martes, 6 de noviembre de 2007

León y el Federalismo

Para algunas personas uno de los problemas notables que plantean las reformas más ambiciosas de los estatutos autonómicos son las relativas a los impuestos. El borrador del estatuto catalán, presentado a trámite en Madrid, hace especial referencia a este aspecto. Vamos a atender a dos vertientes esenciales, como son el lugar donde se recaudan los tributos, por un lado, y la capacidad autonómica para cambiarlos, por otro.

En lo que afecta a dónde se han de ingresar, las reivindicaciones más descentralizadoras pretenden que cada comunidad autónoma recaude todos los generados por los habitantes y empresas de su territorio. A fin de cuantificar cuánto habría que aportar al gobierno central se establecería una negociación. Tal cosa cambiaría radicalmente la situación actual, en la que buena parte de los gravámenes son captados por el gobierno central, institución encargada de estimar cuánto de ese caudal económico ha de destinarse a cada comunidad.

Esta pretendida federalización podría ser interesante para cualquier autonomía con alta capacidad fiscal por su alto número de habitantes y de empresas residentes. Sin embargo ese mismo modelo, en que el gobierno central ha de “lograr” el retorno corrector hacia las autonomías más pobres, es insolidario e injusto si se lleva a un extremo.

Resulta insolidario porque las autonomías ricas intentarían devolver lo mínimo, e injusto –y aquí está el fondo de la cuestión- porque estos territorios recaudarían impuestos generados fuera de ellos. Así, por ejemplo, SEAT generaría gran parte de su aportación fiscal fuera de Cataluña -por sus ventas-, pero sería depositada en Barcelona al tener el domicilio fiscal allí. A su vez, la Generalitat intentaría ceder la menor fracción posible de esa recaudación. Lo mismo se podría argumentar con el impuesto sobre la renta recaudado con los salarios de los trabajadores de la sede central de la empresa sostenidos con la actividad económica desplegada en el resto de España.

No hace falta especular sobre estos efectos perversos porque existen territorios virtualmente federalizados en España y sabemos el resultado de dicha experiencia. Las haciendas forales no sólo no aportan fondos de solidaridad al resto de autonomías, sino que, además, reciben dinero. En otras palabras, no revierten lo mismo en León -en forma de gasto público- los tributos por compras a empresas domiciliadas en el País Vasco o Navarra que a otras con domicilio en León, Madrid o Valencia, por poner el caso.

Por eso en este momento, en el que habría que acometer una racionalización del insostenible -aunque constitucional- cupo vasco, carece de sentido plantear otra relativa “foralización”. Además, esta propuesta podría desencadenar el cierre preventivo de algunos mercados a las compañías catalanas.

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