Humareda de Interrogantes

El incendio del depósito ilegal de neumáticos de Castrillo de la Ribera es uno de los mayores desastres ambientales de su género en España en 2005. Sus dimensiones y el volumen de emisiones agresivas para los seres vivos en una zona urbana están fuera de lo habitual, y sus consecuencias se prolongarán por largo tiempo. Por esta razón cae dentro de lo posible que la Unión Europea penalice a España por el desaguisado.

Aunque la reacción más frecuente es el enfado, este grave suceso debe constituir también una oportunidad para el examen de la conciencia social y para estimular el propósito de la enmienda. Se pueden formular numerosas preguntas para la reflexión sobre la cadena de fallos que se han sucedido hasta el incendio.

Podemos preguntarnos cómo es posible que cualquier sujeto con una finca pueda dedicarse a actividades molestas y potencialmente muy peligrosas sin remedio coercitivo alguno. ¿Sirve para algo la administración competente en medio ambiente? ¿Qué hace la inspección ante actuaciones de este tipo, que están a la vista de todos? ¿Es la pasividad una fórmula eficaz de realizar las labores de policía?

Parece ser que el principal culpable, un sujeto que acumulaba neumáticos sin medida, está acusado hace tiempo. ¿Sirve para algo denunciar una infracción por más que ésta resulte evidente? ¿Qué hizo la Justicia para garantizar el cumplimiento de la sentencia? ¿Quién se habrá sentido más perjudicado por la actitud de la Justicia, el culpable o los afectados?

De la combustión de neumáticos se desprende un complejo grupo de sustancias. Algunas de ellas, como las dioxinas, tienen efectos tóxicos y teratógenos. Sin embargo, se desconoce los niveles de las sustancias de mayor riesgo emitidas en este incidente ¿Tienen algo qué decir los estudiosos? ¿Qué opina el colectivo científico en un asunto de perfil técnico como éste? ¿Están Universidad e institutos públicos de investigación al servicio de la sociedad que los sustenta en la medida adecuada?

La administración responsable ha repetido hasta la saciedad que el incendio no representaba un peligro sustancial. ¿Cuánto hay de cierto en esto y cuánto en que se intentó restar importancia a un incidente grave? ¿En qué grado las administraciones han abdicado de su responsabilidad por una negligencia que dura años? ¿Cuándo sabremos la estadística de ingresos por inhalación de humos, la de reacciones alérgicas, la de malformaciones al cabo de unos años?

Todo esto ha sucedido ante los ojos de los leoneses sin que hayamos reaccionado con determinación. ¿Están comprometidos suficientemente los ciudadanos con sus propios bienestar y desarrollo sostenible? ¿Qué haría falta para que una sociedad todavía inmadura demuestre mayor altura de miras en desafortunados eventos como el que estamos viviendo?