Autonomía y Centralismo (I) (1994)

El inicio del proceso autonómico a finales de los setenta estuvo basado en una filosofía que se nucleaba en torno a un principio: la descentralización de la administración pública. Este planteamiento partía del deseo de acercar la administración al ciudadano. Se pretendía un ejercicio de lo público que tuviese como fin aumentar la eficacia de la gestión. Sobre esas bases comenzó una etapa de trámites de aspecto legalista y democrático que derivaría en varias piruetas totalitarias, ilegítimas cuando no ilegales. Segovia y León quedaron integrados en “Castilla y León” en contra del mandato popular. La irregular aprobación del estatuto andaluz a pesar del “no” de Almería (era condición “sine qua non” la aprobación en todas las provincias andaluzas) y algunos hechos más que no viene al caso repasar ponen en tela de juicio el actual mapa autonómico desde sus raíces. El tiempo ha demostrado que este desenlace ha tenido consecuencias sobre el desarrollo general. Sin embargo quiero concentrar mi mirada sobre el caso de Valladolid por ser éste el que más de cerca nos toca a los leoneses. Es muy fácil cuando se habla de cuestiones que atañen directa o indirectamente al desarrollo de la región leonesa caer en victimismos mendicantes y facilones o pecar de indocumentado. Por ello evitaré referirme a cuestiones concretas de las que no tenga una información cuantificable o escrita en letras de imprenta. Dejo su enjuiciamiento al amable lector.
Partamos del hecho de que los pacientes de esta situación kafkiana que voy a describir somos los habitantes de ocho provincias. Sin embargo asumo que el interés se centra en la actual región de León, hoy reducida prácticamente a la provincia del mismo nombre.
He de dejar sentado que considero un clamoroso fracaso el modelo adoptado como optimizador de la cosa pública muy especialmente en las autonomías de gran extensión. Como dijo un famoso Nobel de economía “los grandes espacios económicos acumulan ventajas en sus áreas centrales y desventajas en las periféricas”. Los casos de Sevilla, Barcelona, Valencia o Toledo merecerían todo un examen en cuanto a la eficacia de redistribución en los recursos regionales y en las políticas de redistribución.
Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ascienden a 218.000 millones de pesetas aproximadamente para 1994. El número de personas ocupadas por la Junta de Castilla y León es de unas 20.000 lo que supone en dinero casi la tercera parte del presupuesto. De ellas 12.000 trabajan en Valladolid. El sueldo medio de un empleado de la administración pública según las estadísticas está en torno a las 3.100.000 pts brutas. Como en Valladolid se encuentran todos los altos cargos de la Autonomía la media debe ser un poco superior. Si multiplican estas cifras, siempre obtenidas salvando un muro de opacidad administrativa, descubrirán que la Junta deja en Valladolid unos 40.000 millones de pesetas sólo en sueldos. Estamos hablando de un 20% del presupuesto total sólo para empezar. Recordemos que en León, la provincia más poblada, extensa y con más actividad privada, sólo hay unos 2.000 empleados de la Junta. Sin embargo no termina ahí el agravio. Pueden deducir que esos señores ocupan oficinas que aún hoy son alquiladas por no tener sede propia como por ejemplo la Consejería de Fomento o la de Agricultura y Ganadería. Todos los suministros de material de oficina, muebles y servicios auxiliares como la limpieza y mantenimiento se contratan por abrumadora mayoría en Valladolid. Se da el caso de empresas que han optado por trasladar su domicilio mercantil, ya que viene muy bien tener conocidos dentro del “aparato” político para poder visitarlos con frecuencia. Así se mejora la obtención de contratos.
Aparte está la inversión para la construcción de las sedes de cada consejería (7 en total). Como ejemplo podemos poner una de las más recientes, la de Economía que con su coste de más de 2.000 millones de pesetas supera el de los servicios centrales de algunas provincias, por lo que se ve, menos afortunadas. Esto ha supuesto además la rehabilitación de gran parte del parque inmobiliario de Valladolid, que estaba cercano a la ruina, para su uso ya sea transitorio o definitivo. Como estas partidas no suelen imputarse en gastos de inversión a la afortunada Provincia le cae además por esa vía una lluvia de inversiones en carreteras de la periferia capitalina como las de las zonas de Boecillo y las cercanas al río Cega, al lado de El Pinarillo, que por añadidura disponen de firmes especiales. A estas alturas hemos rebasado con largueza el 25%, camino ya del 30% del presupuesto de la famosa Junta, que muy bien se cuida de no darlo jamás íntegro y provincializado simultáneamente para evitar “estallidos sociales”, que es como se le llama ahora a la justa indignación popular.