martes, 6 de noviembre de 2007

León y el Confederalismo

Hablábamos el lunes de cómo las reformas de estatutos autonómicos más ambiciosas desde el punto de vista de la descentralización están proponiendo medidas que afectan a la gestión de los impuestos. Así mismo, venía a explicarse un primer aspecto, el de la recaudación de la totalidad de los tributos por parte de las comunidades autónomas, que vendría a suponer la federalización del País.

Este proceso no es en sí mismo negativo, pero, si se aborda con el deseo de los entes más ricos de reducir su aportación a los fondos de solidaridad, nos encontraríamos ante un efecto perverso: autonomías como Cataluña, que generan la mayor parte de su impuesto de sociedades y buena parte del de la renta en el resto de España, se opondrían a un retorno fluido de estos fondos hacia otras comunidades. Para León esto resulta inaceptable, puesto que perjudica su capacidad de financiación pública.

Un segundo aspecto, para la reflexión de hoy, es el deseo de las propuestas autonómicas más extremas de obtener capacidad para legislar libremente sobre los impuestos. Si a esto sumamos la pretensión, previamente citada, de apropiarse de la recaudación fiscal nos encontraríamos ante un proyecto confederal. Una vez más hay que incidir en que tal propuesta no es en sí misma negativa, sino que, matizada, puede ser un excelente modo de encajar ciertos anhelos territoriales en un modelo de España propio: justamente lo que los habitantes de la piel de toro no hemos sabido realizar hasta hoy.

Si el modelo federal debería de asumir el libre flujo de los fondos públicos desde las autonomías más ricas hacia las más pobres para no resultar dañino, el modelo confederal debería fraccionar el mercado, ya que los impuestos de empresas y personas podrían variar sustancialmente en función de las decisiones del gobierno autonómico correspondiente. De no ser así se podría producir la competencia desleal –como de hecho sucede con las haciendas forales- de un territorio rico, el cual rebajase los impuestos respecto al resto del Estado. Tal proceder induciría un efecto de arrastre de la actividad económica hacia esa zona, ya de por sí potentada. En tal caso el camino sólo podría ser el del cierre del mercado de las otras autonomías a las empresas del ente confederado, que habrían de crear un domicilio mercantil fuera del territorio de origen para operar en el resto del País.

Si en León no se debería admitir que impuestos generados en su territorio queden “capturados” en economías ajenas, tampoco se podría admitir que otros territorios diesen condiciones ventajosas a ciudadanos y empresas propias para que emigrasen. Esa experiencia fiscal, a otra escala, es la sufrida en nuestra relación con la Autonomía de Valladolid y conocemos bien los indeseables resultados de ese parasitismo.

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