El PP de Valladolid, a través de la Junta de Castilla y León, lleva varios meses queriendo apropiarse del poder sobre las cajas de ahorros de la autonomía. Para lograrlo intentó coaccionar a sus órganos directivos, y escenificó diversas reuniones para así imponer una fusión encubierta bajo la forma de cabecera única de grupo. En síntesis se trataba de crear una supercaja, con sede en Valladolid, que decidiese por todas, para culminar la unificación después.
El primer asalto de esta pugna ha concluido la semana pasada con la declaración de las cúpulas de las tres cajas más grandes de que lo que haya de hacerse se decidirá en las propias entidades. Sin embargo esta primera batalla ha dejado abundantes escombros entre las débiles estructuras sociopolíticas de Castilla y León.
En todos los foros abiertos de Internet se percibe que la reclamación “Castilla y León disolución” se ha extendido desde León a Burgos, Salamanca, Segovia y Ávila con virulencia. CECALE, la patronal autonómica que firmó el “protocolo” que se pretendía imponer a las cajas, quedó desautorizada por sus organizaciones provinciales. Óscar López, un miembro gris del aparato socialista y ajeno a León, devino en peón del gobierno popular, incapaz de hacer oposición. CCOO ha quedado fuera de juego. Presidente y consejero de la Junta salieron políticamente revolcados. Mientras, estallaba el escándalo de la nueva Consejería de Economía. Comienza ahora el segundo asalto.
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