Hemos tenido la oportunidad de ver en los medios de comunicación el debate desencadenado en torno al futuro de una de las últimas casas de soportal leonesas, en la Plaza del Grano capitalina. El intercambio de opiniones ha sido denso y confuso. Podemos concluir que de un lado se decantaron las posturas conservacionistas, que abogan por el mantenimiento integral del edificio a través del afianzamiento de todos sus elementos. Por otro, se pronuncian los que apoyan la reconstrucción del edificio respetando las características de su fachada. Tras la pérdida irreparable del rollo de Santa Ana, todos convenimos en que la preservación de los últimos ejemplos arquitectónicos de este tipo es una prioridad. Sin embargo, las actuaciones han de ser diferentes según el uso que se quiera dar al edificio. Es curioso que, en este caso, las dos posturas mantenidas en el debate tenían su parte de razón. Si el edificio va a tener como destino viviendas no cabe la conservación integral. A nadie se le puede exigir que invierta en un edificio arcaico, en el que cada parte de la estructura no es reemplazable por elementos de similares características, y que no reúne las condiciones mínimas para constituir un hogar moderno. Habría que reformarlo por completo y, en ese caso, es mejor reconstruir manteniendo o reproduciendo la fachada. La segunda posibilidad es el uso del edificio para oficinas. En este caso la flexibilidad es mayor. La pervivencia de elementos singulares, propios de estas casas, y una mayor flexibilidad en el uso de su espacio permite la conservación casi integral de estos edificios.
Sin embargo, el debate ha destapado otro aspecto no menos interesantes y bastante descorazonador. A pesar de que nadie optaba por la desaparición de esta edificación, alguien levantó en armas a un bienintencionado grupo de vecinos suponiendo tal extremo. Tal ejecutoria parece más una maniobra política que a favor del patrimonio. Además, ciertos grupos aprovecharon para atacar al Concejal de Patrimonio, de la UPL, aunque luego se esclareció que el Concejal de Urbanismo, del PP, que observaba en silencio, era el más implicado. Por último, los ciudadanos nos hemos sorprendido con algún miembro de la comisión de patrimonio de la Junta -que debe dictar las directrices para la conservación-, que expresaba una preocupante inconsistencia de criterios. Comprobar de esta manera el desorden de intereses del que depende nuestro patrimonio causa desconfianza. Notables reliquias culturales pueden desaparecer en el fragor de una lucha política que no conoce límites ¿No se podría acotar algunos campos, como éste, en los que tal contienda quedase al margen?
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