jueves, 1 de noviembre de 2007

Leonesismo, Estatuto y Temor

El pasado día 28 de octubre tuvo lugar una nueva manifestación por la autonomía de León de las promovidas por el colectivo “Ciudadanos del Reino de León”. La convocatoria concitó de 5.000 a 7.000 personas. Para el cálculo ha de valorarse que, cuando la cabeza afrontaba el cine Emperador desde la plaza de Santo Domingo, la cola empezaba a abandonar la plaza de Guzmán. Por lo tanto nos encontramos ante un acto de masas, pero algo menor que el precedente.

En esta edición concurrían factores que mermaron la participación: la escasa publicidad –sin duda es la convocatoria menos divulgada- y los efectos disuasorios de la presentación de uno de los convocantes como candidato a secretario general de un partido político. Ambas causas traslucen la ingenuidad de este grupo, de raíz netamente ciudadana.

La casualidad ha querido que las cuatro manifestaciones celebradas hasta ahora hayan acompañado el proceso de reforma estatutaria de Castilla y León. Este documento –un apaño semisecreto entre dirigentes del PP y el PSOE, cerrado al resto de la sociedad, pero ahora aireado como fruto del consenso-, lleva el estigma de la deslegitimación por una contestación social que carece de precedentes en España. Hay que ponderar además que estas manifestaciones son las más concurridas del último año en la autonomía.

Por otra parte que un sector del PSL cada vez más relevante esté a favor de la autonomía leonesa ha comenzado a desatar los nervios en círculos castellanistas. La mayoría de los que han contestado esta postura recurrieron al mismo argumento: el pacto entre el PP y el PSOE definirá el futuro en cualquier caso. Para estos acomodados en el poder la voluntad popular no cuenta. Sin embargo comienzan a estar incómodos, ya que ninguna causa reúne más apoyos en este artificio autonómico que tantas alegrías parece proporcionarles que la autonomía de León.

Sobresale entre otros aspectos el apagón informativo en Valladolid. Ninguna televisión autonómica habló en sus informativos territoriales de máxima audiencia de la manifestación. Los periódicos fuera de León no informaron o lo hicieron marginalmente. Al tiempo daban cobertura a trescientas personas que protestaban por las obras del AVE catalán. O se extiende una dudosa objetividad o existe directamente un bloqueo mediático.

De ello se induce que hay políticos preocupados por el movimiento que crece descontroladamente en León. Pero las entrevistas con parlamentarios en Madrid por los concejales de la UPL, las manifestaciones de los Ciudadanos del Reino de León ante las Cortes y el debate leonesista en las tertulias está venciendo el cerco informativo. Si los acontecimientos siguen su curso esta autonomía sufrirá una crisis de imagen y de autoridad en el resto de España por su reducida legitimidad democrática.

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