viernes, 6 de febrero de 2009

Autonomía y Centralismo (II) (1994)

Sin embargo existe una segunda fuente de desarrollo que no supone la transferencia de recursos adicionales a las provincias administradas: la buena calidad de la gestión y la defensa de los intereses de los contribuyentes. Si alguien conoce respuestas positivas a estas preguntas puede responder a algunas apreciaciones pero en mi opinión la gestión de la Junta es desastrosa. ¿Por qué no se ha hecho un plan especial ante la PAC? ¿Por qué no protegió el sector lechero de León como se hizo en cada autonomía del Noroeste? ¿Por qué se homogeneiza el sector con los de otras provincias muy diferentes a medio plazo? ¿Cuándo van a dejar de ir los mineros a 250 kilómetros de distancia para negociar? ¿Cuándo traen la Dirección General de Minas a la provincia de León? ¿Se empezará algún día a exigir las restauraciones de los cielos abiertos? ¿Cuál es la decisión en la denominación “Lechazo de Castilla” o “Lechazo de Aranda”? ¿Así se premia la lucha del colectivo ganadero de la comarca de Aranda de Duero? ¿Por qué no se ha establecido una política agresiva para la mejorar el porcino ibérico de Salamanca? ¿Dónde están las medidas que aseguren la supervivencia del sector lechonero de Zamora? ¿Qué se ha hecho para afianzar el sector porcino de Segovia? ¿Cuál es la estrategia de la Junta ante la crisis de lúpulo (de la que ya se hablaba en el 91)? ¿Qué se hace por el sector frutícola de León? ¿Qué se hizo de especial para evitar el previsible fraude de la subvención del girasol? ¿Qué proyecto tiene la Junta para el sector cerealista? ¿Cuál es la política de reempleo en las zonas mineras del carbón? ¿Por qué los recursos que se extraen de la minería y que ahora devuelven parcialmente las eléctricas se invierten en Boecillo (Valladolid) y no en las cuencas?
En cuanto al sector industrial sería bueno conocer qué piensa hacer la Junta de Castilla y León aparte del Parque Tecnológico de Boecillo y el apoyo al Polígono de San Cristóbal y, por extensión, el de La Cistiérniga, Valladolid. Viendo las 14 empresas de participación pública autonómica que arrastran resultados sin beneficios desde el 89 no es mucha la confianza que irradian los gestores del Ente. Todo lo que han conseguido de nuevo es el contacto con empresas israelíes obtenido a través de la Oficina de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de León. No voy a entrar a repasar la actuación en el sector de servicios porque la política de sedes, de la que ya he hablado suficiente, permite una evaluación documentada. Para no hacer este escrito excesivamente largo me limitaré a describir dos cuestiones más . La primera se refiere a la falta de planes que se observa ante el práctico despoblamiento del flanco sureste de la Autonomía. Soria va rumbo a los 95.000 habitantes sin plan estratégico provincial y en la carencia más absoluta de recursos. La tan pregonada solidaridad con la que se quiere tapar la boca del leonesismo no está en ninguna parte. La segunda se refiere a la política de comunicaciones. La Junta mantiene el aeropuerto de Valladolid excluyendo de sus planes el de León. Al parecer dicen que no tiene sentido desarrollar el segundo. Sin embargo el aeropuerto de Villanubla perdió pasajeros el año pasado (regresa hacia los 120.000) y presenta un déficit considerable que está produciendo una reducción de empleos negociada en estos días con los sindicatos. ¿Por qué no se acepta el hecho de que Villanubla está muy cerca de Barajas y que no es competitivo? ¿Por qué no se asume que cuando la alta velocidad llegue a Valladolid la primera opción para los viajeros será el aeropuerto de Madrid? ¿Qué interés hay en cercenar el crecimiento de León? Respecto a las carreteras sólo cabe añadir una esperanza. Ojalá se asuma como simple maniobra política la conversión del corredor del Duero en autovía. Aparte de pasar por Soria, tierra de nacencia de Juan José Lucas, y por Valladolid, capital del Ente, no se vislumbra razón alguna que apoye su construcción. Ni los tráficos (medidos en IMD), ni el enorme impacto ambiental, ni el inmenso coste de tal iniciativa, ni la escasez de generación de sinergias para el desarrollo permiten plantearlo como alternativa plausible. Que en una Autonomía con las carencias de infraestructuras de ésta se pierda el tiempo en discursos de salón parece escalofriante por la irresponsabilidad que implica. Lo complejo de los problemas que se arrastran en cada una de las regiones de esta autonomía es más que suficiente motivo para reclamar la disgregación autonómica ya no por sentimientos o historia (que sin duda también son importantes) sino por puro sentido común. Tratemos de acercar de verdad la administración al ciudadano para territorializar la riqueza.
Además se debería evitar una triste plusmarca: que Valladolid, tras Madrid y Sevilla, sea la siguiente en el club de las provincias que cuentan una de cada tres personas ocupadas en la administración pública. Esquivar esa posibilidad nos alejará del subsidio y la ineficacia. Quien lucha contra esta situación de profunda injusticia debiera ser un ejemplo para cada español y de todo leonés comprometido con el futuro de su gente.

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