Reajuste Autonómico

La depresión económica española está llevando a cuestionar sin criterio casi todas las estructuras del país. Semanas pasadas repasamos el ataque contra los aeropuertos regionales, el medio de comunicación más barato, versátil y seguro que tiene España. El AVE y sus costes, probablemente inflados, habrán de ser revisados, y la densa red de autovías prevista, la mayor de Europa, también. Cabe desear que quienes apliquen los recortes sean conscientes de que la segunda potencia turística del mundo necesita una red de comunicaciones excelente al servicio de los españoles y de los más de 50 millones de visitantes.
Quienes aspiran a la deconstrucción de España tiran ahora por elevación. Ya corren por internet mensajes pidiendo la desaparición del estado autonómico. Sin duda estamos en una época que es terreno abonado para las simplezas porque la España de las autonomías es la historia de más éxito que ha tenido este país desde hace varios siglos. Sobre una matriz básica hemos puesto a competir 17 equipos para ver quién gestionaba mejor y, finalmente, trasladar su modelo al resto.
Sólo las autonomías explican el liderazgo de España en trasplantes. Sólo ellas han permitido que un país muy despoblado tenga la red de ciudades más poderosa del sur de Europa. Recordemos que es en las ciudades mayoritariamente donde se genera la innovación, el bienestar y la riqueza.
Otra cosa diferente es que el estado autonómico necesite un ajuste que permita embridar el gasto, definir y exclusivizar las competencias de cada nivel administrativo, y obligar a las autonomías a descentralizar hacia las provincias y las ciudades. Este país puede ser una potencia de primer nivel con la maquinaria autonómica bien engrasada y equilibrada. Hoy es la duodécima a pesar de todo.
No conviene desenfocar el debate sobre las causas de la crisis: no son las autonomías, sino la falta de control e intervención oportuna sobre las entidades financieras lo que nos ha llevado a este desbarajuste. Eso y una clase política hipertrofiada que hay que reducir al mínimo imprescindible y a la que hay que dictar normas salariales y medidas anticorrupción.