaccionan? Hacia el estancamiento de las ciudades y centros económicos, y del país en general. En definitiva, urge que las administraciones recobren la capacidad de invertir.