Ayuntamiento y Empleo

Hemos asistido los últimos días a la polémica sobre la no renovación automática de ciertos contratos en el Ayuntamiento de León. Los distintos agentes en la institución -gobierno, oposición y sindicatos- han adoptado posturas aparentemente divergentes. El gobierno ha justificado la medida como un ahorro imprescindible para las maltrechas arcas del consistorio. La oposición ha tachado la medida como sectaria ya que, opinan, es un subterfugio para contratar a posteriori afines y pagar favores. Los sindicatos, por su parte, han denunciando que se trata de una medida antisocial.

Como se ve, se han esgrimido diversas razones, pero, en realidad, se ha mezclado debates distintos. Por un lado el equipo de gobierno expone que la entidad municipal no es una oficina de empleo, y tiene razón. Por otro, la oposición denuncia con acierto un problema recurrente del Ayuntamiento: la incorporación de personas en su nómina como herramienta de fidelización de los partidos. Los sindicatos, a su vez, defienden el empleo y no cabe duda de que están en su papel.

Esta triple discusión es muy interesante, ya que da pie a reflexiones más profundas. Una podría ser que es inadmisible que otros ayuntamientos más grandes que el de León, con los mismos servicios, tengan bastantes trabajadores menos. Esto quiere decir que, o esclavizan a sus empleados o que en el ayuntamiento leonés se trabaja poco. Por eso se hace necesario estudiar el rendimiento laboral en León a fin de ajustar plantillas y sistemas de trabajo. No es justo que, con los impuestos del resto de los ciudadanos, se paguen salarios por trabajar escasa o inútilmente, como tampoco lo es la sobreexplotación laboral.

También habría que revisar los sistemas de contratación del personal porque lo de “meter al ayuntamiento” a amigos por parte de los concejales es un rumor generalizado. Una circunstancia tan escandalosa o se corrige, o se debe desmentir.

Por último, es cierto que deshacerse de trabajadores es poco social en cualquier centro de trabajo. No es menos cierto que los contribuyentes no están obligados a subsidiar por vía municipal a personas cuyos servicios no se necesitan. Los inflados gastos de personal del ayuntamiento están ahogando su capacidad de inversión y, pretendiendo ser social, está destruyendo más empleo que el que supuestamente se preserva. Cualquier inversión municipal se traduce en compras y contrataciones a empresas en las que entra a trabajar nuevo personal, lo que produce riqueza para el conjunto de la sociedad. Los empleos que consumen recursos sin generar valor aumentan la ineficiencia. Por tanto una utilización del ayuntamiento como “empleador social” es perversa y llevaría al empobrecimiento del común, razón por la que es preferible evitarlo.