El ya famoso “Pacto de Leòn” ha sido tratado como un escàndalo sin paliativos por los partidos polìticos estatales de la oposiciòn y por ciertos sectores de la opiniòn pùblica española. Tampoco los medios de comunicaciòn han actuado al respecto como meros notarios de la actualidad. En todos los casos que conozco se han alineado con una posiciòn, llegando alguna de las màs importantes cabeceras escritas de España a difundir autènticos libelos en sus editoriales.
Muchos leoneses nos hemos sentido abiertamente agredidos por unas crìticas al pacto sin justificaciòn razonable en la mayorìa de los casos. Esta circunstancia ha venido a demostrar que los grandes partidos, ciertos àmbitos ciudadanos y los periodistas ven normal que ciertos territorios gocen del derecho de interlocuciòn ante el gobierno del Estado para negociar su desarrollo econòmico y polìtico, mientras que no ven tan normal que otras regiones lo hagan. En otras palabras, se quiere dar a entender, aunque sin decirlo abiertamente, que existen unas regiones con unos derechos y otras con menos.
Sin entrar en comparaciones tenemos que recordar còmo la Federaciòn Leonesa de Empresarios habìa emitido una queja ante la negociaciòn entre el gobierno catalàn y el del Estado para territorializar el 15% de la inversiòn total del Estado para 2000 en Cataluña sòlo unas semanas antes del conspicuo pacto. Nadie se rasgò las vestiduras, incluyendo el PSOE, los alcaldes populares de Valladolid y Ponferrada, Tierra Comunera o Izquierda Unida todos ellos tan quejumbrosos en esta ocasiòn. Es màs, cuando posteriormente el gobierno convergente negociò la modificaciòn del trazado del Tren de Alta Velocidad para que pasase por las cuatro capitales catalanas, ademàs de incluir dos estaciones urbanas en Barcelona, nadie dijo ni “mu”. La ùltima gracia ha sido la asunciòn por parte del Estado del coste del “eje transversal de Cataluña” que la Generalidad ha construido. Las ùnicas diferencias entre estas negociaciones, o las jugosìsimas de Coaliciòn Canaria o el PNV, y las del “Pacto de Leòn” han sido las herramientas de negociaciòn (mi enhorabuena a los brillantes negociadores de UPL, que con tan poco hicieron tanto) y la actitud discriminatoria de muchos colectivos con nuestra tierra.
Lo cierto es que este proceso tiene sus raìces en los sucesivos gobiernos consensuados de España a partir de la tercera legislatura de Felipe Gonzàlez, cuando perdiò la mayorìa absoluta. Desde entonces todos los partidos estatales han tenido que negociar con nacionalistas y regionalistas para gobernar. El crecimiento de los partidos locales ha sido continuo, ocupando espacio -segùn se puede ver con una comparaciòn de la distribuciòn de los votos entre 1980 y 1999- por la izquierda (Bloque Nacionalista Galego, Uniòn del Pueblo Leonès, Chunta Aragonesista, etc), por la derecha (Covergencia y Uniò, Partido Regionalista de Cantabria, Uniòn del Pueblo Navarro, etc) o por ambos lados (Partido Andalucista, Uniòn Reformista Asturiana, etc). En definitiva, sòlo las acciones regionalistas màs o menos puntuales de los grandes partidos en el gobierno han puesto en peligro a estos grupos. Asì es como entre 1985 y 1992 el PSOE en Andalucìa hizo casi desaparecer al Partido Andalucista, o como el PP en Valencia ha hecho retroceder a Unidad Valenciana.
Es posible que si el gobierno español, no importa de què partido, hubiese afrontado en otros tèrminos la negociaciòn con el PNV y CIU en los primeros años de la dècada de los 80 los acontecimientos en torno al nacionalismo y al regionalismo hubiesen discurrido por otros cauces. Sin embargo, el camino elegido por los partidos estatales y los años transcurridos en esta vìa han producido un cambio difìcilmente reversible en las formas de diàlogo entre territorios y administraciones en España. El “Pacto de Leòn”, como el pacto de gobernabilidad de Cantabria, en el que el PP se compromete a realizar la autovìa de Cantabria a la meseta a cambio del apoyo de los regionalistas càntabros, o como tantos otros, no es màs que la muestra de una nueva forma de diàlogo entre partidos, regiones y Estado.
Los leoneses nos hemos subido a este carro màs tarde que algunas regiones, pero antes que otras y podemos asumir esta situaciòn como una capacidad de interlocuciòn ante el Estado para resolver los problemas y afrontar los proyectos afianzados en nuestra peculiaridad; peculiaridad que no significa separatismo, pero que nos ha servido durante siglos para adaptarnos a nuestro medio, ocuparlo, explotarlo y convivir en èl. Nos ha servido para desarrollarnos como personas, como colectivo y como grupo econòmico y social diferenciado.
Los leoneses podrìamos decir a tanto prohombre de medio pelo como anda por ahì que aprovechar la grandilocuencia para dar lecciones de estadista sòlo cuando lo que hay delante es un pueblo agraviado, aunque pacìfico es impropio de un autèntico hombre de Estado. El leonès es un pueblo agraviado con cifras de ejecuciòn presupuestaria bochornosas año tras año y con un mapa polìtico que le ignora sin motivo. Esa verborrea es una demostraciòn de la escasa grandeza y el oportunismo a los que nos tienen acostumbrados la polìtica y sus servidores, que no los servidores pùblicos, que son otra cosa.
La normalizaciòn del diàlogo entre las partes de España dentro de una negociaciòn entre iguales viene forzada por el ascenso de los partidos regionalistas y nacionalistas (la Uniòn del Pueblo Leonès, el Bloque Nacionalista Galego, la Uniòn Reformista Asturiana, el Partido Regionalista de Cantabria, el Partido Nacionalista Vasco, la Unidad Alavesa, la Uniòn del Pueblo Navarro, el Partido de la Rioja, la Chunta Aragonesista, El Partido Aragonès Regionalista, Convergencia y Uniò, Esquerra Republicana de Catalunya, la Uniòn Valenciana, el Partido Cantonalista de Cartagena, el Partido Andalucista, Extremadura Unida, Uniòn Mallorquina y Coaliciòn Canaria), que tienen un estimable peso en sus demarcaciones y mucho en el conjunto del Estado. Gobernar en España en el año 2000 pasa ineludiblemente por escuchar a esas agrupaciones que reùnen tantos votos como la mayorìa de los partidos nacionales. No se puede ignorar que estamos a las puertas de un nuevo modelo de estado español. Que los leoneses tengamos algo que decir en ese nuevo diseño es una magnìfica noticia y depende exclusivamente de nosotros.
Sòlo cabe pedir a las regiones vecinas un poco de igualdad en el trato a nuestra tierra; esa igualdad de la que todos hablan, pero que no conseguimos ver en España si un partido local, sea donde sea, no la defiende. Y me pregunto yo ¿què serìa de Cataluña sin CIU?, ¿què de Navarra sin la UPN?, ¿y què de Andalucìa sin el PSOE sevillano? o ¿es que alguien va a decir que los partidos estatales o, mejor, algunos de sus lìderes no actùan por regionalismo en muchas ocasiones?.
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