La LOGSE, la ley que organiza nuestro sistema educativo en la etapa preuniversitaria, está siendo sometida a revisión. Tras varios años de rodaje es hora de recoger y analizar los resultados. Los cambios que indujo en la distribución de los estudiantes fueron absolutamente drásticos en las áreas rurales. Los niños del final de la educación primaria y de la secundaria fueron concentrados en unos pocos centros, a veces distantes de su hogar más de una hora en autobús, con el fin de que su educación fuese, supuestamente, de mayor calidad. Tal argumentación se basaba en que los grandes centros, mejor dotados materialmente, garantizarían un nivel de preparación más alto. Muchas personas lo pusieron en duda, puesto que en edades tempranas no es esa mejora material lo que garantiza un buen desarrollo educativo. Las últimas mediciones realizadas por los organismos competentes del Ministerio de Educación, el CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa) y, sobre todo, el INCE (Instituto Nacional de Calidad y Evaluación), vienen a demostrar que las pretendidas diferencias en la preparación obtenida por los niños en función del tamaño del centro escolar no existen. Los niños educados en colegios grandes y los educados en unidades pequeñas no presentan diferencias significativas. La situación creada por la concentración de niños era, por lo tanto, innecesaria. En las zonas rurales del noroeste, que presentan una distribución de la población atomizada, la LOGSE ha supuesto que muchos niños tuviesen que trasladarse en autobús durante largos trayectos por carreteras locales. Los padres, preocupados, acabaron tomando una decisión: trasladar la residencia a un punto donde el niño no tuviese que subir al autobús. Así, de la mano de la LOGSE, nuestro sistema de poblamiento se ha visto castigado, parte de nuestros recursos, aprovechados hasta hace poco, han quedado baldíos y muchos pueblos ven acercarse la despoblación a pasos agigantados por una decisión tomada sin sentido social, sin conocimiento del país y sin conciencia de su alcance. La LOGSE, tal y como está redactada, no sirve ni para León, ni para el noroeste.
En este ejemplo se aprecia que las consecuencias de legislar para todo el territorio uniformemente pueden ser nefastas. Para evitarlo o paliarlo todos los territorios debieran tener interlocutores que defiendan sus intereses. Sin embargo, la peculiar configuración de nuestra región, amalgamada en una comunidad autónoma con otros territorios cuya estructura de poblamiento nada tiene que ver con la nuestra, plantea una cuestión preocupante ¿Dispone León de los interlocutores adecuados para promover sus intereses ante las instituciones?
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