La discusión más importante que ha tenido lugar en la sociedad leonesa en los últimos años es la relativa al desacuerdo con la autonomía en que encorsetaron el Reino de León. Si se repasa las hemerotecas se concluye que este debate es el único que aparece constantemente en los espacios de opinión desde 1978. En consecuencia el documento de acuerdo firmado por la UPL y el PSOE capitalinos constituye el avance político más notable del último decenio leonés.
Las estipulaciones políticas pactadas recogen el derecho del Pueblo Leonés a decidir su estatus jurídico en la España autonómica, lo que ya se deducía de la Carta Constitucional, aunque dicha facultad haya sido hurtada a la voluntad popular. También reconoce que esta comunidad lesiona los intereses de León, cuestión de todos conocida. Además resalta la necesidad de promocionar los aspectos característicos de nuestra cultura, ahora marginados. El texto explicita que el marco autonómico puede cambiar y que, mientras se logra, el Ayuntamiento de León ha de ser depositario de tantas competencias como sea posible.
Una parte destacable es la que acota la territorialidad de la Región sumando a la Histórica, de 1833, con León, Zamora y Salamanca, el distrito de Braganza, un fragmento de Cisasturia que quedó inserto en Portugal. Eso no obsta el pragmatismo, por lo que se pretende el reconocimiento estadístico del País Leonés en Europa. Por último, las estipulaciones fijan la creación de un órgano de estudio que aconseje sobre la ruta político-administrativa para la segregación.
En definitiva, el acuerdo reconoce una región histórica con características e intereses propios, que ha visto atropellados sus derechos y que obra en consecuencia reclamando su equiparación con el resto de territorios, tal y como marcó la Norma Constitucional. Por lo tanto nos encontramos ante una apelación a la lógica, a la Constitución, a la voluntad popular, a la democracia y al sentido común que suscribirían la mayoría de los leoneses.
Hay que deducir que el texto es inteligente y acertado, porque la reacción de los vallisoletanistas ha sido furibunda. Los jefes pucelanos de los partidos nacionales han llamado a la disciplina de militantes y cargos públicos para ahogar la aspiración de los leoneses. Así se pone de manifiesto la catadura de estos cuatreros de la política, dispuestos incluso al secuestro de la voluntad popular. Por añadidura algunos mandatarios se atreven a proclamar que la reforma estatutaria, pactada sin debate público por cuatro beneficiados, “fue aprobada por las fuerzas sociales”.
En conclusión, los grandes partidos están cayendo fuera del juego democrático. Sin embargo su desconcierto ya ha tenido una consecuencia: el traslado de este debate al resto de España. Por tanto el camino escogido por el leonesismo es el correcto.
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