Uno de los capítulos de esta crisis que más horas de debate ocupa en los medios es la reducción de las plantillas en los organismos públicos. Se trata de un tema de conversación inacabable por la falta de cuantificación en que caen los participantes. En ninguna empresa cabe pensar en el capítulo de personal sin estimar previamente el número real, y subrayo lo de “real”, de horas de trabajo necesarias para desempeñar las tareas que se requieran.
Parece que se va a dar un primer paso definiendo las competencias que debe tener cada institución para evitar así que ayuntamientos, autonomías y gobierno central presten en total desorden el mismo servicio. Una vez logrado, se debería pasar a limitar el número de trabajadores por cada competencia en función de la población y el territorio a los que se atienda. Nadie puede creer que León con 135.000 habitantes necesitase 2000 empleados cuando Burgos con 175.000 ciudadanos y cumpliendo la ley a rajatabla lo hacía con 1.300. Según esa comparativa el municipio leonés debería contar con unos 1.100 empleados. Como el actual alcalde estima unos 1.350 para el final del plan de ajuste, todavía hay margen para ajustar más.
Ya sé que esto no es tan sencillo porque en Burgos puede haber servicios completos subcontratados, pero creo que todos entendemos lo que quiero decir. Si se logra establecer una norma legal que ponga límites a la contratación evitaremos en el futuro situaciones personales tan dramáticas como las que se viven entre los contratados laborales del ayuntamiento leonés. Probablemente si muchos de ellos no hubiesen entrado como entraron hoy no tendrían que salir como van a salir, algo de lo que no son los únicos culpables.
No hay comentarios:
Publicar un comentario