La pasada semana Caja España, una entidad que se había resistido hasta el momento a recurrir a las prejubilaciones como herramienta para ganar rentabilidad, hizo público un plan para hacer llegar esta medida a unos doscientos cincuenta empleados. La corriente general en la banca, que empuja a deshacerse de cualquier trabajador que ronde o supere los 52 años, había llevado a la empresa leonesa a acumular un desfase en la ratio de eficiencia que ha hecho aconsejable su corrección.
La lectura de esta noticia, una de las más importantes de la semana, produce reflexiones contrapuestas. Por una parte hay que felicitar a Lagartos y su equipo por tomar una medida valiente, nunca fácil, pero necesaria en un entorno laboral muy competitivo. Por la otra, se manifiesta la rabia por ser incapaces de resistirse a la expulsión anticipada de trabajadores del mercado laboral.
Si examinamos las prejubilaciones registradas en los últimos años encontraremos dos tipos. Por un lado están las que han tenido lugar en empresas con dificultades o que deben adecuarse a las tendencias del mercado. En estos casos se utiliza la medida como recurso para aligerar los gastos e intentar así, o salvar el centro de producción, o rescatar la eficiencia perdida. Por esta razón parece justificado asumir tal coste social. En el otro extremo están las empresas que hacen uso de la prejubilación con el único fin de acrecentar sus ya abultados beneficios. En estos casos cabe preguntarse si no se trata de una medida que debiera ser sometida a condiciones más estrictas.
Las prejubilaciones producen costes directos (indemnizaciones, mensualidades) que son asumidas en algunos casos por la propia empresa. En otras ocasiones son soportados parcialmente por el erario público. Existen además otros costes indirectos, como los relativos a retirar profesionales perfectamente formados y hábiles de la economía productiva, y arrumbarlos hacia una jubilación que será anticipada y onerosa para las arcas públicas. Por esta razón las prejubilaciones debieran ser objeto de mayores restricciones por parte de ese estado del que todos formamos parte.
En consecuencia, el caso de las prejubilaciones de Caja España no merece crítica alguna, pero es un síntoma de otras cosas. Lo que resulta relevante es que una empresa rentable se vea obligada a recurrir a las prejubilaciones obligada por las condiciones de mercado; condiciones impuestas por otras entidades socialmente poco comprometidas. Deducimos así que se está permitiendo que la falta de escrúpulos de algunos imponga una ley no escrita en la que todos, a partir de los 52 años, quedamos excluidos de la economía productiva. ¿Se puede permitir una descapitalización intelectual como ésta un país con los problemas de baja productividad de España?
No hay comentarios:
Publicar un comentario